Los alcaldes de la ribera del Ebro piden más dinero y menos papeleo para limpiar el cauce del río y evitar daños
- Reclaman más ayudas a las administraciones, agilizar los expedientes y dar más facilidades a los ayuntamientos con menos recursos.
- Más información: La CHE defiende que los ayuntamientos sí pueden limpiar los cauces de sus ríos: estas son las fórmulas.
Los alcaldes de la ribera del Ebro piden a las administraciones más medios y menos burocracia para poder limpiar el cauce del río. Las trágicas consecuencias de la DANA han reavivado la preocupación de los municipios ribereños, que ven cómo las riadas provocan cada vez más daños en infraestructuras y tierra de cultivo con menos caudal.
Poco importa el color político. Tanto los del PP como los del PSOE coinciden en el diagnóstico: hay que retirar la suciedad y los sedimentos acumulados en las últimas décadas para evitar sustos a futuro. Cada cual, eso sí, tiene su propio 'culpable'.
El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, instó a finales de noviembre a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a autorizar "inmediatamente" las solicitudes y actuar en los tramos de su competencia. En respuesta, desde la Confederación remarcaron que los ayuntamientos pueden actuar dentro de sus términos municipales, ya sea a través de una declaración responsable, pensada para desbroces rápidos, o de una autorización especial.
Pero muchos alcaldes se temen que los meses sigan corriendo y no se haga nada ante una situación que "empeora cada año". Especialmente teniendo en cuenta que los meses más idóneos -junio, julio y agosto- ya han pasado. "Prácticamente todos los municipios hemos solicitado limpiezas", asegura el alcalde de Pina, Pablo Blanquet, que además preside la comisión de los municipios afectados por las riadas de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp).
En su caso, la CHE acaba de contestarles pidiendo una memoria que describa la localización, las labores previstas o los medios a utilizar, así como un croquis del tramo del cauce afectado y un plan de trabajo. El principal problema, dice el regidor popular, es que las limpiezas son "muy caras" para municipios que, como el suyo, manejan un presupuesto de entre 3 y 4 millones de euros al año que nada tiene que ver al de las grandes administraciones.
El propio documento recibido en Pina advierte de que, si el Consistorio no envía la documentación requerida en tres meses, el expediente caducará y quedará archivado, unos plazos que se hacen 'cuesta arriba' para los municipios con menos recursos.
Blanquet, como muchos alcaldes, ve imprescindible que las administraciones pongan más facilidades. "Al menos esta vez nos han contestado. Antes ni siquiera nos respondían. Estoy convencido de que, si se aprueba el proyecto, habrá agricultores que se sumarán con gusto. Hay incluso empresas de áridos interesadas en sacar material del río. Sería positivo para todos", apunta.
La situación a la que se ha llegado en Pina, donde "cada dos o tres años hay un nuevo susto", ha hecho que la limpieza del cauce se haya convertido en un proyecto "prioritario" para localidad. "Y más tras lo ocurrido en Valencia", comenta el primer edil, que se plantea incluso recurrir a fondos propios en caso de no recibir ayudas. "Vamos a hacer todo lo que nos dejen", promete.
Para Jesús Morales, alcalde de Quinto y vicepresidente de la comisión, el problema no está tanto en la CHE, sino en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). El regidor socialista asegura que en el caso de los dos planes de limpieza que sacó adelante con Joaquín Olona como consejero, la Confederación contestó en un mes, mientras que con el Inaga "te puedes ir a ocho o nueve", un verdadero quebradero de cabeza a la hora de cumplir plazos. "Tendrían que reforzar el personal, tenemos varios expedientes atascados", afirma.
Este año, Quinto se ha quedado fuera de las ayudas autonómicas. "Nos han dicho que nos quedamos en reserva por falta de crédito. Si de verdad quieren promoverlas debería haber más presupuesto. Estamos hablando de partidas pequeñas, de apenas 33.000 euros", señala.
Considera, en todo caso, que la visión debe ir más allá. "Tras la última riada, el entonces consejero Ángel Samper se comprometió a impulsar un plan de mejora de la emergencia desde el punto de vista técnico, pero desde entonces no hemos sabido nada más", agrega.