La interrupción voluntaria del embarazo (IVE), o lo que es lo mismo, el aborto, es legal en España desde el año 1985. Es un derecho que todas las mujeres tienen, lo que permite que que en los casos en los que contempla la ley debe ser asumida por el Servicio de Salud. Sin embargo, a la hora de la verdad no es así. Y sobre todo en Castilla y León, donde en sus hospitales de Castilla y León, a excepción del de Miranda de Ebro, (y próximamente en Burgos), no practican Interrupciones Voluntarias del Embarazo. ¿Por qué?

Pues por la cláusula de objeción de conciencia a la que se acogen los médicos. Y es aquí cuando el derecho de objeción y el de interrupción del embarazo, se solapan y chocan, sin que nadie pueda imponerse. Esto implica que muchas mujeres se ven obligadas a trasladarse a otras provincias o incluso a Comunidades con el perjuicio que eso supone. Además, deben hacerlo en el sistema privado. En este grupo se incluyen Ávila, Palencia y Soria, que según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad en su último informe no realizaron ni un solo aborto en hospitales durante 2020. Algo que no es nuevo.

Esto no significa que ninguna mujer de estas provincias haya querido interrumpir su embarazo. Solicitudes han tenido, pero desde el centro se las ha derivado a otro territorio para realizar la intervención. Una situación que en estas tres provincias ya se eleva durante los últimos 30 años según los datos ofrecidos por Newtral.  Ahora bien, para garantizar el servicio, la Junta de Castilla y León ha optado por externalizar el servicio, derivándolo a clínicas privadas con las que se ha establecido un concierto, haciéndose cargo de todos los gastos.

El caso más llamativo es el de Soria, ya que las mujeres que quieren abortar deben recorrer al menos 460 kilómetros para poder acceder a esta prestación sanitaria. La distancia que separa Soria de Madrid. De esta manera, y como los datos de Sanidad indican, solo en la última década, más de 1.600 mujeres residentes en Soria han tenido que viajar fuera de la provincia para poder interrumpir su embarazo dentro de los requisitos que recoge la ley.

Misma situación que se está viviendo en Palencia. Un total de 153 mujeres palentinas interrumpieron voluntariamente su embarazo durante 2020. Ninguna de esas palentinas pudo hacerlo en la provincia, porque esta provincia no tiene un centro público o privado que practique abortos por lo que las mujeres también se ven obligadas a desplazarse a otras provincias cercanas. Aunque todos los gastos corren a cargo del heraldo público.

En la misma situación se encuentra Ávila donde las mujeres que desean interrumpir su gestación son trasladadas a Madrid.

De esta manera, y con los datos de la Consejería en la mano, el 84,3% de la IVE se realizaron en centros de Castilla y León, suponiendo el 99% de las de Valladolid, seguida de Zamora (98%), Salamanca (97,3%) y León (96,3%). Aunque únicamente el 15,7% de las IVE tuvieron lugar en centros de otras Comunidades Autónomas, representan el 93,7% de las de Soria y el 88,3% de las de Ávila. Y el informe refleja que todas las IVE financiadas de Ávila, Palencia y Soria se realizaron en otras comunidades autónomas.

Estas provincias de la Comunidad no son las únicas de España, Huesca, Teruel (Aragón), Cuenca, Guadalajara, Toledo (Castilla-La Mancha) y Cáceres (Extremadura) también se encuentran en esta situación durante las últimas tres décadas.

El aborto en Castilla y León

En el año 2020 se han realizado 2.421 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en mujeres con residencia en Castilla y León, con la siguiente distribución provincial. En Ávila 137 (5,66%), Burgos 429 (17,7%), León 508 (20,9%), Palencia 153 (6,3%), Salamanca 189 (7,8%), Segovia 157 (6,4%), Soria 111 (4,5%), Valladolid 629 (25,9%) y Zamora 108 (4,4%).

De esta manera, tres provincias, Valladolid, León y Burgos engloban dos de cada tres casos. El resto de provincias se sitúan en un intervalo del 4,5% al 7,8 %, siendo Zamora la provincia que presenta menor número de casos en esta edición, casi a la par con Soria (4,6%) que ha sido la minoritaria en las últimas ediciones. En 2020 se han realizado 253 IVE menos que en el año 2019 (-9,46%). El descenso ha afectado a todas las provincias, pero principalmente a Zamora (-26%) y Segovia (-21%), mientras que en Burgos la cifra permaneció estable (-0,23%).

Durante el pasado año, en la Comunidad ha notificado abortos voluntarios un centro sanitario público, el ya mencionado de Miranda de Ebro, y cuatro privados. En este sentido, la estadística constata que el 97,5 % de las interrupciones se realizan en centros privados (un total de 2.361). Además, el 85 % se llevaron a cabo en el ámbito extrahospitalario, todos ellos por lo privado (2.078 casos). Como novedad, el Hospital de Burgos (HUBU) instaurará en dos o tres meses la interrupción voluntaria del embarazo de modo que este centro público se unirá al Hospital Santiago Apóstol, de Miranda de Ebro.

Lío en las Cortes

El aborto es un tema que está siempre presente y que crea mucha polémica. Como se comprobó en la última sesión de las Cortes de Castilla y León. En ella, el Grupo Parlamentario Socialista denunció que el 97,5% de los abortos se realizan en clínicas privadas, por lo que presentó una proposición no de ley para instar a la Junta a que estas intervenciones se hagan en los hospitales públicos. Esta propuesta fue rechazada, al ser una cuestión que PP y Ciudadanos achacaron a la «objeción de conciencia de los médicos».

En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos, el 29,6% no utiliza ninguno, 12 puntos menos que la media nacional (41,31%). Igualmente, 2.168 del total se desarrollaron a petición de la mujer, mientras que 115, por suponer un “grave riesgo” para la vida o salud de la embarazada, y otros 138, por anomalías en el feto. Por procedencia, el 82% de las mujeres eran españolas.

La objeción de los médicos

Esta situación que se vive en Castilla y León, y en muchas provincias de España, proceden de la denominada objeción de los médicos. “No hay listas de espera para abortar, no existe ningún problema con este tema y no se puede obligar a un médico a realizar un aborto". Así de tajante se muestra José Ignacio González Martín, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de Valladolid a la llamada de este periódico.  "Sería crear un problema donde no lo hay. Las mujeres que presentan esta situación son derivadas al sector privado sin demora y a cargo de las cuentas públicas", recuerda González Martín

Además, hay que recordar que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ya emitió en su día un comunicado en el que mostraba su preocupación por "la creación de innecesarias alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza entre médico y paciente".