Puigdemont y Junqueras durante una reunión.
La saga/fuga de del fugitivo Puigdemont a Bruselas no tiene nada de heroico, de verídico, ni de legítimo. En primer lugar, porque como el capitán araña abandona el barco el primero dejando a la tripulación al frente. En segundo popular, porque el auto de la jueza Lamela, siendo discutible la proporcionalidad de medidas como la prisión preventiva (las resoluciones judiciales pueden gustar o no pero son de obligado cumplimiento y acatamiento) no deja lugar a dudas sobre las responsabilidades del Govern en el 1-O en lo que respecta a los delitos de sedición, rebelión o malversación de fondos, incluidos aquellos destinados a asuntos sociales que bajo responsabilidad directa del exvicepresidente Junqueras fueron desviados a las organización del procés.
Y en tercer lugar, porque de la estrategia de conseguir el apoyo internacional se ha pasado tras el fracaso en los objetivos perseguidos, al ataque a las instituciones europeas que son ahora acusadas por Puigdemont de complicidad ante un supuesto golpe de Estado que, de haberse producido, se debe situar en el silenciamiento de la oposición y la violación del Estatut producida los días 6 y 7 de septiembre, y no de la aplicación abreviada del artículo 155 de la Constitución española que no siendo el bálsamo de fierabrás permitirá restablecer la legalidad y el autogobierno en Cataluña tras el 21D.
Todo el argumentario en torno a los “presos políticos” que no a los políticos presos por la comisión de delitos, es, además de una falta de respeto a los presos políticos de la izquierda que fueron encarcelados en el franquismo pretende hacernos ignorar de forma falaz que los delitos son de prevaricación, y malversación de fondos públicos. La trayectoria del cesado Govern de la Generalitat ha sido una suma de las transgresiones flagrantes de los derechos y libertades que ampara la Constitución.
La presidenta Forcadell, que hasta hace poco señalaba como no catalanes a los que no votaran a los partidos de opción independentista ha practicado las tres negaciones de San Pedro, antes de que cantara el gallo de la condena, ante el Tribunal Supremo. A saber, que ella nunca optó por lo vía unilateral de la independencia; que la declaración de independencia de la República Catalana realiza en el Parlamento no tuvo más que un carácter simbólico, y que no se desviará de ahora en adelante del cumplimiento de la legalidad vigente en el ejercicio de la política. Esta confesión, que deja a los suyos a los pies de los caballos y que debería hacer pensar a más de un independentista si han sido utilizados hasta ahora como ariete de batalla, la debe inhabilitar para el ejercicio de la política.
En resumen. Tenemos a un presidente Rajoy que ha conseguido reducir el impacto mediático de la trama “Gürtel” y de la caja B del PP. acreditada por el inspector jefe de la UDEF. A una Convergencia, ahora PDCAT que ha escondido sus vergüenzas, del tres por cien, de los papeles de Trías en Panamá y del resto de revelaciones que pueden presentarse tras el fin del secreto bancario en Andorra el 1 de enero de 2018. Y a un Pablo Iglesias con un boquete político en Cataluña, porque no se puede ser fuerza nacional sin un proyecto conjunto, ni bailando con la embajadora de la ambigüedad Ada Colau y con un argumentario acabado basado en el ataque al “régimen del 78”: frente a Nicolás Sartorius, Paco Frutos o Josep Borrell, que descuellan en talla política frente a la nimiedad de los que les atacan. De acuerdo.