Carnero cifra en 425 millones la pérdida para actuaciones de desarrollo rural si cae un 10% la cofinanciación Feader
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha cifrado en 425 millones de euros la pérdida para actuaciones de desarrollo rural en el sector agrario si de materializa la propuesta de reducción del 10 por ciento de las actuales tasas de confinanciación del FEADER.
Por este motivo, Carnero ha pedido al ministro del ramo, Luis Planas, que España proponga recuperar las actuales tasas de cofinanciación desde el convencimiento de que "no es admisible" que la financiación europea para el desarrollo rural se reduzca diez puntos porcentuales en una etapa de recuperación económica. En el caso concreto de Castilla y León, pasa del 53 por ciento al 43 por ciento lo que supondría perder 425 millones de euros.
Según ha recordado Carnero, el Parlamento Europeo sí apoya la recuperación de las tasas actuales, a pesar de que en las conclusiones de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se ha mantenido la reducción, por lo que la Junta de Castilla y León cree que el Consejo de Ministros del próximo día 21 debería apoyar ese mantenimiento.
Esta es la principal reivindicación que ha realizado Carnero con motivo de su participación este lunes por videoconferencia en el Consejo Consultivo previo al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del 21 de septiembre.
Jesús Julio Carnero ha defendido "dos aspectos claves" para no discriminar a las áreas rurales: incrementar la financiación global ‘Next Generation’ al Feader (más del 1 por ciento) y que la contribución a los proyectos sea igual para todo ‘Next Generation’ (al cien por cien).
Respecto a las reformas de la PAC post 2020, Carnero ha propuesto varias ideas que beneficiarían al campo de Castilla y León y ha defendido en concreto que los ecoesquemas van a contribuir a los objetivos medioambientales del primer pilar de la PAC, "donde no se debería destinar más del 15 por ciento de los fondos".
En este sentido, ha explicado que la Junta de Castilla y León es partidaria de los ecoesquemas universales que permitan acogerse a cualquier agricultor y ganadero, "excluyendo de los mismos a la agricultura ecológica, dado que esta medida requiere compromisos plurianuales y, como tales, es en el segundo pilar de la PAC (las intervenciones en desarrollo rural) donde tiene que encuadrarse".