El Gobierno de Aragón abre una investigación por el escándalo en el centro de menores de Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha abierto una investigación interna ante los horrores vividos en el centro de menores de Ateca, en Zaragoza, en el que la Guardia Civil detuvo a cinco trabajadores por lesiones, torturas, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal.

La consejera de Bienestar Social, Mamen Susín, ha anunciado este jueves la apertura de una reclamación administrativa por daños y perjuicios contra la gestora del centro, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz, y no descarta llegar a la vía judicial.

La DGA ha optado por rescindir “cualquier relación contractual a presente y futuro” con la compañía y ha abierto un expediente disciplinario al responsable del Servicio Provincial de Tutelas y Protección a la Infancia. Además, ha puesto en marcha una auditoria “de todos y cada uno de los contratos” vigentes en centros similares. “Pretendemos saber si puede haber riesgos, si se está cumpliendo con lo legalmente establecido y si ha habido más casos similares”, ha dicho Susín.

La consejera ha admitido la existencia de “deficiencias” en los canales de información y comunicación. Especialmente teniendo en cuenta que “existía orden de que cualquier incidencia tenía que ser comunicada y no fue así”.

La idea es tomar medidas no solo respecto a los hechos que se están investigando en Ateca, sino ante cualquier posible negligencia “en el ejercicio profesional en el ámbito de la atención a menores”. “Todo ello se va a llevar a cabo sin perjuicio del resultado de la investigación judicial en curso y para que el Gobierno pueda actuar de inmediato y valorar las medidas que resulten convenientes en toda la cadena de responsabilidad”, ha aclarado.

Susín se ha puesto a disposición de la jueza instructora y ha recalcado que, si las hay, depurarán responsabilidades internas: “Si por parte de la Administración, fruto del expediente interno de la investigación en curso, se llega a acreditar cualquier negligencia en el deber de vigilancia y control se iniciarán las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta sus últimas consecuencias”.

El Gobierno de Aragón quiere conocer si había denuncias previas, de qué tipo -escritas o verbales-, en qué momento se produjeron, si se informó a algún funcionario o si alguien “miró para otro lado”. “Si no se demostrase delito, pero sí algún tipo de falta susceptible de esa acción interna dentro de la Administración, esta se llevará a cabo”, ha garantizado.

El compromiso sigue siendo trabajar por mejorar el sistema de protección de menores y preparar “toda la información” para contribuir a esclarecer los hechos. “Y en todo este proceso vamos a primar siempre la privacidad, el bienestar y la seguridad de los menores tutelados. Hasta que no se resuelva el caso y se pongan en marcha las medidas para evitar otros similares, el Gobierno no va a descansar”, ha expuesto.

Los menores de Ateca han sido reubicados en otros centros de Aragón. Con los jóvenes procedentes de otras comunidades autónomas, no obstante, se requirió a los servicios de País Vasco y Baleares “para que recogieran a sus tutelados y los trasladaran”.

Respecto a la presunta falta de capacitación de parte de los trabajadores detenidos, Susín ha subrayado que “el pliego de condiciones establecía el ratio de profesionales y la cualificación que debían tener para trabajar en el centro”. “Cuando las empresas se presentan a licitación envían una declaración de que eso es así, incluso de los antecedentes penales en el registro de menores. Eso se coteja y se valida desde los servicios del Instituto Aragón de Servicios Sociales (IASS)”, ha manifestado antes de confirmar que al menos cinco de los menores que se habían fugado han vuelto por voluntad propia.

El PSOE pide responsabilidades

Para el PSOE, el Gobierno de Jorge Azcón debe "asumir responsabilidades" por el escándalo de Ateca. "En concreto, creemos que el gerente del IASS debe asumir responsabilidades políticas tras el análisis de los hechos realizado hoy por la consejera. Ha reconocido deficiencias en la gestión y que no se ha hecho un seguimiento. Estamos ante un caso muy preocupante. El Gobierno no puede echar balones fuera y el gerente del IASS no puede ponerse de perfil", ha manifestado su portavoz en materia de Bienestar, Pilimar Zamora.