Alberto Núñez Feijóo junto a los 33 alcaldes a los que ha reunido este domingo en Zaragoza. Partido Popular
Feijóo lleva ahora su 'revolución' a los municipios: mejora de los servicios sociales, seguridad y agilizar las licencias de obra
El líder del PP y los alcaldes de 33 grandes ciudades firman la 'Declaración de Zaragoza' que reclama mejorar la financiación de los ayuntamientos.
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Mejorar los servicios públicos y la seguridad ciudadana, simplificar los trámites administrativos, aplicar una baja fiscalidad y agilizar los planes urbanísticos para promover la construcción de viviendas son algunos de los compromisos que este domingo adquirieron el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los alcaldes de 33 grandes ciudades en la Declaración de Zaragoza.
Feijóo quiere llevar de este modo su revolución a los municipios, para evidenciar que existe una alternativa real, frente a la parálisis que sufre el Gobierno de Pedro Sánchez debido a su falta de apoyos parlamentarios.
El acuerdo firmado incluye también mejoras en la vida cotidiana de los ciudadanos desde la Administración más próxima, como abrir los colegios y centros deportivos en los días no lectivos, para facilitar la conciliación, y ofrecer opciones de acompañamiento a las personas que sufren soledad no deseada, como los ancianos.
Estas medidas se suman al Plan de Vivienda pactado con las CCAA del PP, cuyo desarrollo generará la creación de "cientos de miles" de empleos, destacó este domingo Feijóo en Zaragoza.
Además de dar más autonomía a los ayuntamientos para aprobar los planes urbanísticos y agilizar las licencias de obras (por silencio positivo si no se produce la resolución administrativa en tres meses), el PP quiere impulsar la rehabilitación de 300.000 viviendas al año.
Pero la Declaración de Zaragoza firmada este domingo por alcaldes del PP como José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Natalia Chueca (Zaragoza), María José Catalá (Valencia), Francisco de la Torre (Málaga) y Xavier García Albiol (Badalona) también incluye exigencias al Gobierno.
Los alcaldes reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mejore la financiación de los ayuntamientos, de forma paralela a las comunidades autónomas. Exigen al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que amplíe las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad en las grandes ciudades.
Piden una reforma de la Ley de Residuos, para evitar la desmedida subida de la tasa de basuras que va a provocar este año. Y reclaman de nuevo al PSOE que desbloquee la proposición de ley aprobada en el Senado, que facilitaría el desalojo de los okupas en 24 horas, cuya tramitación mantiene paralizada la Mesa del Congreso que preside Francina Armengol.
El acuerdo suscrito por los alcaldes del PP incluye 19 acuerdos que buscan impulsar la “política que sirve”, como ha recalcado Alberto Núñez Feijóo.
En primer lugar, se aborda uno de los temas que más preocupa actualmente a la sociedad española, principalmente, a los jóvenes: la escasez de vivienda. En este punto proponen medidas como un catálogo de suelo público finalista para la construcción de vivienda asequible, movilizando parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que lleven tiempo vacantes y no hayan cumplido su función inicial.
En general, los alcaldes quieren reforzar su compromiso con los colectivos más necesitados (jóvenes, familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad).
El PP también buscará que los ayuntamientos tengan más autonomía para el desarrollo de sus planteamientos urbanísticos, impulsará un nuevo urbanismo más ágil, más flexible y más eficaz, promoviendo el silencio administrativo en licencias de edificación para inmuebles de nueva planta y la declaración responsable para las licencias de primera ocupación.
También se recoge el compromiso a regenerar barrios y hacerlos más habitables, incentivar la rehabilitación de viviendas y fomentar la vivienda protegida, en compra y alquiler para aquellos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda libre.
Financiación
Uno de los acuerdos principales en la Declaración de Zaragoza es poner en marcha un Protocolo Antiokupación municipal y un servicio integral de atención a las víctimas que proporcione a los Ayuntamientos una herramienta estructurada y eficiente para abordar la ocupación ilegal. Asimismo, reclama al Gobierno que la Ley de desalojo inmediato de okupas sea debatida y aprobada en el Congreso.
En materia de financiación “justa” para los ayuntamientos, el Partido Popular exige al Gobierno de España que reforme la financiación local simultáneamente con la autonómica, y que adopte medidas urgentes para solucionar la situación de aquellos Ayuntamientos en situación de especial dificultad económico-financiera y que se eviten “discriminaciones”.
Los alcaldes del PP han acordado promover la bonificación del IBI para vivienda habitual o en alquileres específicamente dirigidos a jóvenes. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a la compra y/o al alquiler, incentivando a su vez el mercado inmobiliario. Para ello, solicitan impulsar la modificación legislativa para incorporar en el tributo elementos de carácter personal.
De la misma manera, defienden una gestión justa y razonable de la Tasa de Basuras.
En materia de compromiso social, se ha acordado convertir la lucha contra la soledad no deseada en una prioridad política, así como reforzar los planes de fomento de la natalidad y apoyo a la conciliación de todos, promoviendo la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
Por último, la Declaración de Zaragoza, apuesta por ciudades más seguras con más medios humanos, técnicos y tecnológicos al cuerpo de policías locales. Solicita también al Gobierno aumentar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y que atienda el problema real de la multirreincidencia y deje de bloquear las reformas legislativas para endurecer las penas, como la ya presentada en el Congreso por el Partido Popular.
