El pasado viernes, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM) cifraba en 1.289 los profesionales sanitarios en incapacidad temporal por Covid-19 en la región durante esta pandemia, 501 sólo en la provincia de Alicante. La incidencia de casos entre los médicos sigue siendo la más alta de España, habiéndose producido desde el inicio de la pandemia más de 3.400 casos de los que 315 siguen de baja.
La respuesta de la Conselleria que dirige la socialista Ana Barceló en este último pico de transmisión comunitaria ha sido fiar el refuerzo en 551 contratos en el Departamento de Salud de Alicante, por ejemplo. Pero la distribución entre centros de salud y hospitales y entre categorías profesionales es, cuando menos, desigual. El sindicato médico expone que en el Departamento de Salud de Alicante se han hecho 165 contratos para Primaria de los que sólo 14 son médicos (más un pediatra). Y en hospital, 67 médicos del resto de 386 contratos.
"Te pueden coger el teléfono y darte cita, pero ahí a que te pueda ver un médico va un trecho", explica el presidente del CESM, Víctor Pedrera, a EL ESPAÑOL. Sólo en el ámbito de los "documentalistas" hay más contratos que entre médicos y pediatras, 16. Enfermeras se han contratado 72, cinco veces más que médicos. La situación es insostenible.
Al mismo tiempo, es el centro de salud el que tramita las bajas laborales, un tiempo que se resta para poder atender a los pacientes. De ahí que se esté dando citas para más de una semana vista a quien muestra síntomas de Covid-19, más que el tiempo que supuestamente debería estar en cuarentena (se ha establecido el rango de 7 días).
Cada facultativo de centro de salud tiene que atender a 60 o 70 pacientes diarios y aún así son insuficientes, por lo que muchos pacientes acuden directamente a Urgencias, donde tienen que sufrir varias horas de espera. Al covid se suman todo tipo de patologías y accidentes que requieren de supervisión médica. Y mientras tanto, no existe un protocolo claro de qué hacer si das positivo en un test de antígenos.
La política del caos
Para el diputado popular José Juan Zaplana, "en las últimas semanas nos hemos instalado en la política del caos, del sálvese quién pueda". El responsable de la oposición en materia de Sanidad verbaliza lo que es un secreto a voces: "Nadie tiene ni idea de qué tiene que hacer, si confinarse, si ir a un centro de salud o urgencias, si comunicarlo...".
Además, explica que se están produciendo "daños colaterales" en los pacientes de otras patologías que no pueden ser atendidos con normalidad en los centros de salud. "En una situación de transmisión comunitaria esto es muy grave porque día a día vemos como los datos se van incrementando, y aún siendo en principio más leve, aumentan las hospitalizaciones, la saturación de UCIs e incluso las muertes".
Una posibilidad es extender el uso de test de antígenos en farmacias, incluso con la realización del test in situ y la tramitación de la comunicación oficial. Pero el acuerdo al que ha llegado el departamento de Barceló con las boticas exige el pago del paciente por estos servicios, algo que no ocurre en otras comunidades autónomas.
El PP de la Comunidad Valenciana ya lo propuso en 2020 al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, bajo el título de "un plan de diagnóstico rápido frente al covid-19 a través de las oficinas de farmacia". Entonces Puig no lo aceptó de forma gratuita y ahora ha llegado a un acuerdo previo pago del afectado.