La contratación realizada por la Junta en el año 2021 alcanzó los niveles de cuantía económica de los años previos a la pandemia de COVID-19, al suscribirse 2.914 expedientes por valor de 764 millones de euros, cifras similares a los 762 millones del año 2019 en virtud de los 3.224 contratos suscritos entonces.

Así lo señala el informe de fiscalización de la contratación administrativa realizada por el conjunto de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en 2021, presentada hoy por el presidente del Consejo de Cuentas autonómico, Mario Amilivia, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de la Comunidad, y donde planteó que, no obstante, la cantidad referida se encuentra aún lejos del máximo alcanzado en 2006, con 1.486 millones.

Los datos presentados hoy por Amilivia apuntan que el mayor volumen de contratación se realizó, en el ejercicio 2021, por la Gerencia de Salud, con el 51,3 por ciento, aunque no debido a la pandemia, ya que este ente ya representó el mismo porcentaje en los ejercicios previos a la COVID-19, aunque superior en 2020 con motivo de la incidencia de la pandemia, con el 62 por ciento.

Por tipo de contratos, el 42,8 por ciento correspondió a servicios, el 36,3 por ciento a suministros y el 18,3 por ciento a obras, mientras que, con relación al procedimiento de adjudicación, los contratos abierto se acercaron al 48 por ciento mientras que los negociados sin publicidad regresaron al marco normal, con un 17,4 por ciento, tras representar el 42 por ciento el año previo por la situación de emergencia por la COVID.

En cuanto al cumplimiento de publicidad y transparencia de los contratos, así como de concurrencia, acceso e igualdad de trato como marca la ley, Amilivia expuso que la Junta “cumple de manera general” y que “la mayoría de las irregularidades detectadas volvieron a concentrarse en la fase preparatoria del expediente”, aunque también se detectaron “deficiencias” en algunos de los 90 expedientes analizados como la ausencia de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, el incumplimiento de las obligaciones de publicidad y la ausencia de justificación suficiente del presupuesto base de licitación, así como la incorrecta definición de los criterios de adjudicación.

Por ello, y pese a que la Administración autonómica vuelve a cumplir “razonablemente” con la legalidad aplicable, el Consejo de Cuentas recomendó a la Junta la depuración de las deficiencias detectadas en el Registro Público de Contratos, el establecimiento de un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil del contratante, la incidencia en la objetividad de los criterios de adjudicación, la motivación suficiente de las unidades de contratación sobre las ofertas analizadas y la determinación en las cláusulas administrativas particulares de la forma de justificación y cumplimiento de las condiciones especiales.

Además, se pide a los órganos de contratación, en particular a las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Economía y Hacienda, y Agricultura, “extremar los esfuerzos para que los contratos se cumplan en el plazo de duración y ejecución establecido” y, en concreto a la Consejería de Cultura y al Ecyl, que inicien el expediente para recuperar las cantidades susceptibles de ingreso como consecuencia de las penalidades impuestas en los procedimientos de contratación.

“Dudas” por la “falta de publicidad y transparencia”

La primera procuradora en intervenir, tras la presentación realizada por Amilivia, fue la representante hoy de UPL en la Comisión de Economía y Hacienda, Alicia Gallego, que lamentó la “incertidumbre” que a veces genera la “falta de publicidad” de los contratos públicos, por lo que consideró acertada la recomendación de que los informes deben estar “debidamente justificados” para evitar las “dudas” generadas al respecto.

“Hay una obligación por parte de los gestores para dar pleno cumplimiento a publicidad, objetividad y transparencia en los contratos”, concluyó Gallego, que pidió “a quien corresponde la gestión” que dé “cumplimiento de lo aquí expuesto” para que no quede “ninguna duda” sobre la contratación y sus mecanismos en el ámbito público.

Por su parte, el representante de Vox, Javier Teira, agradeció la “exhaustividad” del informe por exponer cada una de las incidencias e “identificar puntualmente las salvedades” que definió como “debilidades” y ante las que mostró su confianza en que “sean solventadas” por la Junta, para lo que planteó la simplificación administrativa para “mejorar la contratación sin menoscabo de la legalidad”.

A su vez, la procuradora socialista Laura Pelegrina compartió las conclusiones y recomendaciones del Consejo de Cuentas, ya que plantean soluciones ante la existencia de “incumplimientos en los principios de publicidad y transparencia” en la gestión del “dinero de todos”.

