El Parlamenteo Europeo aprobó la pasada semana por amplia mayoría la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo de 2023 a 2027 y ahora les tocará a los 27 Estados miembros enviar a Bruselas antes del próximo 31 de diciembre las líneas generales de cómo van a gastar esas ayudas.

Bruselas marca el camino a seguir (una agricultura más ecológica y sostenible) y los países de la UE, a partir de ahora, tendrán mayor margen para decidir qué Plan Estratégico Nacional implementar para su sector primario.

Algo que complica las cosas cuando existen países como España, donde hay 17 comunidades autónomas con un sector primario muy diferente no sólo en tipo de cultivo o actividad sino, además, por grado de especialización.

A Castilla y León llegarán aproximadamente 924 millones de euros cada año hasta 2027 de los 47.724 millones que recibirá el Gobierno español para todo el período. Una cifra que deberá servir para modernizar este sector estratégico y, sobre todo, hacerlo más sostenible.

Bruselas liga así el futuro del profesional agropecuario a la Agenda 2030, que en Castilla y León ya lleva tiempo acometiendo fuertes inversiones para modernizar sus explotaciones y hacerlas más ecológicas.

No en vano, y según datos de de Urcacyl (Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León), el sector agropecuario ha conseguido disminuir en un 62% el consumo de combustible mejorando su beneficio bruto por hectárea casi un 19% y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero en un 25%.

Sin embargo, esta nueva PAC obvia algunos de los problemas estructurales que arrastra este sector prefiriendo sumarse a un igualitarismo que compromete su profesionalización de manera injusta, además, para quienes sí han apostado por la modernización de sus explotaciones.

Una PAC que obvia la profesionalización

Uno de los principales motivos de debate la semana pasada en el Parlemento Europeo a tenor de la votación de esta nueva PAC fue el de cómo designar estas ayudas en función de la profesionalización del sujeto receptor de estos fondos.

En Castilla y León el elemento clave de esta reforma de la política agraria común es el denominado agricultor activo, es decir, aquél que sí vive de su explotación y desarrolla su principal actividad económica en el entorno rural ayudando, además, a fijar población en zonas muy desabastecidas.

Sin embargo, y según fuentes de Urcacyl, con la nueva PAC ahora "agricultor activo será cualquiera que tenga una hectárea y derechos sobre ella", sin entrar a valorar si verdaderamente se trata de un profesional del sector primario.

Esto va a suponer el "despilfarro" de parte de esos fondos dado que "se van a perder en receptores que no van a profesionalizar el campo ni viven realmente de él", según esta organización agraria.

La anterior PAC exigía a quien solicitara estas ayudas demostrar que al menos el 20% de los ingresos de la agricultura vinieran de esa actividad agraria, criterio que se elimina con la nueva reforma aprobada la semana pasada en Bruselas.

Si a esto se suma que la Eurocámara ha aprobado, además, que todo el que reciba menos de cinco mil euros de la PAC sea considerado también agricultor activo (es decir, el 66% de los que lo solicitan), esta reforma abandona el criterio de especialización y profesionalización necesario para afrontar los retos del futuro del sector primario.

En este sentido se ha venido manifestando la Junta de Castilla y León, que en sus reuniones con el ministro del ramo, Luis Planas, advertía de la necesidad de defender en Europa que se identificara agricultor activo con el profesional de esta Comunidad, que fuese aquél que obtuviera como mínimo un 25% de sus ingresos de la actividad agraria y que además fueran cotizantes a la Seguridad Social.

Se da la circunstancia de que, además, lo que se considera un agricultor profesional en Castilla y León, no es lo mismo que lo que se tiene en cuenta para determinar así a uno de Cantabria, Valencia o Murcia, por ejemplo, dado que los modelos de explotación son totalmente diferentes.

Los mismos problemas de fondo

Uno de los principales muros con los que se encuentra el campo de Castilla y León a la hora de incorporar a los jóvenes a sus explotaciones es el hecho de que un agricultor jubilado pueda seguir percibiendo las ayudas de la PAC, que se calcula son 650.000 en toda España y 70.000 los perceptores de estas ayudas en la Región.

Esto dificulta el traspaso de derechos para explotar unas tierras que, de esta manera, se hace cada vez más difícil lleguen a las nuevas generaciones.

Esta falta de relevo generacional está permitiendo que importantes fondos de inversión hayan comenzado, sobre todo a raíz de la pandemia, a comprar tierras para su explotación dado que consideran que el sector primario, aquél del que podemos comer, encabezará el ranking de los más estratégicos en el futuro.

Sin embargo, la nueva reforma no aborda estos problemas de fondo que arrastra el sector, si bien es cierto que sí se ha presentado como una nueva Política Agraria Común "más climática, social y medioambiental", tal y como la definía la eurodiputada socialista Clara Aguilera la semana pasada.

Una opinión que no comparten el resto de representantes europeos en esta materia (Vox, Cs y PP), que en términos generales consideran esta reforma necesaria pero incompleta.

De igual forma, la nueva PAC ha preferido mirar hacia otro lado a uno de los asuntos que más preocupa al campo español: la existencia de diferentes normas de obligado cumplimiento que lastran la competitividad de los agricultores y ganaderos de Castilla y León y del resto de España.

Mientras un productor español tiene que hacer frente a unos costes derivados de la aplicación de determinados criterios de calidad para poder sacar al mercado nacional sus alimentos, los de otros países de nuestro entorno tienen permitido vender su producto en España sin tener que cumplir esos requisitos de seguridad y respeto al medioambiente.

Crisis alimentaria

Con los precios de la electricidad y del los combustibles por las nubes, el sector primario de Castilla y León se enfrenta a un problema que no tiene visos de solución a corto plazo. 

La excesiva dependencia del extranjero para producir alimentos (no tenemos yacimientos de minerales necesarios para la producción de semillas, ni reservas de gas o de petróleo), puede desembocar, según fuentes de Urcacyl, en "una grave crisis alimentaria si no se abordan los problemas reales del sector de forma valiente".

Sin energía, un país no puede producir alimentos. ¿Podría llegar un momento en el que dependiéramos de terceros países para alimentar a la población?. Es una de las preguntas que lanza Urcacyl en pleno debate europeo sobre una crisis energética que está produciendo serios problemas en la industria.

En este sentido, desde Urcacyl indican que "Europa se ha acostumbrado a ser la despensa del mundo, y esto puede cambiar con la actual crisis energética y de materias primas".

El campo no puede producir sin energía y, a día de hoy, España sigue sin contar con un plan que garantice una energía que no dependa de terceros países.