Las mujeres de Castilla y León no están en igualdad de condiciones a la hora de abortar de forma gratuita. Solo dos hospitales públicos de la Comunidad realizan interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y únicamente hay una clínica privada concertada con Sacyl que las practica. Así, las mujeres se encuentran condicionadas por la provincia donde viven y habitualmente se ven obligadas a trasladarse a kilómetros de distancia para ejercer este derecho. Las que pueden permitírselo, recurren a clínicas privadas.
En Castilla y León, hay únicamente tres centros privados acreditados para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo: la Clínica Ginecológica Ginemédica, en Valladolid; el Centro Ginecológico Buenavista, en León; y la Clínica Multimédica Centro, en Salamanca. Sin embargo, solo la de Valladolid puede practicar abortos de forma gratuita, ya que es la única concertada con Sacyl, que también tiene concierto con centros de otras autonomías como Madrid, pero con ningún otro en la Comunidad. Esto implica que las féminas de otras provincias que quieren interrumpir su embarazo sin coste económico tengan que acudir hasta la capital vallisoletana o hasta Madrid si son de Soria, y hasta hace poco, también las de Ávila y Palencia.
Por su parte, dentro del Sacyl, los hospitales de Miranda de Ebro y de Burgos son los únicos de Castilla y León que realizan interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, este último sigue derivando pacientes a centros privados y al primero solo pueden acudir mujeres de su área.
Actualmente, en cumplimiento de la normativa vigente, las clínicas deben entregar a las mujeres que acuden información sobre la interrupción voluntaria del embarazo y las posibles ayudas públicas a la maternidad. Pero cada comunidad autónoma elabora esta información de una forma distinta. También han de pasar tres días de período de reflexión para que una mujer decida si realmente quiere abortar, aunque "las mujeres ya vienen con la decisión tomada", explica Emilia García, psicóloga de la Clínica Buenavista, en León. En eso coincide José Manuel Muñoz, gestor de la Clínica Ginemédica de Valladolid, que sostiene que "normalmente lo tienen claro".
Otros requisitos son que el embarazo no supere las 14 semanas y que las mujeres no sean menores de edad, pues en ese caso deben contar con el consentimiento de los progenitores o tutor legal.
Coste de la IVE
A la hora de interrumpir el embarazo directamente desde una clínica privada en la Comunidad, los precios son similares. En Buenavista, el coste es de 400 euros, independientemente del método escogido (farmacológico o quirúrgico). En el precio se incluyen también las ecografías y consultas posteriores. En Ginemédica, el coste es de 450 euros hasta la semana 14.
En cuanto a los métodos, el farmacológico "es efectivo hasta las siete semanas de gestación", según explica José Manuel Muñoz. En esas primeras semanas, "no hay ninguna contraindicación y la mujer podría decidir cualquiera de los métodos, pero el farmacológico es un proceso más largo que requiere varias tomas y controles", indica Emilia García. Esto supone una limitación más para las mujeres que interrumpen el embarazo de forma gratuita en Valladolid, pero que son residentes en otras provincias, ya que "van a tener que trasladarse al menos tres veces, si todo va bien", explica García. Por el contrario, el quirúrgico es un método más rápido y el más recomendado por los profesionales.
También es el método quirúrgico aquel al que deben acudir las mujeres con gestaciones más avanzadas, en las que, además, aumenta el número de consultas, si bien es cierto que la mayoría de las pacientes interrumpe el embarazo "entre la semana uno y la doce", explica Muñoz. Según la normativa, el aborto está permitido hasta las 14 semanas, aunque puede realizarse con posterioridad a este período en circunstancias puntuales como la existencia de un grave riesgo para la embarazada, en cuyo caso son necesarios dos dictámenes médicos para proceder al aborto; de graves anomalías en el feto, para lo cual se requieren tres dictámenes; o de enfermedades incompatibles con la vida. En casos de otros tipos de enfermedades, es necesaria la evaluación de un comité clínico.
Pese a que también se dan este tipo de situaciones, "es cierto que son casos minoritarios", comenta Muñoz. De hecho, solo el 0,25% de las pacientes abortó después de la semana 23 en el año 2020, y más de un 90% lo hizo antes de la semana 14.