“Son 202 incumplimientos en publicidad, organización y control interno, procedimiento de contratación y adjudicación, y ejecución y extinción del contrato, que deberían ser objeto de preocupación para la Junta de Castilla y León”, planteó la procuradora socialista, que acusó de “mala planificación” a 10 de los 16 organismos de la Junta objeto de fiscalización y, de forma holística, al Gobierno regional por “incumplir la ley de contratos del sector público”.

La Junta “no está incumpliendo la ley”

La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y Hacienda, Rosa Esteban, defendió por su parte la labor del Gobierno autonómico en base al informe presentado hoy por Amilivia, al situar el contexto por el que “estábamos en pandemia y había restricciones aún en funcionamiento”, pese a lo que defendió que la Junta “ha cumplido, de manera general, con la normativa presupuestaria y contractual”.

“La Administración autonómica no está incumpliendo la ley, sino que se producen irregularidades que hay que solventar pero que no depende solo de un partido político”, justificó Esteban. Una frase que provocó la réplica de las formaciones PSOE y UPL, al criticar que se pusiese el foco en los técnicos y funcionarios públicos que realizan el perfil de las contrataciones, situación que negó la propia Esteban al referirse a “los miembros de la mesa de contratación”.

No obstante, reconoció Esteban que “hay que mejorar la transparencia y la publicidad” para “dar seguridad a todas las partes intervinientes en la contratación” pero también defendió que el informe marca que la Junta “cumple con la legalidad aplicable”.

La respuesta de Amilivia a todos los grupos planteó una reflexión sobre el objetivo final de cada una de sus comparecencias, por las que presenta informes para “suscitar el debate” en base a una labor parlamentaria de control al Gobierno que es “la principal función” del Consejo de Cuentas, que lleva desde su presidencia con 41 comparecencias con 112 auditorías que representan el 41 por ciento de toda la serie histórica.

Además justificó la opinión del Consejo de Cuentas, en relación a que el cumplimiento a la legalidad es “razonable”, porque los incumplimientos a la norma “no significa que se puedan tipificar como un delito”.

Por último, anunció la próxima puesta en marcha de la plataforma telemática ‘Fisconex’ que permitirá una mayor eficiencia en la remisión y fiscalización de los contratos y convenios del sector público autonómico y estatal, y avanzó la celebración de la jornada ‘Cinco años de la Ley de Contratos del Sector Público’ el próximo 28 de septiembre en la sede del Parlamento autonómico, como forma de avanzar en informes que defendió que son “muy completos y útiles” pero que “pueden ser más afinados”.

"Razonable" el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública durante el Covid 

El Consejo de Cuentas de Castilla y León consideró “razonable” el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública realizada, de manera excepcional y a través de la fórmula de emergencia, durante la crisis de la COVID-19 por parte de la Junta de Castilla y León, si bien apuntó “salvedades” que, en algunos casos, incluso fueron “incompatibles con la situación de emergencia” planteada por la crisis sanitaria.

Inició su intervención Amilivia, en relación al informe de fiscalización sobre la contratación pública vinculada a la COVID-19 en 2020, recordando que la enfermedad “parece olvidada, pero está muy presente en nuestras vidas”, por lo que vinculó su incidencia no solo al primer informe sino también al segundo, por su afección aún en la contratación administrativa de 2021.

No obstante, se refirió en concreto al informe sobre la contratación pública vinculada a la COVID-19 en 2020, y que fue presentado en diciembre de 2022, para “analizar los efectos de la pandemia” en la contratación de la Comunidad y fiscalizar así la gestión de los contratos de emergencia suscritos en 2020 por la COVID-19 y que, en todo caso, supuso “un problema de Estado”, como indicó Amilivia, que planteó poner “en contexto” las salvedades marcadas en el informe.

El informe del Consejo de Cuentas concluye así que la Administración autonómica ha cumplido “razonablemente” con la legalidad en la tramitación de emergencia “excepto por salvedades” como que en 71 expedientes no haya habido una concurrencia competitiva o que incluso nueve de los contratos sean “incompatibles con la situación de emergencia”, así como que dos casos no tuvieran relación con la pandemia pero “se aprovechara para adjudicar los contratos, lo que incumple la ley”.

Conclusiones que se disgregan del centenar de expedientes analizados, 73 incluidos en el Registro Público de Contratos de Castilla y León por valor de más de 96 millones de euros y los otros 27 no incluidos en el registro y por valor de 20 millones, y tras cuya fiscalización se realizan, por parte del Consejo de Cuentas, seis recomendaciones entre las que se pide a la Junta el registro adecuado de todos los contratos en el Registro Público de Contratos.

