Sindicatos y patronal no dan crédito a la propuesta “a mala fe” de Amigo y esperan que sea por “desconocimiento”

CCOO, UGT y CEOE Castilla y León no dieron crédito hoy a la propuesta de la consejera de Empleo y Industria, Carlota Amigo, para exigir cofinanciación a sus organizaciones si quieren extender el Serla a todas las provincias, que calificaron de “esperpento” y consideraron que se hace “a mala fe” con el reto de romper el Diálogo Social. Los agentes económicos y sociales exigieron que Amigo rectifique una propuesta que esperan se haya producido por “desconocimiento” porque se trata de un servicio público, recogido en un acuerdo del Diálogo Social y que está amparado por una sentencia del Tribunal Supremo.

El vicesecretario de UGT en Castilla y León Evelio Angulo, definió el encuentro de hoy con Amigo como un “esperpento absoluto” y un “ejercicio manifiesto de irresponsabilidad política”. “No tiene limites ni nombre, es irracional”, dijo a Ical.

Angulo recordó que sindicatos y patronal asumieron su responsabilidad suscribiendo el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y determinados Aspectos de la Negociación Colectiva de Castilla y León (ASACL) y ahora “éstos se lo cargan”. “Han metido una nueva marcha en el atentado contra el Diálogo Social, que ponen en grave riesgo”, lamentó.

Angulo constató que pedir cofinanciación “no tiene ningún sentido” para “resolver una política pública” y constató que existe una orden de competencias tras la sentencia del TS. “No tiene ni pies ni cabeza y puede responder a un profundo desconocimiento o a la mala fe”, dijo.

Por último, se preguntó si el objetivo es hacer lo mismo y cambiar la naturaleza jurídica con todos los organismos periféricos de la Junta, con el acuerdo político PP-Ciudadanos; y constató que frente al coste de entre seis y ocho millones que ponen sobre la mesa, el acuerdo del Diálogo Social con el presidente Herrera de 2019, lo situaba en los 2,5 millones.

El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile, denunció que Amigo “actúa de nuevo de mala fe” y “nos hace una propuesta de ruptura”. Un planteamiento, dijo, que va en contra de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, pero también con el gobierno del PP, porque ese “servicio público” se pactó con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que “cambio la orden de estructura de las oficinas territoriales de Trabajo”, para que el Serla asumiera su función. Asimismo, señaló que su extensión está en un acuerdo suscrito con el Gobierno del anterior presidente, Juan Vicente Herrera, y la propuesta de Amigo también “va en contra de la sentencia del TS” que les ampara.

“La parte de Ciudadanos en el Gobierno regional quiere romper con todo en el ámbito de las relaciones laborales; no tiene ningún compromiso ni con el Serla, ni con las relaciones laborales, ni con los trabajadores. Que cumplan con los compromisos asumidos”, sentenció.

Por último, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, deseó que la propuesta de la consejera se haya producido por “desconocimiento”. Explicó que reclamaron a la consejera su propuesta por escrito porque “no nos lo creemos”. “Por un lado se sigue apoyando y por otro no creen en la incorporación de los conflictos individuales en las provincias porque ya se hace la labor en las oficinas territoriales”, dijo.

Esteban razonó que es muy diferente lo que se hace en el SMAC que en el Serla, ya que el primero es un trámite administrativo, y “no hay mediación”, como en el segundo, entre empresarios y trabajadores.

El responsable patronal lamentó que el acuerdo que se firmó el 30 de enero de 2019, donde se reconocía el Serla como “positivo” “ya no está vigente para ello” y contrastó los entre seis y ocho millones que para Amigo ahora cuesta su extensión, frente a los 2,5 que se calcularon cuando se suscribió con Herrera. 

Asimismo, criticó que ahora todas las reuniones efectuadas para definir personal y sedes “se quedan en agua de borrajas”. “Creemos que lo ha hecho por desconocimiento”, dijo, para confrontar el avance en esas relaciones en España, frente a lo que ocurre a nivel nacional. “No es un problema de presupuestos, sino de no entender las relaciones laborales”, resumió.