Es una de las demandas históricas que todos los Gobiernos han intentado paliar hasta ahora sin mucho éxito: evitar que las empresas lleguen a tal punto de insolvencia que ya no pueda hacerse nada por ellas y acaben por desaparecer.

Tras la crisis desatada por la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en septiembre de 2020 el texto refundido de la Ley Concursal con la entrada en vigor a posteriori de sucesivas moratorias para devolver los préstamos de las empresas en una situación marcada por una contracción del consumo derivada de la actual crisis económica. 

Una medida que consiguió reducir en un 35% de enero a junio los concursos de acreedores en Castilla y León, y que finalizó el pasado 30 de junio. Una caída que contrasta con el aumento de casi el 8% en el conjunto de España.

Sin embargo, a partir del pasado 1 de julio, los deudores en estado de insolvencia deberán solicitar concurso de acreedores en dos meses, antes del próximo 1 de septiembre.

Por este motivo, desde las organizaciones empresariales se prevé una próxima cascada de empresas que se declaren en estado de insolvencia, a pesar de que el pasado 30 de junio se aprobó la nueva Ley Concursal, que tendrá que ser aprobada en el Senado previsiblemente el próximo 20 de julio.

Una reforma que viene impuesta por Europa para adecuar el marco normativo español al de la Unión, y que pretende facilitar a las empresas viables la posibilidad de no echar el cierre.

"El objetivo principal es que los acuerdos de financiación se conviertan ahora en planes de reestructuración, es decir, que estos planes puedan a partir de ahora tocar tanto el activo como el pasivo de la empresa", indica David Pérez, responsable del área fiscal de CE Consulting en Castilla y León.

Una nueva ley concursal que llega in extremis en una situación complicada para las empresas que han tenido que solicitar un ICO durante la pandemia y de aquellas que tuvieron que refinanciarse debido a la caída del consumo provocada por las restricciones de 2020 y 2021 sin haber podido aún alcanzar los niveles de facturación prepandemia.

"La nueva ley permitirá hacer clases de acreedores para impedir que se bloqueen determinados acuerdos a través del conocido como arrastre de acreedores en un estado temprano de las señales de alarma de la empresa, y no llegando a la insolvencia como ocurría hasta ahora", añade.

No se trata pues con esta nueva Ley Concursal, de evitar la liquidación de las empresas insolventes, sino de "adaptar los mecanismos para agilizar que se llegue a esta situación". Una medida que, además, "evitará llenar los juzgados de lo Mercantil de concursos, con un mecanismo digital muy rápido que desburocratizará el proceso concursal y permitirá, además, vender una unidad productiva o la empresa antes de que la deuda siga creciendo", indica Pérez.

La reforma en sí "es importante porque supone un cambio radical respecto hasta ahora, intentando que las empresas no desaparezcan, pero está por ver que se consiga", afirma.

Otro de los aspectos que novedosos que contempla esta nueva Ley Concursal es el de la llamada 'segunda oportunidad' para aquellas empresas que se encuentren en inminente situación de insolvencia. "Ahora se intentará que los acuerdos con los acreedores pasen a tres años y no sea necesario liquidar todo el activo, es decir, el patrimonio de las personas físicas y autónomos", añade.

El problema de Castilla y León reside en que la mayoría del tejido empresarial lo conforman microempresas (menos de diez trabajadores). Empresas que no están suficientemente dimensionadas y que "pueden sufrir mucho a partir de septiembre con el endurecimiento del acceso a la financiación y la retracción del consumo debido principalmente a la alta inflación", sostiene. "Para esos casos, no va a salvarles ninguna ley concursal".

El principal cambio en este sentido, es que con este plan se anticipan aún más en el tiempo los acuerdos de refinanciación para que se produzca "antes de que llegue el agua al cuello y la empresa esté en insolvencia inminente. Es anticiparse". 

Según este experto en área fiscal, en muchas ocasiones y por falta de la formación adecuada, "se apura mucho en las microempresas y se toman decisiones cuando ya no hay nada que hacer. Ahora, con el experto en reestructuración, se puede negociar con los acreedores una quita o saber cómo reestructurar tu negocio o plantilla para salvar la empresa", añade.

Respecto a los créditos públicos, "esta trasposición protege el erario público. Y con estos pasivos como mucho lo que va a haber son acuerdos de aplazamiento, pero no de quita", recalca Pérez. Algo que puede "chocar legislativamente dado que se trata de un privilegio con respecto al acreedor no público. Realmente queda como un crédito privilegiado respecto a créditos bancarios o privados". 

La nueva ley incluye que los empleados de una empresa en concurso de acreedores puedan 'rescatarla' si se constituyen en una sociedad cooperativa o laboral. Una cuestión "que suena muy bien y muy participativo, pero que suele carecer de la formación necesaria para que se traduzca en éxito".

Habrá que esperar a septiembre para ver en qué medida la nueva Ley Concursal supone un dique de contención en el número de empresas que entran en fase de concurso de acreedores, muy pendientes de la evolución de la economía y a la espera de las dos subidas de los tipos de interés (de 0,25 en julio y 0,5 en septiembre) anunciadas por el BCE.