El PSPV-PSOE de Ximo Puig ha apoyado la PNL presentada por Compromís en las Cortes Valencianas para instar al Gobierno central de Pedro Sánchez a que legisle en la nueva Ley de Violencia contra la Mujer la "violencia obstétrica" (aquella supuestamente ejercida por un profesional a su paciente durante el proceso reproductivo) como violencia "machista". Aunque la mayoría de profesionales en la especialidad sean mujeres.

Los votos del PSPV, Compromís y Podemos han permitido esta mañana aprobar a la Cortes Valencianas un reconocimiento expreso de esta nueva definición a la que se han opuesto las sociedades obstétricas nacional y valenciana, el Colegio de Médicos de Alicante, y muchos profesionales.

De hecho, como informó este diario ya se han producido dos dimisiones de facultativas en sus respectivas comisiones de Igualdad de sus departamentos de Salud. Y oficialmente la postura de la Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló, está en contra. Pero hoy ha votado a favor. 

Además, los tres grupos que conforman el Gobierno del Botánico pretenden trasladar este concepto también a la legislación autonómica. Hay una enmienda registrada por todos ellos a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2022 que aboga por incluir en la normativa valenciana de violencia sobre las mujeres este concepto.

El diputado popular José Juan Zaplana ha llegado a calificar el voto de los socialistas como "cobarde"y ha recordado que la iniciativa que supuestamente "pretende proteger a unas mujeres, criminaliza a muchas otras en su profesión. Y esto tiene consecuencias muy negativas entre las mujeres y las profesionales que las atienden".

Zaplana ha recordado que "esas profesionales no sólo atienden a las mujeres en su parto, sino que las acompañan durante toda la vida, en sus tratamientos de fertilidad, en la menopausia o en cáncer, entre otras patologías. Y son también un elemento clave en la detección y protección de las víctimas de violencia". "Usted no sólo no protege a esos sanitarios, sino que los cuestiona poniendo en duda su profesionalidad".

Las dimisiones

Ana Monzó, en su escrito de dimisión aseguró que la ley es "injusta, nos criminaliza como profesionales y va a tener consecuencias muy negativas en nuestra relación de respeto y confianza mutua con las mujeres (embarazadas o no) a las que atendemos. Pero, sobre todo, va a tener consecuencias sobre la salud de las gestantes y sus criaturas".

Reyes Balanzá, en su carta de dimisión, también expuso que "supone la aceptación de que los profesionales sanitarios que trabajamos en el campo de la obstetricia realizamos de forma consciente y voluntaria un daño a la mujer".

La PNL de los nacionalistas también propone que la Alta Inspección del Estado pueda intervenir cuando todo el personal facultativo de un mismo departamento sanitario se declare objetor de conciencia, con el objetivo de garantizar la asistencia de las mujeres que decidan voluntariamente interrumpir su embarazo.