Unicaja, Sabadell, Santander, BBVA, La Caixa... Son los nombres propios que protagonizan un proceso de ajuste que está dejando un goteo de titulares en los que se anuncian nuevos expedientes de regulación de empleo y el cierre de oficinas por todo el territorio nacional, también en Castilla y León.

Sólo en el tercer trimestre de 2021 han desaparecido 553 sucursales en todo el país, 79 de las cuales estaban en Castilla y León. Es la comunidad autónoma donde más oficinas se han cerrado en los últimos meses, puesto que comparte con Cataluña, según el Banco de España.

Esta reestructuración bancaria comenzó en septiembre de 2008 cuando el cuarto banco de inversión más importante de EEUU, Lehman Brothers, se declaró en bancarrota desatando una crisis económica sin precedentes desde la II Guerra Mundial.

De aquel escenario, Europa entró en una recesión que disparó la deuda pública de la zona euro hasta niveles que exigían un cambio de modelo en el sector que garantizara una mayor estabilidad y seguridad.

El cambio pasaba por un nuevo mapa bancario que acabara con una atomización que suponía un elevado riesgo para los depósitos de los contribuyentes. Nació así la denominada Unión Bancaria al abrigo de la Unión Europea.

Este nuevo elemento permitiría a la zona euro disponer de un sistema bancario estable, seguro y fiable, que contribuyera de esta forma a la estabilidad financiera de nuestro entorno. Pero eso suponía que sobraba la mayoría de un sector bancario fuertemente fragmentado y que sólo podían quedar en pie los más fuertes.

Todo ello exigía la desaparición de la mayoría de las entidades y, con ellas, el cierre de sus sucursales así como el despido de sus trabajadores. Desde entonces, asistimos a un proceso de reestructuración marcado por las fusiones, cierres de oficinas y eliminación, en muchos casos, de este servicio en aquellas zonas con menor densidad de población. Una situación que se ha agravado, además, por la irrupción de la pandemia.

En Castilla y León esta adaptación del sector está dejando un panorama muy diferente al que había antes de estallar la crisis de 2008. Localidades sin cajero automático, despidos y ciudades llenas de locales vacíos que en su día albergaron sedes de importantes entidades a nivel nacional.

Así, han ido desapareciendo el 50% de las oficinas que había abiertas en 2008, hasta las 1.596 actuales, según datos aportados por UGT. El abandono progresivo que la banca ha hecho del sistema tradicional de negocio ha convertido Castilla y León en una comunidad autónoma con problemas de exclusión financiera, según un informe del Banco de España.

Cada vez es más complicado encontrar una oficina o cajero del que disponer de efectivo, y en algunos casos, un acto así de cotidiano se convierte en un obstáculo insalvable para el desarrollo económico y social de una localidad.

1.622 oficinas menos en Castilla y León

Castilla y León se queda sin sucursales. La gran banca ha hecho números y lleva desde 2009 ajustando su red de oficinas en función de lo establecido por la normativa europea para garantizar un sistema seguro que proteja a los ciudadanos de un escenario parecido al ocurrido en 2008.

Ese nuevo modelo más seguro ha llevado a la desparición en nuestro país de algo más de 24.000 oficinas (el 55% del total) a las que habrá que sumar las cerca de 3.400 anunciadas por las entidades a cierre de 2021. Desde 2008 a 2019 son 94.000 los trabajadores que se han visto afectados por estos despidos en toda España.

En Castilla y León este escenario se repite. En Soria, desde 2009, se ha cerrado el 61,33% de las sucursales bancarias hasta las 92 que quedan hoy en toda la provincia, la que mayor eliminación de oficinas ha experimentado durante todo este proceso en la región.

Le sigue Segovia, donde ya es más complicado encontrar una oficina donde poder realizar gestiones habituales como sacar dinero o contratar un fondo de pensiones, con una caída del 58% con respecto a 2009, y un total de 122 activas a día de hoy.

En León la situación es parecida: ya se ha cerrado el 57,53% de las que había operativas en 2008, y hoy sólo quedan 217 en toda la provincia.

Ávila por su parte ha visto cómo este servicio caía un 52,53% hasta las 114 con que cuenta en la actualidad.

El escenario es parecido para el resto de provincias de la Comunidad. Todas ellas han visto cómo la gran banca iba reduciendo su presencia. En Burgos la cifra ha caído un 51% desde 2009 hasta las 280 sucursales con que cuenta, en Palencia se ha pasado de las 225 existentes hace 13 años a 103, en Salamanca han visto cómo desaparecía el 52,45% de sus oficinas, en Valladolid casi el 47% y en Zamora se han quedado con la mitad de las que tenían en 2009.

Goteo incesante de despidos

Todo este reajuste, unido a la velocidad con la que se está imponiendo un nuevo modelo de negocio donde el canal digital está arrinconando al presencial, está dando como resultado un goteo constante de anuncios de ERES por parte de la banca, que en Castilla y León ha afectado ya a 1.205 empleos directos, de los cuales 286 corresponden a La Caixa, 103 al BBVA, 306 al Santander y 510 a Unicaja. 

Ésta última se encuentra actualmente iniciando el proceso de negociación con la mesa sindical de la entidad, tras haber anunciado un ERE que afectará a 1.513 trabajadores en todo el país (1.005 de personal de la red de oficinas y el resto de puestos centrales), sin que haya trascendido aún a cuántos trabajadores afectará en esta Comunidad. Todos ellos deberán tener extinguida su relación laboral con este banco el próximo 31 de diciembre.

De hecho, CC.OO ha hecho público un comunicado en el que tacha las propuestas que la entidad ha presentado a la mesa sindical, de "inadmisibles y lamentables" porque, a su juicio, la empresa se reserva el derecho a admitir o no la solicitud de un trabajador a ser incluido en el ERE, ya sea por superación del excedente territorial o por razones organizativas.

En este contexto, fuentes de Unicaja consultadas por este periódico, señalan que los representantes de la empresa "han planteado siempre este ERE bajo la voluntariedad como criterio preferente de afectación".

Algo en lo que CC.OO disiente al considerar que "por mucho que digan que la adhesión es voluntaria, no es cierto cuando eliminan de esta opción a un alto porcentaje de la plantilla que suponen los trabajadores que tienen entre 50 y 56 años", indica Alicia Domínguez, responsable de este sindicato en la empresa.

Incertidumbre de futuro

Al impacto de los empleos directos que en total se van a ver afectados, hay que sumarle el de los indirectos (personal de limpieza o de seguridad, por ejemplo), que se calcula ascienden ya a 2.050, con lo que el total de empleos que la reestructuración bancaria habría destruido por ahora en Castilla y León se situaría cercanos a los 3.360, según el informe que maneja UGT.

Todo ello sin disponer aún de los datos relativos al desglose de despidos por comunidades autónomas de la mayoría de los ERES bancarios cuya negociación se encuentra en su fase inicial.

Empresas y sindicatos mantienen un calendario de reuniones previsto en el convenio colectivo para llegar a un acuerdo que ponga fin a una era bancaria en la que España llegó a liderar el ranking mundial de países con más sucursales por residente.