CSIF critica el modelo de carrera profesional de la Junta de Castilla y León y exige su corrección

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es una organización sindical española que representa a los funcionarios públicos y a los trabajadores del sector privado. Ha expresado su desacuerdo con el modelo de carrera profesional que ha sido publicado recientemente por la Junta de Castilla y León (un órgano gubernamental de la comunidad autónoma de Castilla y León en España) para docentes y empleados de la Administración General de la Junta.

El modelo en cuestión es un sistema de carrera profesional horizontal que establece un condicionado general para determinar los beneficios económicos salariales de los trabajadores, pero que debe ser detallado con especificaciones y ítems específicos que den derecho a cada trabajador a dichos beneficios. La CSIF ha señalado que este modelo tiene deficiencias que deben corregirse a través de reglamentos que se publicarán en breve.

Una de las principales preocupaciones de la CSIF es la falta de compatibilización entre los sexenios (un complemento salarial que ya existe para los docentes) y la carrera profesional. Esta organización sindical afirma que esta falta de compatibilización es una injusticia hacia los docentes y que debería corregirse a través de la modificación del artículo 3 de la Ley de la Carrera Profesional 7/2019 de 19 de marzo.

Además, señala que en otras comunidades autónomas como Asturias y La Rioja se ha logrado mantener ambos complementos salariales al implementar la carrera profesional, y que los docentes de Castilla y León ocupan actualmente uno de los últimos puestos en términos de retribución en comparación con el resto de comunidades autónomas.

Por otro lado, la CSIF también ha expresado su rechazo al modelo de carrera profesional para los empleados de la Administración General de la Junta. Esta organización sindical afirma que el modelo es subjetivo, depende de los informes favorables de los superiores, incluye una evaluación camuflada del desempeño del puesto y carece de seguridad jurídica. Además, señala que el modelo condiciona la profesionalidad e independencia del empleado público en el ejercicio de sus funciones y favorece el servilismo, y que las entrevistas poco objetivas que se mencionan en el decreto publicado.