La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha analizado el “sentido y la importancia de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 a los que considero, sin ambages, como buenos para Castilla y León”.

“Desde luego -ha añadido- que me gustaría, como le pasará al resto de mis compañeros en las distintas comunidades autónomas, que hubieran sido todavía mejores. Todo es mejorable. Pero, con las lógicas limitaciones que existen a la hora de elaborar cualquier presupuesto, las cifras que recogen para Castilla y León los convierten, según mi opinión, en muy positivos para el desarrollo de esta comunidad autónoma y, sobre todo, para el bienestar de sus habitantes”.

Para Barcones, “en los años de Gobierno de Pedro Sánchez se ha reorientado claramente la política presupuestaria hacia una mayor justicia social y transformación de nuestro modelo productivo. Sin tener en cuenta los fondos europeos, el gasto social se ha visto incrementado en un 35,4% desde 2018 a 2023”.

El gasto en sanidad ha aumentado un 29,58%. Los recursos destinados a dependencia han aumentado un 150%. La inversión en educación también se ha incrementado, solo en becas, un 60% desde el último Gobierno del PP. Se ha hecho una apuesta sin precedentes por la I+D+i, aumentando un 49% hasta alcanzar los 10.500 millones de euros. Las CCAA han recibido en este tiempo los mayores recursos de su historia. Han aumento con este Gobierno un 40%.

Se ha combatido la lacra de la violencia de género, invirtiéndose 260 millones de euros, un 24% más. La delegada ha recordado que los 2.248 municipios de Castila y León reciben más de 5 millones de euros al año para que desarrollen actividades de sensibilización sobre este drama.

Justicia social y eficiencia económica

Barcones ha dicho que “estos son unos presupuestos para la justicia social y la eficiencia económica. Combatimos la subida de la inflación protegiendo a las familias, trabajadores y colectivos más vulnerables. Se garantiza el poder adquisitivo de nuestros mayores y empleados públicos. Por primera vez en 13 años el Gobierno aporta 2.957 millones de euros a la hucha de las pensiones”.

Estos presupuestos recogen 267.000 millones de euros de gasto social, la mayor cifra de su historia. En Castilla y León, las políticas sociales nos traerán unos 13.500 millones de euros.

Una de cada cuatro personas cobra una pensión en esta comunidad autónoma. Los pensionistas con pensiones contributivas, más de 565.000, se beneficiarán de un incremento del 8,5%. Esto es, 732 millones de euros más el próximo año para un total de 8.600 millones de euros.

En cuanto a los empleados públicos, verán incrementado su salario un 5% (el 1,5 que cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y que corresponde al año en curso y la subida del 3,5 para el año que viene). En Castilla y León, hay 167.000 trabajadores públicos. El incremento supone que percibirán un total de 297 millones de euros adicionales.

Esta subida salarial permitirá también devolver derechos recortados por el Partido Popular y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, a través de la recuperación de la prestación económica por incapacidad temporal al 100% o el desarrollo del teletrabajo, entre otras medidas.

Sólo estas subidas suponen que más de 1.000 millones de euros extra llegarán a los bolsillos de 750.000 castellanos y leoneses. Esta cantidad es prácticamente la misma que se invierte dentro del capítulo VI de los PGE 2023 en esta comunidad.

Del mismo modo, el incremento del IMV conforme al IPC beneficiará a más de 53.000 personas.

Se prorrogan las ayudas al transporte. Las nuevas cuentas incluyen 660 millones de euros, un 25% más, para financiar la gratuidad del abono de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe. Esto supondrá un ahorro importante para las familias frente a la inflación, y una apuesta por la movilidad. En Castilla y León hay 37.000 viajeros recurrentes de media distancia y otros 590 del tren de cercanías de ancho métrico entre León y Guardo que seguirán sin pagar nada por sus billetes de tren.

Hay 1.800 usuarios de alguna de nuestras líneas de AVE que pagarán únicamente la mitad, así como otros 8.800 viajeros recurrentes de trenes AVANT.

Y también es muy importante que estos PGE incluyen 10 millones de euros para crear “servicios ferroviarios de proximidad” con los que se declara obligación de servicio público para su implantación en el primer trimestre de 2023, entre otros, de los trayectos entre Medina del Campo – Valladolid – Palencia.

Y la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) para viajeros recurrentes de las relaciones ferroviarias: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora. Por tanto, estas líneas continuarán sus bonificaciones de bono recurrente que tienen ahora mismo.

Se incrementa en 102 millones de euros el bono social eléctrico. Casi 92.000 hogares de Castilla y León se verán beneficiados.

Los PGE 2023 ofrecen mayor protección a los desempleados. Las nuevas cuentas recuperan el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. Una reivindicación histórica que devuelve derechos perdidos durante los gobiernos del PP. La medida beneficiará en torno a 300.000 personas.

