El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy en su cuarta comparecencia del año ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico dos informes, el de análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Valladolid, ejercicio 2022, y la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), ejercicio 2021.

Amilivia reiteró con relación a este Fondo, creado en 1980 en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que su dotación económica para Castilla y León –19,3 millones de euros en proyectos financiados en 2021, con una ejecución del 100%- es a todas luces insuficiente para contribuir como instrumento de inversión pública a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y a hacer efectivo el principio de solidaridad recogido por la Constitución en su artículo 158.2.

En tal sentido, al tratarse de un Fondo que ha venido careciendo de relevancia cuantitativa para acabar siendo un instrumento marginal de la política regional, abogó por impulsar un aumento significativo de su dotación, con unos criterios de reparto en los que se dé mayor peso a variables como la despoblación y el envejecimiento que caracterizan a territorios como Castilla y León.

Con esta fiscalización sobre el ejercicio 2021 se comprueba si la naturaleza económica de los gastos incluidos en las certificaciones responde a lo previsto en la Ley 22/2001, reguladora de los FCI. Según la ley, el Fondo “se destinará a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario”.

Respecto del Fondo Complementario al FCI, la ley determina igualmente que “se destinará a financiar gastos de inversión que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario”. Añadiendo, no obstante, que, a solicitud de los territorios beneficiarios, “podrá destinarse a financiar gastos necesarios para poner en marcha o en funcionamiento las inversiones financiadas” con cargo a estos fondos durante un periodo máximo de dos años.

En esta línea, Amilivia remarcó que los proyectos de inversión del FCI se determinan de común acuerdo entre la Administración General del Estado y las 10 comunidades autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía que participan en los mismos. Se dota anualmente con una cuantía que no podrá ser inferior al 22,5% de la base de cálculo constituida por la inversión pública, entendiendo por tal el conjunto de los gastos del ejercicio incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y sus organismos autónomos, correspondientes a inversiones nuevas de carácter civil.

En el caso de Castilla y León, explicó, los proyectos de inversión de los FCI no corresponden a proyectos concretos de gasto, sino a determinados subprogramas gestionados por las consejerías de Agricultura y Ganadería; Fomento y Medio Ambiente; Educación; por la Gerencia Regional de Salud y por el Instituto Tecnológico Agrario. Incluyendo como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.

Amilivia precisó que la dotación de estos fondos en 2021 en el Estado se mantuvo en 432,4 millones de euros, igual que en los 3 ejercicios precedentes. En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad que recibe mayor importe (37,2%), seguida de Canarias (13,4%), la Comunidad Valenciana (12,4%) y Galicia (8,9%).

El Consejo de Cuentas constata en su opinión que, con carácter general, “se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en 2021 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados”.

La opinión refleja también que “la Comunidad no lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los FCI, si bien la certificación se realiza a nivel de superproyectos”. En este sentido, se mantienen las debilidades de control interno relacionadas con la gestión de estos fondos, detectadas en las fiscalizaciones de años anteriores.

Respecto de los derechos, el Consejo opina que “su contabilización ha sido adecuada, excepto por las diferencias puestas de manifiesto en las dos entidades que gestionan las infraestructuras agrarias”. A este respecto, “la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias, como en ejercicios anteriores, no se ha efectuado correctamente al no corresponderse los derechos reconocidos con los gastos justificados”.