Las claves de la nueva estrategia de Servicios Sociales 2022-2025 en Castilla y León

El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León entre 2022 y 2025 contempla la puesta en funcionamiento de nuevas residencias de personas mayores en Ávila, Salamanca y Zamora y un nuevo centro de atención a discapacitados en León. La nueva programación quiere mejorar las prestaciones y apuesta por la digitalización con herramientas informáticas de control en tiempo real de las residencias, trabajadores, internos, uso de sujeciones y cumplimiento de requisitos, así como por la teleasistencia, con cinco millones para adquisición de dispositivos modernos.

El texto, recogido por Ical, establece el compromiso de resolver las solicitudes de dependencia en menos de 90 días; crear un sistema de atención a las urgencias sociales, una regulación sobre la concertación social y un plan estratégico de impulso al tercer sector. Asimismo, apuesta por la inserción de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, y por las ayudas frente a la pobreza energética,. Incluye asimismo la puesta en marcha de un programa contra la pobreza infantil, y se compromete a un plan y una ley nuevas contra la violencia doméstica. Por último, se potenciará Crecemos y se ampliará Conciliamos; aumentarán las ayudas a la natalidad y se fomentará la adopción. 

El plan se estructura en cuatro ejes sectoriales de actuación, sobre mejora general del sistema; autonomía personal y cuidados de larga duración; inclusión y lucha contra la pobreza; y familia y conciliación, con más de un centenar de medidas concretas evaluables. 

El escenario de futuro sobre el que se asienta el nuevo programa no es nada halagüeño para Castilla y León, ya que indica que la población mayor de 65 años para el 2035, será de 752.138 personas, el 34,8 por ciento del totalidad. El documento recogido por Ical, pone de relieve que 

Pero, aún más destacable que el importante aumento en las cifras de población mayor de 65 años, es el incremento en la de personas octogenarias. Se estima que para 2035 habrá 251.757 personas de 80 y más años, lo que supondrá un 11,6 por cienrot de la población total y un 33,5 por ciento de la población mayor. 

La planificación surge en un contexto marcado por la pandemia, que “ha puesto de manifiesto, la importancia estratégica de disponer de un sistema de servicios sociales eficaz, dinámico y responsable, capaz de ofrecer respuestas solventes a las necesidades de miles de personas que, acuciadas por la situación social, demandan prestaciones, servicios y apoyos”.

El plan asume el reto de la “innovación y modernización tecnológica” para incrementar la “calidad” en la atención, “optimizar” los recursos y llegar a todas partes del territorio, “muy especialmente al ámbito rural”. Asimismo, recalca que pretende ofrecer “respuestas eficaces” a las nuevas necesidades que aparecen en la sociedad como las derivadas de la soledad de las personas mayores, la que surgen por el incremento de los precios de la energía o aquellas que se centran en los cuidados de larga duración. El Plan se verá impulsado por las aportaciones financieras derivadas de los Fondos de la Unión Europea junto a las aportaciones propias de la Comunidad.

Mejoras en el sistema

En el primer eje, con 27 indicadores de evaluación, está previsto concluir la implantación de la historia social única; y se elaborará un nuevo mapa y guía electrónicos de recursos de servicios sociales. Además, se avanzará en una herramienta para que puedan operar de forma conjunta las administraciones autonómica y locales y los proveedores de servicios; y se impulsará la administración electrónica en la tramitación de autorizaciones de centros y registro de entidades y servicios. 

Asimismo, se aprobará un proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad; y se desarrollará un sistema de atención a las urgencias sociales. El documento también pone sobre la mesa una regulación sobre la concertación social; y afirma que las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deberán disponer de un plan estratégico local de servicios sociales en el plazo de un año tras la aprobación de la estrategia. 

Otro objetivo es la elaboración de un plan estratégico de impulso del tercer sector social en Castilla y León; y la adaptación de los órganos colegiados para su inclusión. Además, se contempla el desarrollo de la reglamentación del registro de entidades de voluntariado.

Autonomía personal

El plan incluye en el segundo eje estratégico sobre autonomías personas, con 47 indicadores, la elaboración de un plan de lucha contra la soledad son deseada; y varias herramientas informáticas para conocer en tiempo real los trabajadores; el uso de sujeciones y el cumplimiento de los requisitos en los centros residenciales de atención a mayores y discapacitados.

El texto indica también que se establecerá un contrato tipo con las corporaciones locales para el servicio de ayuda a domicilio; y se elevarán las cuantías económicas de los conciertos de plazas y un nuevo modelo de las mismas basado en la atención centrada en las personas.

Un objetivo de este eje es cubrir las plazas de titularidad públicas que quedaron vacantes en atención residencial por la pandemia, y se ampliará su oferta en las provincias con menor cobertura. 

El nuevo sistema quiere alcanzar las 172 plazas de convalecencia sociosanitaria; y elevar la cuantía de las prestaciones de asistencia personal y cuidados en el entorno familiar. Además, se pondrá en marcha un proyecto piloto para automatizar las valoraciones en situaciones de dependencia; y se asume el compromiso de resolver las solicitudes en menos de 90 días. En infraestructuras, están las nuevas residencias en Ávila, Salamanca y Zamora, el nuevo centro de atención a discapacitados de León.

A teleasistencia aparece en el centro de la atención , que se unificará en un único contrato, y se destinarán cinco millones para la adquisición de los “dispositivos más modernos”. Se implantará la teleasistencia avanzada en todas las provincias, también a los cuidados de personas en situación de dependencia; y se desarrollará un plataforma propia y elevando la cobertura. 

Los objetivos de digitalización incluyen asimismo una red telemática para que las personas mayores puedan estar conectadas y recibir información puntual de las actividades dirigidas al colectivo; y se impulsará un proyecto piloto de un ‘podcast’ y se incluye el denominado ‘canguro’ para la atención del colectivo en núcleos rurales. 

El documento incluye la aprobación de una ley de atención residencial de larga duración; un plan de formación a los centros para la supresión de las sujeciones, y una herramienta de evaluación de la calidad. Asimismo, se implantará un programa de apoyo al final de la vida en todas las provincias; así como un proyecto de atención en red. 

Además, se contempla un nuevo plan de envejecimiento activo y otro de atención en situaciones de alzheimer y otras demencias. Además, se prevé un plan de igualdad de oportunidades para discapacitados; programas para reducir la brecha digital de este colectivo; soluciones domóticas y atención al envejecimiento de estas personas. 

Lucha contra la pobreza

El eje de inclusión social y lucha contra la pobreza, presenta 18 indicadores medibles. Apuesta por reforzar las actuaciones de inclusión de los perceptores de Ingreso Mínimo Vital, con un nuevo plan de integración sociolaboral. Asimismo, se dotarán “suficientemente” las prestaciones destinadas a paliar el encarecimiento de la energía en las familias más vulnerables 

Este programa impulsará el servicio de ayuda a domicilio en familias con hijos en riesgo de exclusión; y se prevé elaborar un plan contra la pobreza infantil. Además, se aprobará un plan y ley nuevos contra la violencia de género. 

Cabe destacar asimismo, la aprobación del VIII Plan Autonómico sobre ; y un nuevo plan de acción coordinada sobre adicciones sin sustancia. 

Por último, el eje de familia y conciliación, con 14 indicadores, prevé mejorar el acceso al programa Crecemos en zonas rurales; y ampliar los centros de Conciliamos (2.030). Además, asume que aumentarán las ayudas para conciliación y fomento de la natalidad.

Asimismo, se regulará la acreditación de familia monoparental, se potenciará el acogimiento familiar; y se fomentará la adopción.