Nuevo golpe a las ayudas para las actividades extraescolares de la escuela concertada promovidas por el Ayuntamiento de Zaragoza. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 ha anulado la convocatoria de 2022 al considerar que era "contraria al principio de igualdad" y supone un trato "discriminatorio" respecto al alumnado de los colegios públicos.

El fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de los padres de las escuelas públicas, aunque creen que el daño "ya está hecho". "Desde aquí volvemos a pedir al Ayuntamiento y a la alcaldesa que rectifique esa política, que saque una nueva convocatoria corrigiendo las bases con una dotación suficiente", ha dicho Nieves Burón, de Fapar, en representación de CC. OO., CGT, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), IU, Podemos Zaragoza y Zaragoza en Común (ZEC).

Esta es la segunda vez que la Justicia da la razón a los padres de la escuela pública. "Hace tres meses estuvimos comentando la sentencia estimatoria del primer contencioso, relativo a la convocatoria de 2021. Entendíamos que estábamos ante una discriminación flagrante para todas las familias vulnerables de la escuela pública, que representan un 67% del total. Pero el Ayuntamiento no nos hizo caso y no nos quedó otro remedio que volver a acudir a la Justicia", ha explicado Burón.

La principal lectura de la sentencia es que "dos magistradas difierentes" han dado la razón a estos colectivos, que critican que las familias "no puedan acceder en igualdad de condiciones a las ayudas convocadas". "Entendimos que con la primera sentencia se había hecho Justicia y pedimos al Ayuntamiento que rectificase. Pero para nuestra sorpresa, no solo no lo ha hecho sino que en un acto legítimo pero irresponsable desde nuestro punto de vista ha decidido presentar un recurso de apelación", ha agregado.

En su opinión, esto quiere decir que el Consistorio "sigue sin entender lo que le están diciendo". "Le pedimos que sea responsable para que se puedan beneficiar todas las familias vulnerables de la ciudad. El daño se ha venido haciendo durante tres años consecutivos. Lo prioritario es que se convoquen las ayudas y que, de aquí en adelante, puedan llegar a todos", ha insistido. No obstante, esta segunda sentencia aún no es firme, ya que también permite al equipo de Natalia Chueca presentar un recurso de apelación. Para ello tendrá 15 días.

Desde el Ayuntamiento defendían en sus alegaciones que la convocatoria era "conforme a derecho". En el escrito presentado a la jueza remarcaban "la potestad discrecional de la Administración a la hora de asignar y disponer los recursos de que dispone, necesariamente limitados, destinándolos a unos u otros sectores en función de cómo interprete los intereses generales".

A este respecto, aseguraban que el Consistorio había detectado "situaciones de exclusión social de familias que optan por la educación concertada y que no pueden, por su situación económica, afrontar el coste de las actividades extraescolares".

Todas estas situaciones, sin embargo, no las habían detectado en los centros públicos, donde "existen otras ayudas". Además, el Ayuntamiento consideraba que se había producido una carencia sobrevenida de objeto al haber finalizado el proceso y el pago de las ayudas.

Por otro lado, apuntaba a que no existía vulneración del principio de igualdad (art. L4 de la Constitución Española) en relación con el derecho a la educación (art. 27) por
considerar que se trata de ayudas destinadas a fomentar actividades extraescolares y no dirigidas a la educación reglada o curricular.