Implicación
El aborto desde la sanidad pública supone "acudir al médico de cabecera, que después deriva a la mujer a la matrona para hacer la ecografía y confirmar el embarazo, y después es la trabajadora social la que gestiona la cita en Valladolid", explica García. Por ello, "algunas mujeres deciden no hacer todo ese recorrido", tal como añade, y acuden directamente a centros privados. El aborto "debería ser un derecho garantizado en cualquier provincia y en las mismas condiciones, que sea de acceso cercano y que se pueda elegir entre el método farmacológico e instrumental", apunta la psicóloga.
A pesar de todo ello, profesionales como las trabajadoras sociales que atienden estos casos en la sanidad pública suelen hacerlo "con mucha implicación, facilitando a las mujeres todos los trámites pese al posible traslado a otra ciudad y con la mayor rapidez", aclara Muñoz. Además, han sido una pieza clave durante la pandemia, cuando "buena parte del trabajo pudo realizarse gracias a ellas".
Reforma de la Ley del Aborto
La recientemente planteada reforma de la Ley del Aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad, supone varios cambios con respecto a la normativa anterior. Las féminas de 16 y 17 años, así como las discapacitadas, podrán interrumpir el embarazo sin consentimiento y no tendrán que recibir la información previa que hasta ahora es obligatoria, a menos que ellas mismas la soliciten, ni esperar los tres días de reflexión si no lo desean, aunque en muchas ocasiones, esos tres días "casi siempre se esperan, por cuestiones de programación", indica Muñoz.
En la actualidad, las menores de edad, "suelen venir acompañadas de sus madres", añade el gestor de la clínica vallisoletana. Pero también pueden darse situaciones en las que los progenitores puedan suponer un impedimento en la decisión de su hija. Tras la modificación del año 2015, tanto el padre como la madre han de autorizar la IVE de una menor, lo que implica un inconveniente en familias monoparentales, que muchas veces tienen que recurrir a la vía judicial, y eso "alarga el proceso".
La reforma también pretende que los abortos puedan realizarse en centros públicos, "pero eso en Castilla y León va a ser más difícil que en otras comunidades donde no hay una objeción en bloque", detalla García. De hecho, la objeción de conciencia es otro de los aspectos que la reforma pretende regular, y en la actualidad, es una de las causas por las solo en dos hospitales públicos de la Comunidad se realizan abortos. Otra de las causas es, como apunta Muñoz, "la falta de infraestructuras" en estos para atender todos los abortos con celeridad, en el caso de que esta modificación acabe realizándose, ya que "la IVE debe practicarse en la menor semana de gestación posible".
Además, la reforma plantea la regulación de los registros de objetores de conciencia, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de personal en los hospitales públicos para practicar abortos. Los objetores registrados lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada.
Otra de las novedades planteadas es que las mujeres tengan derecho a una baja temporal durante su período de recuperación tras un aborto, y que estén provistas de asistencia a lo largo de todo el proceso.
Diferencias entre provincias y comunidades
En los últimos cinco años, 12 provincias españolas no han notificado ningún aborto, en lo que influye directamente el hecho de que no puedan hacerlo en hospitales públicos.
En Castilla y León, los últimos datos indican que en el año 2020, se registraron 6,56 interrupciones del embarazo por cada 1.000 mujeres, mientras que en el conjunto del territorio español, la cifra es de 10,33 casos por cada 1.000 mujeres.
En 2020, se realizaron 2.421 abortos en Castilla y León, de los que 1.349 se realizaron de forma gratuita (el 56%), aunque solo 60 de este total tuvieron lugar en hospitales públicos, ya que la mayoría de los abortos en España se realiza en clínicas privadas, pero concertadas con la sanidad pública. Además, 209 mujeres fueron derivadas por Sacyl ese año a otras comunidades autónomas, fundamentalmente las residentes en Ávila, Palencia y Soria. En el ámbito privado, en 2020 se realizaron 1.072 abortos.
Empleados de centros como Buenavista, que además de León también está presente en Asturias, constatan las diferencias existentes entre las dos comunidades autónomas en lo que respecta al derecho al aborto de las mujeres.