Adiós a la central térmica de La Robla en plena crisis energética: ¿error o acierto?

Adiós a un mito de la industria y del carbón en La Robla (León). Naturgy demuele hoy la chimenea del Grupo I de la central térmica ubicada en esta localidad, después de haber hecho lo mismo el pasado mes de julio con la chimenea II.

En el lugar donde hasta hoy se ubicaban, la energética (junto a Enagás) construirá la mayor planta de producción de hidrógeno verde de España, con una planta fotovoltaica de 400 MW y un electrolizador de hasta 60 MW. Pero eso será en un futuro. Hoy, con la UE trabajando contrarreloj para ahorrar energía para el invierno temiendo tener que parar la industria y mientras Putin abre y cierra el grifo del gas a su antojo, partidos como el PP y Vox han pedido que no se derriben estas infraestructuras por si pudieran ser necesarias en un escenario límite. O sea, para volver a quemar carbón si el mercado del gas se rompiera.

Sin embargo, esta opción no tiene cabida en el Gobierno central, que ha sido elogiado en varias ocasiones por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su firmeza a la hora de aplicar políticas verdes que contribuyan, como recoge el Green Deal, a que la Unión sea climáticamente neutra en 2050.

Cerradas ya tanto las tres centrales térmicas que había en Castilla y León como la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la Comunidad mira hacia un futuro marcado por unas energías verdes cuyo principal problema es precisamente su intermitencia: ni siempre hay sol ni siempre sopla el viento de la misma manera. Y Putin ha generado una tensión en los mercados energéticos impensable hace apenas un año.

Pero ¿valdría de algo mantener estas infraestructuras (centrales de carbón y nucleares) por si acaso hay que volver al carbón o la fisión ante un escenario de escasez de gas? ¿Cabría la posibilidad de que las necesitáramos?

Decisiones tomadas antes de la invasión de Putin

Cuando la UE obligó a las empresas energéticas a acometer fuertes inversiones para adecuar las térmicas a procesos menos contaminantes, aquellas prefirieron optar por invertir en el desarrollo de lo que entonces era el futuro y hoy es ya el presente: las energías verdes. Por entonces el precio del gas era estable y se movía entre los 20 y 25 euros/MWh a medio y largo plazo. 

Por lo tanto, la industria decidió no invertir más en las térmicas y cerrarlas, máxime cuando en 2019 la UE aprobó una normativa que impedía a las centrales de carbón percibir los denominados 'pagos por capacidad', es decir: cobrar ingresos simplemente por estar disponibles, incluso si finalmente no entran a funcionar.

Esta decisión de la industria de hacer pasar página al carbón, se tomó evidentemente sin saber que el 24 de febrero de 2022 Putin invadiría Ucrania iniciando una guerra que mantiene al mundo en vilo dada su posición dominante en el mercado gasístico.  Hoy el gas cotiza a casi 250 euros/MWh para entregas en el cuarto trimestre de 2022.

Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética de España, habla con EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León sobre la demolición del último bastión de carbón de la Comunidad y explica que, "ante una situación de emergencia por desabastecimiento, las empresas y la industria intentarán aprovechar al máximo todas las modalidades de suministro que sean más baratas que el gas. El problema es que muchas instalaciones de carbón tomaron decisiones de cierre que hoy son irreversibles y no están en condiciones de estar operativas a lo largo de esta crisis energética".

Aún a tiempo de aprovechar las nucleares

La vida de las centrales nucleares en España también tiene los días contados. En concreto, no podrán seguir operativas más allá de 2035. Pero ¿tiene esto sentido cuando supone un respaldo al mix energético en los días en los que las renovables no son suficientes?

En Castilla y León se cerró en 2017 definitivamente la de Garoña, en Burgos, pero quedan siete reactores nucleares operativos en el resto de España, de cuya continuidad se ha abierto de nuevo el debate tras apresurarse la UE a declarar el gas y la nuclear como energías verdes después de las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Imagen de archivo de la central nucelar de Garoña, en Burgos. Ricardo Ordóñez ICAL

Si para la desaparición de las centrales térmicas ya no hay marcha atrás y no pueden siquiera utilizarse en caso de extrema necesidad, por lo que se opta por demoler incluso las infraestructuras, el planteamiento con las de fisión podría ser diferente dado que "aún estamos a tiempo para que el Gobierno reconozca la aportación que pueden hacer estas instalaciones a la política energética de España, más allá de sus prejuicios políticos con esta tecnología", asegura Oliva.

