Espejo Público ha puesto sobre la mesa este miércoles el nuevo carnet digital que el Gobierno quiere implantar para luchar contra el acceso a contenidos para adultos por parte de menores de edad. La herramienta Cartera Digital Beta estará operativa a finales de verano y permitirá al usuario conseguir la acreditación que certifique la mayoría de edad para entrar en las páginas pornográficas.

Para introducir el tema, Susanna Griso ha preguntado a sus colaboradores si consumen este tipo de páginas, si bien ha cometido un lapsus a la hora de lanzar la pregunta, provocando un ataque de risa. "¿Sois consumidores habituales, esporádicos de prostitución?", decía rectificando al instante. "No dejéis de contestar. Quiero saber si la pornografía os interesa".

El primero en responder ha sido Ángel Antonio Herrera. "Yo fui consumidor de pornografía en algún momento y cuando vi que todo el mundo salía desnudo, me borré porque no me inspiraba nada", ha dicho el escritor, para agregar: "Como el Gobierno quiere poner una cortapisa, me va a volver a interesar por la clandestinidad".

Mariló Montero, por su parte, se ha mostrado más reticente al contestar al considerarlo un asunto "muy íntimo". La presentadora ha contado que siempre se ha preocupado por poner cortafuegos en los ordenadores de casa para que sus hijos tuvieran vetado el acceso a este tipo de páginas. "Ahora le están haciendo la faena a los adultos porque no saben cómo manejar el límite y el consumo de menores", ha dicho. 

El último en hablar ha sido Gonzalo Miró. El concursante de la nueva edición de Pekín Express no ha tenido problema en confesar que consume contenidos pornográficos. "Lo hago desde la época de Ángel Antonio y lo sigo haciendo", ha dicho agregando que no tiene problema en que el Gobierno limite el acceso a 30 accesos al mes. "No me preocupa".

Después de que el matinal de Antena 3 emitiera una pieza explicando el asunto, el programa ha recogido el testimonio de una empresaria de la industria pornográfica, que ha considerado que este tipo de vetos los deben poner los padres y no el Ejecutivo: "Hay muchas redes sociales en las que ya se puede controlar a tu hijo. El Gobierno se queda dinero de estas páginas".