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La apariencia de lo que ocurre, lo que realmente ocurre y lo que se nos dice que ocurre, son tres escenarios de los hitos de cada momento, con diferencias abismales entre cada uno de ellos, de los que a tiempo pasado se desvelan algunos detalles, prevaleciendo para el común de los mortales lo desconocido por encima de lo alguna vez desvelado.
Así, entre desinformación y leyes de secretos oficiales, a estas alturas del primer año de la tercera década del siglo XXI, seguimos sin saber, por ejemplo, quien estuvo tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, qué se guarda en las grabaciones telefónicas oficiales de la noche del 23-F de 1981 en España e, incluso, los sorprendentes detalles de la muerte de Albino Luciani en el trigésimo tercer día de su pontificado como “Obispo de Roma” y “Papa” de la Iglesia Católica, siguen sin ser esclarecidos, más allá del hecho cierto de que su cuerpo nunca pasó por un autopsia, siendo depositado directamente en la grutas vaticanas, tras un rápido y urgente funeral.
Las poco naturales imágenes de la ovación de los ministros del Gobierno de España, recibiendo a Pedro Sánchez entre vítores y aplausos tras la cumbre de la Unión Europea, en la que se aprobó el ‘plan de recuperación de la UE dentro del presupuesto plurianual 2021/2027’ para superar las consecuencias de la crisis generada por el Coronavirus Covid-19, dentro de lo que se ha denominado «Next Generation UE», sin que aún sean públicos y notorios los detalles y las especificaciones de dicho plan, aprobado por unanimidad de los socios, incluyendo a los denominados ‘paises frugales’, hacen sospechar sobre lo que ocultan los pormenores de dicho plan y su condicionalidad. Y ya se sabe que “el diablo se oculta en los detalles”, como dice el famoso proverbio.
Más allá del ‘juego de esgrima diplomático’ retransmitido en directo, con los papeles de villanos asignados a los “frugales” (con mayoría de gobiernos socialdemócratas entre ellos), liderados por el ‘malvado’ Mark Rutte, es evidente que el plan de ayudas alcanza la nada desdeñable cifra de 1.824.300 millones de euros, que es el sumatorio del presupuesto plurianual 2021/2027 dotado con 1.074.000 millones y un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.
Esto supone un 17% de la Renta Nacional Bruta del conjunto de los países socios, de los cuales 390.000 se repartirán en forma de subvenciones y el resto (360.000) a través de préstamos a treinta años con devolución a partir de 2027, todo lo cual supone un colosal esfuerzo comunitario, en el que, por primera vez, el endeudamiento será conjunto por parte de la Unión, pero la pregunta que sigue sin desvelarse es: ¿cuál es la condicionalidad, por parte de cada país, a la que se somete ese ímprobo esfuerzo?
Las explicaciones dadas hasta ahora, de que las ayudas se movilizarán en base a proyectos que tendrán como eje la transición ecológica y digital, además de la creación de empleo y el crecimiento económico, parecen ocultar más de lo que muestran, y el hecho de introducir un mecanismo denominado “freno de emergencia” que supone el veto a algunos desembolsos del plan por parte de determinados países socios (piénsese en Holanda o cualquier otro ‘frugal’) demuestran, sin ambages, la existencia de un determinado ideario de ‘reformas’ económicas que lo condicionan.
Basta volver la mirada atrás, a otro mes de agosto, en este caso del año 2011, para recordar a un presidente del Gobierno del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptando la claudicación de la soberanía nacional para afrontar una reforma constitucional realizada junto al PP, a través de la aprobación del artículo 135 que prioriza la “estabilidad presupuestaria” por encima de cualquier otro derecho de los españoles, sea sanitario, social o de cualquier otro rango. El propio ZP reconoció, en el debate parlamentario, en el que tardó 10 minutos en conseguir el apoyo para su tesis de Mariano Rajoy, que su iniciativa le había sido sugerida por Ángela Merkel y Nicolas Sarkozy dentro de una reunión de líderes de la UE en Bruselas.
Más allá de los efectos de la crisis explosionada en 2008, la gestión de Rodríguez Zapatero para la aprobación de aquel artículo 135 de la Constitución Española, lastraron definitivamente las posibilidades del PSOE y de cualquier candidato que lo hubiera liderado entonces, e incubaron la mayoría absoluta parlamentaria con la que Rajoy aprobó la Reforma Laboral de 2012, con las dolorosas consecuencias que desató.
Los primeros controles sobre el plan aprobado por la UE, según la información trasladada a los medios de comunicación, se realizarán a mitad del año 2022, hasta entonces sería una señal de cordura y bien hacer el “no vender la piel del oso antes de cazarlo”, porque hoy se sabe la cantidad del plan aprobado por Bruselas e incluso la parte que le corresponde a España (140.000 millones de euros) pero no se conoce a cambio de qué se recibirá y es posible que el oso siga muy vivo, incluso en 2027.