Asaja Ávila tilda de "atraco" la excepción ibérica del Gobierno

Los altos precios de la electricidad, a pesar de la aprobación del denominado tope de gas, siguen haciendo estragos en las facturas de los usuarios. Unas facturas que se disparan cuando se trata de actividades profesionales que requieren de grandes consumos de energía, a pesar de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró el pasado mes de mayo que "con este tope, el precio de la electricidad en el mercado mayorista no subirá de 130 euros/MWh" y que supondría una rebaja de "alrededor de un 40%" en la factura de la luz. Hoy, el precio medio de la electricidad se dispara hasta los 476,39 euros/MWh.

Para Asaja Ávila, esta medida "lejos del humo que a diario vende el Gobierno de España, está duplicando la factura de la electricidad a los agricultores".

El sindicato agrario denuncia que los regantes y ganaderos de porcino, avícola y aptitud láctea, especialmente, "reciben estupefactos estos días las facturas con un importe que multiplica por dos el ya de por sí desmesurado coste que venían abonando a las eléctricas".

Todo ello debido al cambio normativo aprobado en mayo por el Gobierno mediante el RD-Ley 10/2022 que establece el mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. "Lejos de lograr su objetivo, contener o reducir el importe de la factura, la está multiplicado por dos a regantes y ganaderos", indica Asaja. 

Como ejemplo, esta organización indica que la factura que ha abonado un joven cultivador de remolacha del norte de la provincia de Ávila correspondiente al mes de julio, para una superficie regada por sondeo de 8 hectáreas, ha sido de 7.680 euros, de los cuales el 50% se corresponden a lo que imputan como 'coste de tope de gas', lo que le supone cerca de los 1.000 euros más que en julio del año pasado. 

"Este concepto se viene cebando con los consumidores acogidos al mercado libre desde el pasado 15 de junio de 2022, y viene referenciado a la cotización del precio del gas en España, por lo que como este precio no deja de incrementarse en los mercados, se espera un mazazo aún mayor en la próxima factura de la electricidad correspondiente al consumo del mes de agosto", aseguran. 

Asaja calcula que sólo el coste de la energía necesaria para el riego por sondeo en la presente campaña ascenderá a los 4.000 euros por hectárea, "lo que hace inviable prácticamente cualquier tipo de cultivo de regadío".

En el supuesto analizado, supone que los costes del cultivo de la remolacha azucarera se elevarán la presente campaña hasta los 7.000 euros por hectárea, "de los que más del 50% son debidos al coste de la electricidad, mientras que los ingresos de la producción rondarán los 5.000 euros (incluyendo ahí el precio pagado por la industria azucarera y las ayudas asociadas y agroambientales establecidas por la Administración para este cultivo)".

Incumplimiento de la Ley de cadena alimentaria

Asaja denuncia que esos incrementos en las facturas de la luz suponen, además, "el incumplimiento de la propia Ley de medidas para mejorar funcionamiento de la cadena alimentaria recientemente reformada por el Gobierno ya que, claramente, los ingresos no cubrirán los costes efectivos de producción".

Unos sobrecostes que el sindicato agrario advierte de que a medio plazo "conllevará la destrucción del empleo que se genera en la industria auxiliar, de medios de producción, transporte y fabril que gira alrededor de todos estos cultivos de regadío y producciones animales". 

Asaja tilda de "un verdadero atraco consentido" la medida aprobada por el Gobierno dado que implica que "el sector primario se arruine al tiempo que los resultados de las eléctricas no dejan de abultarse gracias al beneplácito de un Gobierno sumiso a ellas que lo permite, lo legitima y saca tajada vía impuestos como el IVA con el que también grava lo facturado en concepto de tope de precio del gas por las eléctricas". 

Por todos estos motivos, Asaja exige la modificación de este decreto del Gobierno, convalidado por el Congreso de los Diputados e insta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "a hacerse cargo de primera mano de este gravísimo problema dándole una urgente solución favorable a los intereses del sector agroalimentario al que representa en el seno del Consejo de Ministros".