Sánchez y el independentismo a la inversa

El socialismo a lo "pedropé" se está poniendo en un plan nacionalista que no veas. El idilio de Sánchez con los nacionalismos periféricos viene de lejos, obligado por las necesidades de la aritmética parlamentaria. Ya saben, cesiones a cambio de votos. Pero conforme ha avanzado el tiempo, el PSOE se ha visto obligado a evolucionar para seguir llegando a acuerdos. De esta forma, la tradicional defensa de un federalismo simétrico, que combine descentralización con equidad, ha ido dando paso a propuestas de espíritu confederal, donde la asimetría y la diferencia entre ciudadanos y territorios parecen ser la norma. Y esto, respondería más a una lógica nacionalista que a una socialista.

El pacto de gobierno entre PSC y ERC nos proporciona un ejemplo estupendo. La "solución Illa", presentada como un camino intermedio entre el rupturismo del procés y el statu quo del modelo autonómico, ha evolucionado desde su federalismo inicial, para convertirse, en su vertiente fiscal especialmente, en una herramienta de esencia y forma confederales.

Lo podemos apreciar en la idea de la singularidad de Cataluña incorporada en el texto, que justificaría una financiación asimétrica (para mejor, obviamente) respecto al resto de comunidades. Se ve también en la exigencia de una relación de bilateralidad con el Estado, que contrastaría con la multilateralidad igualitaria del federalismo. Y por último, se observaría en la unilateralidad de la iniciativa de reforma del sistema. Un "nosotros lo hacemos así, y los demás que se adapten".

Y es que el acuerdo para una "financiación singular" supondría un paso más, aunque esencial, para la consecución de una suerte de "independencia a la inversa", concebida a modo de plan B del secesionismo. Si en 2017 no fue posible separar a Cataluña de España, se trataría en su lugar, de sacar a España de Cataluña, medida de efectos similares al procés, pero procedimiento mucho más higiénico. Reduciendo las competencias del Estado hasta la mínima expresión, se lograría estar en España, pero como si no. Y este objetivo político parecería haber sido asumido también por los socialistas.

Pero el acercamiento al nacionalismo se extendería también al terreno del discurso. Lo vemos a la hora de justificar un nuevo modelo de financiación. Cataluña sufriría un "déficit fiscal crónico" derivado del hecho de aportar más recursos a las arcas españolas de los que recibe. Esto se traduce en infrafinanciación para sus servicios públicos, así como insuficiencia en la inversión en infraestructuras, lo que afecta negativamente al bienestar presente y futuro de sus ciudadanos. En definitiva, el "Espanya ens roba", pero en fino.

La solución para semejante desequilibrio también obedece a una lógica nacionalista: los tributos de ciudadanos y empresas de Cataluña han de quedarse en casa. Tan sólo han de salir aquellos correspondientes al pago de los servicios prestados por un Estado en retirada, así como una cuota de solidaridad con el resto de comunidades, muy limitada eso sí, por el principio de ordinalidad. De esta forma, se lograría que la factura a pagar por permanecer siendo españoles no sea muy onerosa, y que el ejercicio de la soberanía fiscal salga a cuenta.

La lógica anterior sería válida si asumimos, como hace el nacionalismo, que los recursos de empresas y ciudadanos en Cataluña son imputables en exclusiva a dicho territorio.

Sin embargo, el asunto toma un cariz distinto si se analiza desde el prisma de la equidad interterritorial, bandera tradicional del socialismo. La economía de mercado favorece la concentración de la actividad económica, el empleo y la riqueza en grandes áreas metropolitanas. Empresas, profesionales e inversiones se localizan allí, buscando las ventajas de la concentración espacial. De esta manera, Madrid y Barcelona, se verían beneficiadas, al convertirse en polos de atracción para multitud de empresas, que fijando allí su sede, prestarían servicio al conjunto del territorio español, donde pueden operar sin barreras ni aranceles.

Siendo esto así, ¿es admisible imputar a un territorio concreto unos recursos generados a lo largo y ancho del país?

Cierto es que, la propuesta incorpora una suerte de fórmula de solidaridad interterritorial, a modo de premio de consolación para las comunidades perjudicadas por el cambio. Sin embargo, el asunto no va tanto de solidaridad o generosidad, como de justicia y equidad interterritorial. La lógica democrática obliga a que aquello que ha sido generado con el concurso de todos, debe ser gestionado entre todos. Arrogarse la exclusividad de unos recursos a cuya producción ha contribuido el conjunto, supondría un acto de soberanía fiscal asimétrica, desmedida para unos, pero cercenada para el resto. Y esto no parece ni justo, ni democrático.

Así lo entendieron socialistas clásicos como Felipe o Guerra, quienes tuvieron claro que una cosa era reconocer la pluralidad de España, y otra muy distinta repartir las gachas.