La Alianza UPA-COAG pide a la Junta de Castilla y León que atienda la reclamación de muchos ganaderos que comprueban” absolutamente desesperados” que la empresa encargada de la vacunación contra la lengua azul “no está disponible y, por tanto, no atiende el teléfono donde se les demanda la vacuna y el desplazamiento de un equipo para administrársela”, denuncia la organización agraria en un comunicado emitido en el día de hoy.

Una situación generada en los equipos veterinarios dependientes de la Junta de Castilla y León que la OPA califica de “caótica” y recalca que la “responsabilidad final” de las demandas de los ganaderos no atendidas corresponden al gobierno regional, quien ha de exigir “eficiencia, diligencia y medios de refuerzo de personal suficiente para desempeñar los trabajos de vacunación contra esta enfermedad”.

UPA-COAG teme que ante la desesperación los ganaderos decidan “buscarse la vida por su cuenta asumiendo los gastos de la vacunación, y por lo tanto el sector productor sea víctima del interés que pudiera tener la propia Consejería de Agricultura y Ganadería en ir privatizando poco a poco unos servicios que debería asumir directamente el Gobierno autonómico”. 

“No es la primera vez que nuestra organización denuncia que las unidades veterinarias se ven sobrepasadas para atender a la demanda de los ganaderos en materia de saneamiento ganadero, y que en determinadas fechas la situación se ve agravada, como es actualmente por la incidencia de los períodos claves donde tradicionalmente tiene incidencia el mosquito del género Culicoides, responsable de la transmisión de la lengua azul en algunas zonas de esta región”.

La organización agraria recuerda, además, que esta enfermedad de rumiantes no afecta al ser humano, y su vacunación es obligatoria en zonas donde está detectado el mosquito a todos los animales de más de tres meses.  “Recordemos que una vez confirmada la presencia de la enfermedad por parte del muestreo que se realiza periódicamente se procede a la inmovilización de la explotación, tal y como dicta el protocolo sanitario. Una vez confirmado el foco, las medidas legales consisten en la vacunación obligatoria de las unidades veterinarias afectadas y en el establecimiento de una zona de inmovilización alrededor del origen del foco”.