Una vez más las cuentas que llegan desde el Gobierno central no gustan a la Junta de Castilla y León. Lo último ha sido el desfase que cree que hay en el cálculo correspondiente a la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2021 ya que cifra su estimación en 42 millones de euros. Por eso en los próximos días presentará un requerimiento para que sea abonado por el Gobierno central.

El portavoz Fernández Carriedo espera en llegar a un acuerdo para asegurar esta financiación de servicios públicos, ahora bien, no descarta poder llegar a un contencioso administrativo, que no se descarta, pero espera el entendimiento desde el diálogo. “Nosotros siempre vamos con la mano tendida”, ha apuntado. Según su estimación, el Gobierno tiene dos meses para contestar a este requerimiento, aunque puede realizar también silencio negativo.

Así, el Consejo de Gobierno ha autorizado al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar este requerimiento previo para conocer la cantidad que debe recibir la Comunidad por la liquidación de 2021, que permita la prestación de los servicios públicos de calidad. No es la primera vez que se realiza este requirimiento, ya se hizo con el IVA en el año 2017. Ese contencioso sí fue a los tribunales y, finalmente, el Tribunal Supremo dio la razón a la Junta de Castilla y León en la sentencia de 19 de abril de 2021.