La subida de la luz pone en riesgo a 5.600 hogares más de Castilla y León

El alza de los precios de la electricidad desde el verano, que se recrudeció a finales del año, ha provocado que el número de clientes acogidos al bono social de la luz en Castilla y León haya aumentado un 6,8 por ciento, con 5.666 beneficiarios más en el último año, después de cerrar 2021 con un total de 88.809, según informa ICAL. 

Un número de hogares que, previsiblemente, aumentará a lo largo de 2022 a la vista del coste desbocado de la energía, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, salvo que estos consumidores opten por acudir al mercado libre ya que una condición para beneficiarse del bono social es tener contratado la tarifa en el mercado regulado, que es el más ha subido en los últimos meses. Algo que ha ocurrido en el conjunto del país, donde cayó un 0,2 por ciento, hasta los 1,2 millones de hogares.

El bono social es un mecanismo de descuento en la factura eléctrica, fijado por el Gobierno de España, con el fin de proteger a determinados colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables. Se trata de un descuento que se aplica sobre el PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), a un límite máximo de energía en el periodo de facturación.

El beneficiario del bono social está destinado a los llamados 'consumidor vulnerable' (con un nivel de renta en la unidad familiar que va de 1,5 a 2,5 veces el IPREM, en función del número de menores en el hogar), 'consumidor vulnerable severo' (nivel de renta inferior al 50 por ciento de lo requerido para el vulnerable) o 'consumidor vulnerable en riesgo de exclusión social' según los criterios legales, siempre que reúna algunas condiciones como que el titular sea una persona física y que resida en la vivienda habitual así como que la potencia contratada del punto de suministro no supere los 10 kilovatios hora (kW).

El número de clientes con la tarifa reducida ha aumentado en más de 10.000 entre los años 2018 y 2021 en la Comunidad, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por la Agencia Ical. No en vano, de los 78.341 beneficiarios contabilizados en 2018 se ha pasado a los 88.809 a finales del ejercicio pasado. En todo el caso, la cifra es inferior a los 94.284 registrados en 2019.

Salamanca y Valladolid son las provincias que, a cierre de 2021, contaban con más hogares acogidos al bono social, con 16.729 y 16.563, respectivamente. Le siguieron León (13.581), Burgos (11.185), Zamora (9.294) y Ávila (8.602). Completaron el listado consultado por Ical los territorios de Palencia (6.188), Segovia (3.843) y Soria (2.824). Todas las provincias experimentaron incrementos en el último año salvo en Soria, donde bajó un 1,7 por ciento. Las subidas estuvieron lideradas por Segovia (11,7 por ciento), León (7,8 por ciento), Valladolid 7,7 por ciento), Palencia (7,5 por ciento), Ávila y Burgos (7,4 por ciento, en cada caso) y Zamora (4,4 por ciento). Eso sí, hay caídas en todos los territorios en la comparativa con el año 2019, sobre todo en Segovia (-15,9 por ciento), León (-10 por ciento) y Segovia (-9,1 por ciento).

Los consumidores vulnerables tienen un descuento en la factura eléctrica del 25 por ciento para los que excepcionalmente, hasta el próximo 30 de abril, la rebaja será del 60 por ciento. En el caso de los severos, se ha fijado en el 40 por ciento, aunque de forma excepcional llega al 70 por ciento hasta finales del mes próximo. Si el beneficiario está en riesgo de exclusión social, al ser atendido por los Servicios Sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50 por ciento de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y se prohíbe interrumpir el suministro eléctrico. También se pueden acoger al bono social todas las familias numerosas, con independencia de su nivel de renta.

El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, que, entre otras medidas, busca limitar las consecuencias de la invasión de Ucrania sobre el recibo de la electricidad de los más vulnerables. De esta manera, el Ejecutivo central prevé que más de 600.000 familias adicionales podrán acogerse al bono social eléctrico, llegando así a 1,9 millones de hogares. No en vano, a finales de 2021, disfrutaban de esta prestación 1,2 millones de personas en España, dos mil más que hace un año. Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, el Real Decreto-ley de medidas urgentes recoge la renovación automática del bono social para los beneficiarios actuales.