Jorge Sanz Oliva, en una conferencia invitado por la Fundación Schola en Valladolid el pasado mes de mayo Miriam Chacón ICAL

Con el otoño-invierno a la vuelta de la esquina y una UE que ha querido ir mentalizando a sus ciudadanos de que se preparen "para lo peor", las energías limpias (eólica y fotovoltaica) vuelven a demandar una tecnología de respaldo para cuando no hay suficiente sol o viento, porque el principal peligro de que se produzca una debacle social no proviene de tener las viviendas a 19 grados en invierno, sino de que se produjera un parón de la industria por falta de gas suficiente para seguir funcionando.

"Hasta ahora, las centrales térmicas de ciclo combinado (las que queman gas natural), eran la tecnología de respaldo más barata. Pero esto se ha truncado con la invasión de Ucrania y el encarecimiento del precio del gas", indica Oliva. Por lo tanto, "durante el tiempo que dure la crisis habrá que optimizar los recursos disponibles", que en el caso de España pasa irremediablemente por "replantear el cierre de las centrales nucleares y optar por extender su vida útil y evitar así el consumo de importantes cantidades de gas". 

El debate no se sitúa por lo tanto en si construir más nucleares o no, sino en la idoneidad de alargar la vida de las ya existentes, dado que, "con un precio de la electricidad sustancialmente por encima de los 100 euros/MWh, la energía nuclear de nueva construcción puede parecernos barata, pero para rentabilizar la inversión en una central nuclear de nueva construcción, el precio del mercado debe superar los 100 euros/MWh durante los 40 años que tarda en recuperarse la inversión. Y lo más probable es que el precio de la luz descienda por debajo de ese umbral tan pronto como se acabe la Guerra de Ucrania".

"A largo plazo, la solución pasa por el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento eléctrico (bombeos y baterías) capaces de almacenar la energía eléctrica renovable cuando la oferta de electricidad supere a la demanda y de inyectar de nuevo la energía al sistema cuando la demanda supere a la oferta". El bombeo, sin embargo, es un problema en períodos de sequía tan prolongados como el actual.

¿Podemos quedarnos sin gas?

En España el gas proviene actualmente, sobre todo, de EEUU, que ha desbancado a Argelia como principal proveedor nacional. España tiene múltiples vías de entrada para el gas natural (gasoductos y plantas de regasificación), pero "la crisis a la que nos enfrentamos si Rusia reduce el flujo de energía hacia Europa este próximo invierno, no es una crisis de infraestructuras sino de una eventual escasez internacional de gas", indica Oliva. ¿Cuánto gas ruso tienen nuestras empresas contratado para el próximo invierno? "Ésa es la cuestión de fondo", explica.

"Lo normal es que la mayor parte del gas lo tengan contratado a plazo y que sus suministradores internacionales cumplan con los contratos firmados (con la única incertidumbre de lo que pueda hacer Rusia, que representa actualmente un porcentaje reducido de la cartera de suministros). Pero también es posible que una pequeña parte del gas lo adquieran las comercializadoras en el mercado spot (por ejemplo, si el invierno es más frío de lo esperado y sube la demanda por encima de las expectativas)". Es precisamente ese gas que se adquiere en el mercado spot más el gas contratado a plazo desde Rusia, "el que podría ser difícil de adquirir y de sustituir a lo largo del próximo invierno", indica.

Una vez expuesto el peor de los escenarios y ante la avalancha de información sobre este asunto, Oliva recuerda que Enagás, responsable de la gestión técnica del sistema gasista en España, ya ha dejado claro que "nuestro país no va a pasar problemas de escasez de gas en invierno", dado que el que nos llega de Rusia viene por barco, no por gasoducto, y llegado el caso se podría sustituir por otro origen.