También pidió el órgano presidido por Amilivia que la declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución incluya objeto, precio, plazos y adjudicatario; que la Administración promueva algún tipo de concurrencia siempre que sea compatible con la inmediatez de las necesidades planteadas; que se formalice un documento por ambas partes con derechos y obligaciones; o que se cumplan las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones; así como vigilar el estricto cumplimiento de los contratos, siempre teniendo en cuenta la “excepcionalidad” de una situación que Amilivia deseó que “no vuelva a pasar”.

“Extralimitación” de los contratos de emergencia

En la misma línea se expresaron los portavoces en la Comisión de Economía y Hacienda de los grupos de la oposición, como Pablo Fernández, que en representación del Grupo Mixto, lamentó las “numerosas irregularidades” mencionadas por Amilivia que, aún reconociendo que son fruto de una situación “excepcional”, no dejan de ser “puntos negativos remarcables y reseñables” por parte de la Junta donde, según apuntó la procuradora de UPL, Alicia Gallego, “se produjo, si no un abuso, cierta extralimitación de la vía excepcional de los contratos de emergencia”.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Comisión, Francisco Javier Carrera, también crítico con el Gobierno previo de la Junta al no encontrarse su partido en él, se refirió a las “salvedades y debilidades” de la Administración a la hora de realizar las tramitaciones de los contratos derivados de la COVID-19, entre los que apuntó la falta de definición de la cuantía “aproximada” para saber “los cálculos de coste” porque la Administración “tiene la capacidad suficiente para saber lo que va a necesitar”.

En cuanto al objeto de cada contrato, manifestó la necesidad de puntualizar “para qué se contrata” con el objetivo de que luego el coste no sirva para invertir “en otras cosas”, así como la publicidad del contrato y la falta de comunicación a la Junta, que aseguró que es “recurrente” y por lo que su grupo mostró “preocupación” dado que “ya se ha visto en otros informes”.

El Grupo Parlamentario Socialista, a su vez, encabezado hoy por el procurador salmantino Juan Luis Cepa, mostró su entendimiento por los posibles fallos en la gestión dadas “las circunstancias que pasamos” durante la pandemia y la dificultad que atravesaron también las administraciones, teniendo en cuenta que “lo más importante era salvar vidas”.

No obstante, Cepa preguntó por las salvedades planteadas en el informe del Consejo de Cuentas por referirse a la “falta de legalidad” de algunos expedientes, y consideró que “no es lo mismo” que un contrato se adjudique a una sociedad “y luego la justificación lo haga otra”, incluso sin NIF, a que “se publique o no un contrato que se incluya en el Registro Público de Contratos”, siendo la primera cuestión “más grave” y que, apuntó, “aparece publicada en el informe”.

“Donde hay más fallos y situaciones más graves es en la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente”, puntualizó, restando valor a la crítica realizada sobre la Consejería de Sanidad por parte de Vox, y criticando que “será porque la Administración soy yo”, en referencia a las polémicas palabras del actual consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Cumplimiento “razonable” al poner “en contexto”

Justificó las contrataciones, por su parte, el procurador ‘popular’ David Beltrán, que inició su intervención con unas “palabras de recuerdo y duelo” por las víctimas de la COVID-19 y de “reconocimiento” a los trabajadores de la Sanidad pública, tras lo que quiso “poner en contexto” la fórmula de la contratación por la vía de emergencia porque hizo posible “la respuesta a la crisis sanitaria”.

“Todas las administraciones pública garantizaron el acceso a determinados materiales necesarios por la vía de emergencia”, recordó, apuntando que el informe de fiscalización servirá para “mejoras futuras” tras acometer en 2020 “un reto de gestión sin precedentes” y que requirió de la “mayor rapidez posible”, como refrenda la Comisión Europea al permitir los procedimientos de emergencia para situaciones como la COVID-19.

Y es que la dificultad de acceso a materias por plazos, precios de entrega y cantidades “impidió concretar” en tiempo y forma las cuantías y, en ocasiones, los objetos, por lo que, pese a ello, y debido a la situación provocada por la COVID-19, “la Administración autonómica cumplió razonablemente con los procesos de contratación”.

Elección de un nuevo presidente de la Comisión

Previamente a la presentación del informe, la Comisión de Economía y Hacienda celebró la votación de su nuevo presidente, el procurador ‘popular’ José Alberto Castro, que actuará a partir de ahora al frente de dicha Comisión en sustitución de su compañera de partido, Paloma Vallejo.