Los presupuestos de Castilla y León para 2024, que fueron aprobados el pasado 30 de abril en las Cortes, se han publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y entrarán en vigor este miércoles, 15 de mayo. Se trata de las cuentas más altas de la historia de la Comunidad y ascienden a 14.562 millones, un 5,4% más que las del año anterior.

Las diez consejerías de la Junta de Castilla y León gestionarán un total de 11.816 millones este año, un 3,8% más que en el ejercicio anterior, con Sanidad como la primera en gasto, con los 4.879 millones asignados, 126 millones más que en 2023 y un crecimiento del 2,7%; seguida de Educación, con un 4,5% más y 2.736 millones, y Familia e Igualdad de Oportunidades, con un 8,3% más y 1.368 millones.

En segundo lugar, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (6,7% más y 545 millones); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (6,6% más y 603 millones); Presidencia (6,5% más y 187 millones); Movilidad y Transformación Digital (1,7% más y 299 millones); Industria, Comercio y Empleo (2,3% más y 455 millones) y Cultura y Turismo ( 1,2% más y 214 millones). Economía y Hacienda decrece en un 3,2% hasta los 525 millones.

Ocho de cada diez euros van destinados a las políticas sociales, donde se incluye la vivienda junto con sanidad, educación y servicios sociales y la dependencia, pero también se consignan recursos por un total de 2.304 millones para el medio rural con el objetivo de luchar contra la despoblación y se destinarán 489 millones vinculados a la cooperación con las entidades locales.

Por otro lado, las operaciones de capital suman 2.273 millones, un 0,57% más, de los que 1.090 millones (7,66% más) corresponden a inversiones reales y 1.182 millones a subvenciones, que merman en un 5,19% sobre 2023. En su conjunto, representan el 15,61% de los presupuestos.

El Bocyl también ha publicado este martes la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que acompaña a los presupuestos para 2024, que contempla deducciones fiscales por alrededor de 600 millones de las que se pueden beneficiar 480.000 contribuyentes, con las ayudas por nacimiento y adopción y con especial incidencia en el mundo rural con el objetivo de fijar población. 

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