La nueva PAC, que supondrá la llegada de 1.100 millones de euros a Castilla y León, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023 y marcará la política agraria de la Unión Europea hasta 2027.

Una PAC marcada por la subida de las materias primas, la escasez de fertilizantes, la sequía y la reducción de los márgenes de beneficio en muchas explotaciones de la Comunidad.

La organización agraria COAG de Castilla y Léon ha hecho un análisis de esta nueva Política Agraria Común, del que se desprende que el sector agro de la Comunidad se beneficiará con un incremento de las ayudas asociadas del 26% en el caso de la agricultura y del 13% para los ganaderos.

Sin embargo, esta OPA denuncia que la nueva PAC recorta y limita la capacidad productiva agraria precisamente en un momento en el que este sector es estratégico para garantizar el abastecimiento de alimento a la población en Europa.

Los principales problemas con los que se enfrenta el agricultor y ganadero pasan por la enorme cantidad de requisitos medioambientales que deben cumplir para acceder a estas ayudas, así como la dificultad administrativa para tramitarlas, que finalmente temen pueda acabar reduciendo los rendimientos de las explotaciones.

Así, COAG tilda esta nueva PAC de "ineficaz" e incapaz de cumplir con las necesidades de los profesionales del campo y de abastecer a los ciudadanos europeos.

Además, denuncian que se han eliminado las ayudas acopladas al cultivo del girasol y de la colza, por lo que reducen esos 27 millones de euros en las partidas destinadas a Castilla y León.

Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en la Comunidad, considera que se trata de una PAC que "no es justa con el agricultor profesional" además de advertir de que "los eco regímenes impuestos van a ser muy complicados de cumplir por lo que se perderán ayudas".

Se trata, en su opinión, de unas directrices europeas que "castigan a las clases medias del sector agro, dado que hay más de 70.000 solicitudes y somos cerca de 38.000 los que cotizamos".