El paquete de medidas urgentes del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra en Ucrania contemplaba una ayuda de 200 euros al mes para personas físicas en situación de desempleo o con bajos ingresos (inferiores a 14.000 euros al año) y con un patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superior a los 43.196 euros. El Gobierno prevé beneficiar a 19.500 castellanos y leoneses con esta medida.

Para los jóvenes

Estos presupuestos también apuestan por los jóvenes y amplían y fortalecen su protección. Se destinan 12.741 millones de euros a políticas de juventud, un 13,2% más.

Las medidas de acceso a una vivienda aumentan un 5,4%. Se destinan 200 millones de euros para la consolidación del bono de alquiler joven. Se calculan unos 3.600 beneficiarios. Además, la Entidad Pública del Suelo dispondrá de 260 millones para alquiler asequible.

Para fomentar la igualdad de oportunidades, el gasto educativo aumenta en un 6,6%. Se destinan 400 millones de euros más para becas y ayudas al estudio que pueden beneficiar en toda España a unos 890.000 becarios y becarias, de los cuales más de 48.000 están en Castilla y León. La delegada del Gobierno ha aprovechado para recordar que “los 400 euros extra que se han concedido a los becarios en estos últimos cuatro meses del año supone una ayuda complementaria de casi 20 millones de euros para los alumnos de esta comunidad”.

Se da un impulso a la formación en nuevas tecnologías, destinándose más de 500 millones de euros entre el programa Código Escuela 4.0, para la adquisición de kits de robótica que faciliten el aprendizaje de la programación en los colegios, y para el programa de nueva dotación para materiales educativos. El Programa Código Escuela 4.0 va dirigido a 5,9 millones de alumnos y alumnas en toda España, de los cuales más de 270.000 están en Castilla y León.

Se refuerza el servicio de atención a la salud mental para combatir el acoso escolar, con 15 millones de euros más.

El gasto sanitario aumenta un 6,7% respecto al año anterior. Los PGE 2023 incluyen 172 millones para el marco de atención primaria, destinándose 500 millones de euros para infraestructuras de atención primaria y salud mental. Esto beneficiará a las más de 2.000.000 de personas que viven en nuestra comunidad autónoma.

El impacto positivo de los fondos europeos favorece que tres de cada cuatro euros del Plan de Recuperación incluidos en los PGE 2023 se destinen a impulsar un cambio del modelo productivo. Esto supone hasta 30.000 millones de euros procedentes de Europa para inversiones en I+D+i, industria, energía e infraestructuras.

La inversión supera los 10.000 millones de euros por primera vez en la historia, incrementándose en un 33,1%, y favorece el papel del sector público como locomotora que impulse a los sectores productivos, genere empleo y haga un país más competitivo.

Estos PGE impulsan una fiscalidad más justa, progresiva y eficiente. La ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo beneficiará a más de 4,7 millones de trabajadores que ganan un salario bruto de menos de 21.000 euros brutos, y que verán rebajado su IRPF en casi 400 euros de media. En la Comunidad Autónoma, más de 292.000 trabajadores se beneficiarán de esta medida.

En particular, más de un millón de trabajadores que hoy pagan IRPF quedarán exentos gracias al incremento del umbral mínimo de tributación, que pasa de 14.000 a 15.000 euros brutos. En la Comunidad Autónoma, más de 59.000 trabajadores pasarán a estar exentos.

Más de 1,5 millones de autónomos se beneficiarán del incremento de las reducciones para los rendimientos de actividades económicas, que les permitirá reducir su factura fiscal en unos 120 euros de media. En la Comunidad Autónoma, más de 92.000 autónomos se beneficiarán de esta medida.

Más de 407.000 empresas se beneficiarán de la rebaja del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, gracias a la cual se ahorrarán más de 715 euros de media. En la Comunidad Autónoma, más de 19.000 empresas se beneficiarán.

El Gobierno aportará, además, más recursos para la comunidad. En 2023, Castilla y León recibirá del sistema de financiación una cifra récord de 8.136 M€, un 25,4% más que el año anterior.

Además, la suspensión de las reglas fiscales ha dado mayor margen al Gobierno castellano y leonés para combatir las consecuencias económicas de la crisis provocada por la invasión de Ucrania, ofrecer apoyo a empresas y ciudadanos, y sentar las bases de la recuperación.

“En cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, Castilla y León ha recibido un 30% más de recursos que en los últimos cinco años del anterior gobierno del PP”, ha dicho Barcones.

La financiación de las Entidades Locales alcanza un máximo histórico en los PGE 2023, con 22.235 M€, lo que representa 1.113 M€ más que en el ejercicio anterior, un 5,0% de incremento.

Como continuación a los PGE 2022, y para neutralizar las liquidaciones de la participación en tributos del Estado relativas al ejercicio 2020, los PGE 2023 incluyen un crédito de 1.682 M€ para las Entidades Locales, que recibirán en un pago único sin tener que reembolsar cuantía alguna con cargo a sus entregas a cuenta mensuales.