"La excepción ibérica es regresiva y nos empobrece"

Con los precios de la luz desorbitados (llegaron a alcanzar los 700 euros/MWh en marzo) y aupando una inflación que ya ha empobrecido a los españoles casi un 11%, el Gobierno central intentó con la denominada 'excepción ibérica' frenar esta subida de la electricidad que ponía en jaque la economía del país. 

Para Oliva, se trata de una norma "potencialmente regresiva" desde el punto de vista social "porque algunos consumidores van a ganar y otros van a perder. Van a ganar, aquellos que tengan un precio de la electricidad indexado al mercado mayorista y van a perder quienes tengan un contrato a precio fijo". En este sentido, este experto en energía explica que "entre los consumidores perdedores los hay ricos y pobres. Y la política social no puede ser aleatoria. Para que sea progresiva, hay que garantizar que las transferencias se hacen siempre de ricos a pobres y no al revés; y la excepción ibérica no lo garantiza".

Además, la medida "retrasa y encarece la descarbonización porque al abaratar artificialmente la electricidad, se traslada a los consumidores la falsa sensación de la que electricidad es abundante, cuando realmente es escasa, lo cual hará que el proceso de descarbonización sea más lento".

Pero para Olivar, lo más grave de todo es que "la medida nos empobrece como país porque vamos a transferir la friolera de 1.400 millones de euros a Francia, Portugal y Marruecos en forma de exportaciones de electricidad subvencionada. Es decir, los países vecinos vendrán a España a comprar una electricidad barata y subvencionada por los españoles", explica. ¿Qué haber hecho entonces? Oliva lo tiene claro: habría sido más inteligente "repartir esos 1.400 millones de euros en cheques a nuestros consumidores vulnerables en lugar de regalarlos a nuestros vecinos".

Lo peor de todo es que los precios de la luz, tal y como están a día de hoy los mercados, continuarán estando en el entorno de los 223 euros/MWh hasta diciembre y para 2023, la apuesta es de 325 euros/MWh. Seguiremos pagando la luz a precios muy altos y continuará lastrando la economía.

Un Decreto Ley de ahorro energético "para conseguir votos"

La UE quiere que los países miembros reduzcan el consumo de gas en un 15% hasta el próximo 31 de marzo de 2023. El Gobierno de Pedro Sánchez se apresuró a aprobar un Decreto Ley de ahorro energético que, entre otros asuntos, recoge que el aire acondicionado no pueda superar los 27 grados y en invierno la calefacción no supere los 19 grados. Una medida que entró en vigor el pasado 10 de agosto y que afecta a edificios administrativos, comercios, espacios culturales y estaciones de bus, tren y aeropuertos.

Esta medida de contrapeso a lo que puede llegar si, como todo parece indicar, se alarga en el tiempo la guerra en Ucrania, choca contra la teoría económica que explica que la estrategia para maximizar el bienestar social cuando un recurso es escaso, "consiste en dejar que el precio refleje el valor de escasez y en ayudar con dinero exclusivamente a los más vulnerables", indica Oliva.

Sin embargo, "el Gobierno ha preferido maximizar la probabilidad de que le voten en las próximas elecciones", es decir, "ha optado por subvencionar la electricidad a todos los consumidores con independencia de su nivel de renta y, ante el riesgo de despilfarro, ha aprobado luego un Real Decreto Ley en el que se nos instruye acerca de a qué temperatura debemos calefactar o refrigerar determinados recintos habitables, qué tipo de puertas deben tener los locales con acceso a la calle o acerca de las horas a las que deben apagarse los escaparates de las tiendas", comenta el que fuera director general de Política Energética y Minas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Unas prohibiciones que, aclara, "no pueden discriminar entre consumos de energía que generan valor (y que son rentables para el consumidor) y los que no lo generan, por lo que reducen el bienestar social; además de que apenas tendrán impacto sobre el consumo real de energía en España dada la reducida capacidad de las comunidades autónomas de supervisar y sancionar los incumplimientos".