El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes de forma definitiva la reforma para hacer la política agrícola común (PAC) más verde y más compatible con la lucha contra el cambio climático, que entrará en vigor en 2023. Ahora, España debe enviar a Bruselas antes del 31 de diciembre su plan estratégico para explicar cómo gastará las subvenciones, al igual que el resto de Estados miembros.

La PAC sigue siendo la política que acapara la mayor partida del presupuesto comunitario, alrededor del 30% del total. Durante el periodo 2021-2021, las ayudas agrícolas ascenderán a 378.000 millones de euros.

España es el segundo país beneficiario de estas subvenciones, sólo por detrás de Francia. En total, recibirá en los próximos siete años 45.200 millones: 37.400 millones en pagos directos a los agricultores y 7.800 millones en fondos para el desarrollo rural, según los datos de Bruselas. Estos importes ya se pactaron en la cumbre presupuestaria de julio de 2020. En nuestro país hay 630.000 perceptores de ayudas agrícolas. 

El PSOE y Ciudadanos han votado a favor de los tres reglamentos que componen la reforma. "Es una nueva PAC más social para una agricultura competitiva y respetuosa con el clima", ha dicho la portavoz socialista, Clara Aguilera. "No es perfecta, pero es necesaria: la alternativa es el vacío", sostiene el eurodiputado naranja Adrián Vázquez.

Por su parte, el PP se ha abstenido en la norma sobre los planes estratégicos nacionales y ha votado a favor de los otros dos. "Esta sigue sin ser la PAC ideal para el PP español, principalmente porque sigue siendo una PAC con muchos menos fondos que la anterior precisamente cuando más lo necesitan agricultores y ganaderos, ya que atraviesan momentos críticos con los precios de las materias primas disparados y la factura de la luz batiendo récords", ha dicho el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido.

Unidas Podemos ha votado en contra de la reforma por considerar que le falta ambición climática y social. "No podemos apoyar una PAC que sigue favoreciendo a las grandes empresas y a los grandes propietarios frente a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos", ha dicho la eurodiputada Maria Eugenia Rodríguez Palop. "Es una oportunidad perdida para hacer de la PAC una política más justa, más verde y más social", sostiene.

Vox ha votado en contra del reglamento sobre planes estratégicos, pero ha apoyado el reglamento horizontal de financiación y gestión de la PAC, así como la norma sobre la Organización Común de Mercados.

Según establece la reforma aprobada, los Estados miembros deberán consagrar al menos el 25% de los pagos directos a medidas medioambientales y climáticas. Es decir, un total de 48.000 millones de todo el presupuesto europeo.

Además, al menos el 35% de los fondos para desarrollo rural deben destinarse también de forma obligatoria a prácticas que ayuden a conservar el medioambiente, luchar contra el cambio climático o mejorar el bienestar de los animales. Se crea una nueva reserva agrícola dotada con 450 millones al año para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis.

Por primera vez, la nueva PAC incluye una condicionalidad social. Es decir, los beneficiarios de las ayudas agrícolas tendrán que respetar una serie de normas laborales y sociales de la UE para poder recibir las subvenciones. Asimismo, los Estados miembros deberán redistribuir al menos el 10% de los pagos directos a las explotaciones más pequeñas, en detrimento de los grandes latifundios. También se fija un mínimo del 3% de los pagos directos que deben destinarse obligatoriamente a los jóvenes agricultores (menores de 40 años).