Además, en 2023 estará vigente, entre otros, el siguiente Acontecimiento de Excepcional Interés Público especialmente relacionado con la Comunidad Autónoma, y que permite la aplicación de beneficios fiscales: “VII Centenario de la Catedral de Palencia”.

Inversiones reales

Hablaré también, como no, sobre el capítulo VI, de inversiones reales. El Proyecto de Ley de PGE 2023 asigna a la Comunidad una inversión total de 976 millones de euros.

De esta cifra, la inversión real está dotada con 955,8 millones de euros. Esta inversión supone un 7,1% sobre el total nacional regionalizado, porcentaje superior a la contribución de Castilla y León al PIB nacional (4,9%) y a su participación sobre la población nacional (5,0%).

Traducido en términos de inversión per cápita, significa que los PGE asignan a Castilla y León 401 euros por habitante, cifra muy superior a la media de 284 euros por habitante.

Cerca del 46% corresponde al Subsector empresarial y fundacional destacando la dotación en ADIF.  Además, más del 38% de la dotación en capítulo 6 se destinará a la creación y mantenimiento de carreteras.

Se contemplan transferencias de capital (inversión indirecta) por 2,9 millones de euros. Y para actuaciones a cargo del Fondo de Compensación Interterritorial se dotan 17,28 millones de euros.

Y descendiendo al terreno de las provincias, la provincia en la que se registra un mayor aumento de la inversión es Burgos (un 25,64%).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destina a inversiones en la Comunidad 381,60 millones de euros. Se destinan 204,96 millones de euros a actuaciones de conservación y explotación de carreteras y 162,33 millones de euros para creación de infraestructura de carreteras (103,11 millones de euros para obras en la A-11 y 33,87 millones de euros para inversiones en la A-66).

ADIF-Alta Velocidad destina a inversiones 175,37 millones de euros. De este importe se destinan 107,95 millones de euros a inversiones en corredores de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). También destacan 19,4 millones de euros destinados a la línea de Alta Velocidad de Asturias, variante Pajares.

Las inversiones de ADIF se dotan por importe de 97,56 millones de euros. Se destinan 34,86 millones de euros a inversiones en Corredores TEN-T. También destacan 9,6 millones para el Cercanías de León.

Aunque no viene recogido como inversión realizada directamente en Castilla y León, en la comunidad de Madrid aparecen 600.000 euros de una inversión total de casi 5 millones de euros para la rehabilitación de la línea ferroviaria entre Madrid-Aranda-Burgos, el llamado tren directo. Se trata de retirar la bateadora y reforzar el túnel de Somosierra con el fin de poner en marcha de nuevo la línea. Para ello existe una partida presupuestaria destinada a realizar un estudio de viabilidad de la línea Madrid – Aranda – Burgos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana invertirá 4,8 millones de euros en patrimonio arquitectónico. Incluye 1,2 millones de euros en el edificio cívico de San Esteban del Valle en Ávila, 1,2 millones de euros en la rehabilitación de la antigua fábrica La Tejera en Palencia, y 1,7 millones de euros en la rehabilitación del Teatro Cervantes de Segovia.

Las inversiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico alcanzan los 64,19 millones de euros. 50,74 millones de euros son para actuaciones de gestión e infraestructuras del agua.

Patrimonio del Estado prevé una inversión de 2,5 millones de euros en la rehabilitación del de la antigua sucursal del Banco de España en Soria.

El Ministerio de Cultura y Deporte invertirá en el próximo año 2,5 millones de euros en la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Burgos y 2,6 millones en la remodelación del Palacio de los Águila en Ávila.

El Ministerio del Interior destina 20,85 millones de euros al Plan de Transición Energética en la AGE, financiado con el PRTR. También destina 1,4 millones de euros a obras en el Centro de Formación de Ávila.

El Ministerio de Defensa prevé una inversión de 20 millones de euros en el Cuartel Monte La Reina en Zamora.

El Ministerio de Ciencia e Innovación invertirá 6 millones de euros en la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.

Paradores invertirá 1,8 millones de euros en el Parador de Benavente.

La Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) destina 35,85 millones de euros a inversiones en la Comunidad.

El Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos, de Salamanca, invertirá 2,2 millones de euros en 2023.

En cuanto a transferencias corrientes y de capital, Barcones ha destacado que se dotan 2 millones de euros para la potenciación de infraestructuras industriales en Villadangos del Páramo.

La delegada del Gobierno ha concluido diciendo que, en materia de inversiones reales, el hecho de que hayan concluido actuaciones importantes como el AVE en Zamora o Burgos o tramos de la A-11 en la provincia de Soria hace que algunas partidas hayan desaparecido y la cantidad global en inversión sea menor. En este sentido los PGE tienden a ser cíclicos”.

Pero, según Barcones, “se sientan las bases para futuras actuaciones que, en su fase inicial, no tienen importantes consignaciones presupuestarias. En este sentido, se ha referido a los estudios de viabilidad de tres posibles actuaciones: el nudo del Manzanal, en León; la línea ferroviaria Soria-Castejón, y el tren directo, en Burgos.