A la crisis del sector automovilístico por la escasez de semiconductores se le une ahora que el Tribunal Supremo está ratificando las multas que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso a los concesionarios en 2015 por compartir información que vulneraba la Ley de Defensa de la Competencia.
El importe de estas multas asciende a 171 millones de euros a 21 empresas del mercado del automóvil a nivel nacional. En Castilla y León, estas sentencias del Tribunal Supremo suponen un revés más en una Comunidad donde, sólo en octubre de este año, cayeron un 30,5% las matriculaciones de vechículos con respecto al mismo periodo de 2020, lo que supone diez puntos porcentuales más que la media nacional.
En el mercado global, este sector ha perdido un tercio de la facturación en lo que llevamos de año con respecto a los diez primeros meses de 2019.
"Estamos en este momento recibiendo una avalancha de llamadas y solicitudes de información porque estos concesionarios van a tener que devolverle al comprador del vehículo entre el 10 y el 15% de lo que pagaron por él", afirma Rebeca Miguel, delegada de la OCU en Castilla y León.
Esto supondría una media de entre 1.500 y 3.000 euros por compra, pero según el modelo podría alcanzar los 9.000 euros de devolución.
En Castilla y León se estima que estas indemnizaciones puedan afectar a la compra venta de cerca de 300.000 vehículos en ese período.
Una mujer prueba un coche antes de comprarlo en un concesionario.
La ratificación del Tribunal Supremo afecta a todos los que adquirieron un vechículo entre ferbrero de 2006 y agosto de 2015, con independencia del valor del coche, quienes podrán ejercitar su derecho a esa devolución, además, con intereses. Esto afecta al 91% del mercado de compra venta de coches en España y a la transacción de un total de 10 millones de vechículos.
Acción conjunta
La propia OCU está trabajando para ejercitar una acción colectiva en defensa de los compradores de coches afectados por esta praxis de los concesionarios que vulnera la Ley.
Entre los años 2015 y 2016, la CNMC multó a 21 fabricantes de automóviles, 130 concesionarios y dos consultoras, por "fijar descuentos máximos y condiciones comerciales en el mercado de distribución minorista de turismos, con los consiguientes efectos perjudiciales para los consumidores".
Con este acuerdo consiguieron vender sus productos a un "precio superior al que podrían haberlo vendido si no hubieran pactado esos descuentos", aclara Rebeca Miguel.