El equipo del doctor Olmedo, que lleva desde la semana pasada suministrando ozonoterapia a un paciente grave con Covid en el Hospital de La Plana (Castellón) por orden judicial, no ha firmado el escrito sobre Riesgos Laborales del centro hospitalario para la aplicación del tratamiento, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

En concreto, ha rechazado recepcionar la documentación, que incluye una declaración responsable sobre la normativa de riesgos laborales; también se le solicita información por escrito para coordinar el trabajo sanitario, incluyendo la acreditación del modelo organizativo de la empresa, el listado de personas implicadas en el tratamiento y su propia evaluación de riesgos de los trabajos que se van a realizar, entre otras cuestiones. Nada de eso se ha aportado. 

Esta documentación se utiliza como base para aquellas empresas externas que trabajan en un centro hospitalario público de la Comunidad Valenciana, como es el caso de este equipo de ozonoterapia.

Un juez decretó el pasado 10 de agosto la aplicación de esta técnica, que no cuenta con el aval de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, como medida cautelarísima a un paciente grave con Covid que se había negado a vacunarse.

La familia del afectado había solicitado el tratamiento a la dirección del centro, y ésta le había respondido que esta terapia no se podía aplicar en el centro público precisamente porque no estaba autorizada. De hecho, el Ministerio de Sanidad incluso alerta de los peligros que puede tener el ozono si no se aplica correctamente.

A pesar de eso el juez que instruye el caso se ha basado en el informe del doctor Olmedo, que asegura que la ozonoterapia no tiene efectos secundarios y sí reporta beneficios al paciente, para dar el visto bueno a la aplicación de la terapia amparándose en su "uso compasivo". También se autoriza al equipo de Olmedo a acceder al área de la UCI del hospital público para aplicársela cada ocho horas. 

Una "grave interferencia"

El fallo ha levantado una ola de indignación en la comunidad médica española, hasta el punto de que el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, ha enviado una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la que le advierte del "peligroso precedente" que en su opinión supone la autorización de terapias sin aval científico en un hospital público. 

"La inmisión de personas en centros públicos actuando en contra del criterio clínico del personal supone una grave interferencia en el normal funcionamiento del sistema sanitario", dice Cobo en la misiva. "Un pronunciamiento judicial sobre decisiones clínicas puede alterar gravemente los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas", agrega.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha solicitado al juez la suspensión de las medidas cautelarísimas, y está estudiando querellarse contra el equipo que suministra la ozonoterapia y la familia del paciente después de que hayan asegurado que el personal del centro hospitalario está obstaculizando su labor. 

Fuentes del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana explicaron que para este martes se ha convocado a las 12 una concentración en apoyo al personal de la UCI, "y, por extensión, a todos los sanitarios que trabajan en el hospital".