La agenda de regeneración política, uno de los compromisos del gobierno PP-Cs, no verá la luz en esta legislatura por el adelanto electoral. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, dirigida hasta hace unos días por Francisco Igea (Cs), quería empujar en 2022 lo que considera que es una de sus señas de identidad donde gobierna, una vez que la pandemia cedía protagonismo a la vacunación. Con ese objetivo envió a las Cortes, en la recta final del año, dos de sus proyectos de ley estrella, los de transparencia y de creación de la oficina contra el fraude y la corrupción.

Los proyectos de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización y por el que se crea y regula la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y se establece el estatuto de las personas denunciantes, que forman parte de esa agenda de regeneración, están en las Cortes, pero decaen con la convocatoria de nuevos comicios. En el Parlamento, se encuentra la ley que modifica la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, tampoco tendrá su tramitación.

Toda la ‘hoja de ruta’ normativa en regeneración y población de la Consejería de Igea está parada con el adelanto electoral. Ahora está por ver si el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 13 de febrero mantiene estos proyectos de regeneración y transparencia, que fue una de las apuestas de Ciudadanos para pactar con el Partido Popular su entrada en el Ejecutivo de la Comunidad.

La transparencia, una de las señas de identidad de la gestión del ya exvicepresidente de la Junta Francisco Igea (Cs) perdió este año a su máximo hacedor, Joaquín Meseguer, que dejó la Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto por razones personales, lo que “apenó” a su hasta entonces ‘jefe’. Enrique Rivero asumió el cargo, en el que no se ha podido estrenar, ya que cesó tras ser apartado Igea.

Precisamente, la visualización de la situación epidemiológica de Castilla y León motivada por el coronavirus, con más de 4.050.000 usuarios nuevos, recibió premios este año de la Fundación Fundos a la Innovación Social Pública y de Castilla y León Economía a la Mejor Institución Digital. Además del diploma como finalista en la categoría especial de Innovación Tecnológica COVID-19 de los premios Saludigital.

Una de las novedades sustanciales de la nueva ley de transparencia era la inclusión de las entidades locales en el ámbito de su aplicación, con un tratamiento especial para localidades de menos de 5.000 habitantes, que contarán de manera gratuita con un portal de transparencia. En publicidad activa, la futura norma amplía las obligaciones de publicar contenidos, información y datos. Y para el control y seguimiento de esta publicidad prevé la aprobación de un catálogo de información pública.

Según Transparencia, la creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla y León, ente que estará adscrito a las Cortes, pondría a la Comunidad a la cabeza de la lucha contra la corrupción desde las instituciones autonómicas, al margen de las instancias judiciales.

La Oficina nacía con la finalidad de reforzar la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier conducta de la que pudiera derivarse ilícitos relacionados con la gestión de fondos públicos. Además pretendía implicar a la sociedad en su conjunto, por lo que regula y protege la figura del informante por el papel fundamental que puede jugar en su prevención y detección.

Por el Portal del Gobierno Abierto han pasado, en estos dos años de legislatura, los anteproyectos por los que se regula el régimen de Altos Cargos, en el que se limita su mandato a todos ellos a ocho años, y el de participación ciudadana, ambos también en el bloque de regeneración política. Igualmente, tampoco serán aprobados en esta legislatura.

En el ámbito de evaluación de las políticas públicas, se avanzó en un decreto por el que se regulará la organización y funcionamiento de la Oficina de Coordinación de la evaluación de las políticas públicas de la Comunidad, a su vez estaba previsto la implantación y la evaluación externa de las políticas públicas en el seno del Consejo de Cuentas, de acuerdo con el informe encargado a la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Ordenación y población

En septiembre Igea presentó en las Cortes la evaluación final de la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 y reconoció su “fracaso” al no cumplir ninguno de sus objetivos. La Consejería elaboraba ahora un anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica, otro de los retos de la legislatura sin completar. También, suscribió un convenio con las cuatro universidades públicas para elaborar la nueva Estrategia de Dinamización Demográfica.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, que no se han aprobado por el cierre de la legislatura, incluían en un anexo información detallada de las cuantías que van a contribuir de forma específica a mejorar la actual perspectiva demográfica alineando el presupuesto con el reto demográfico, al igual que se está haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Igualmente, queda pendiente el estudio de una posible zonificación territorial de Castilla y León, con la que pretenden obtener una fotografía de cuáles son aquellos territorios donde es más necesaria la actuación de los poderes públicos, y para que los futuros planes, programas o ayudas tengan una zonificación o mapa que les sirva como referente para centrar sus actuaciones allí donde más se necesita.

Vinculado a la lucha contra la despoblación, el modelo territorial que se inició en 2013 con la aprobación por consenso de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio (LORSERGO) se pretendía ahora culminar con la modificación de esta norma, cuyo texto también decae en las Cortes.

Ante la falta de acuerdo, se pretendía hacer una ley más sencilla, flexibilizar la constitución de las áreas funcionales rurales y la participación activa para elaborar el mapa de áreas de abajo hacia arriba son los objetivos. Por otra parte, la Consejería ha elaborado el borrador del decreto que deberá regular la futura cartera de competencias común y homogénea de las mancomunidades de interés general rurales.

Cesado del Gobierno este lunes, en su comparecencia en las Cortes para exponer el balance de ecuador de mandato, Igea precisó que se habían iniciado los 14 puntos del acuerdo de gobierno, de los que nueve (71,4 por ciento) estaban finalizados o cumplidos. Respecto del programa específico de la Consejería detalló que de las 123 medidas comprometidas, 102 estaban ejecutadas o en ejecución (el 82 por ciento del total).