Con la normativa aplicable tras la declaración del Estado de alarma, que obligó a la hostelería a cerrar sus establecimientos, buena parte de estos empresarios de Castilla y León tuvieron que solicitar créditos que les permitieran hacer frente a los pagos de las obligaciones contraídas previamente y a la imposibilidad de seguir facturando.

Dos años después, la situación ha experimentado cierta mejoría, según detalla el presidente de los hosteleros de Castilla y León, Fernando de la Varga, pero estos empresarios se enfrentan ahora a la necesidad de hacer caja "para poder hacer frente a esos préstamos ICO". Algo que en ocasiones se convierte en un problema cuando "no se está sacando la misma rentabilidad que antes, con unos sobrecostes mucho mayores".

Un sector que en la Comunidad cuenta con cerca de 17.000 establecimientos y del que dependen 180.000 empleos directos, además de los indirectos y de los empleos temporales de sobrecarga de trabajo puntual, como en el caso de los fines de semana.

Desde que comenzó la pandemia hasta hoy "la situación ha mejorado mucho, pero sigue habiendo muchos casos de hosteleros que lo están pasando muy mal", añade. A pesar de que sí han notado "más movimiento y una cierta recuperación", existen multitud de casos con un sobreendeudamiento que "ha obligado a muchos a echar el cierre", indica.

No sólo la pandemia supuso un duro golpe en las economías de los empresarios de este sector. Al poco de poder volver con su actividad, los precios de la luz comenzaron a dispararse en junio de 2021 hasta máximos históricos que llegaron meses después a los 700 euros/KW/h.

Para colmo, la invasión de Putin en Ucrania incrementó de forma exponencial los costes de las materias primas que "difícilmente hemos podido repercutir al consumidor porque nos habríamos quedado sin clientes y porque, además, con una inflación de dos dígitos durante casi un año, habrían recortado lógicamente también su gasto en hostelería", explica de la Varga.

Devolver esos créditos: no todos pueden

Durante año y medio la mayoría de los hosteleros acudieron a los distintos organismos para encontrar una solución a esta situación sin precedentes. Desde que se declaró el Estado de alarma en marzo de 2020 hasta la pasada primavera, Iberaval atendió 1.128 operaciones de financiación para socorrer al sector de la hostelería y el turismo en Castilla y León por un importe de casi 90 millones de euros, lo que supone una operación media de 79.553 euros por empresario.

De estas operaciones, el 77,5% tenían como objeto atender esas tensiones de liquidez o de tesorería de los restaurantes y bares que vieron como su negocio hacía aguas. Pero los hosteleros disponían como máximo de dos años de carencia, es decir, el plazo en el cual sólo debían pagar intereses y no el principal del crédito solicitado. Un período que el Consejo de Ministros decidió ampliar hasta ocho o diez años dadas las dificultades de buena parte de estos negocios para devolver los préstamos.

El hecho de que el Ejecutivo haya alargado tanto este plazo para amortizar las cantidades inyectadas para la supervivencia del sector, implica el reconocimiento, no sólo de los problemas que muchos están teniendo para hacer frente a estas amortizaciones sino, además, "el de que el sector no se ha recuperado totalmente de las crisis", indica de la Varga.

El endurecimiento de las políticas monetarias del BCE elevando los tipos de interés, con una inflación que en la Eurozona se sitúa en el 10,6%, permitirá dotar de mayor liquidez a la banca por lo que se espera que pueda abrirse la puerta a negociaciones entre las entidades financieras y los deudores. Unos tipos de interés que podrían subir otros 50 puntos básicos en las próximas semanas si la recesión económica se alarga más de lo debido.

Los "malos resultados" de la Reforma Laboral

Si hay un sector que experimenta sobrecargas de trabajo muy puntuales y en determinadas épocas del año, es la hostelería. Congresos, fines de semana, festivos, puentes, Navidades o Semana Santa, son períodos concretos en los cuales la hostelería necesita reforzar su plantilla. Unas veces por semanas, otras, tan sólo por días o incluso unas horas.

La Reforma Laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eliminó la figura del contrato por obra y servicio con el objetivo de fomentar la contratación indefinida. "Esto es muy difícil para nosotros. No es que no queramos hacer más contratos indefinidos. Es que hay momentos puntuales de sobrecarga de trabajo que hace inviable contratar indefinidos para un par de días o una semana", recuerda de la Varga. 

Esta situación ha supuesto para el sector en Castilla y León, sobre todo, "añadir un problema e incertidumbre a todos los que ya arrastrábamos y ni siquiera ha valido para mucho". De hecho, las bajas en la Seguridad Social de empleados 'indefinidos' por no superar el período de prueba, se han multiplicado por nueve desde que entró en vigor la nueva ley.

"Es ilógico obligar al hostelero a hacer todos los contratos en esta modalidad porque al final lo que suponemos que se habrá hecho es contratarlos pero despedirlos cuando se terminaba esa sobrecarga de trabajo de fin de semana o de festivo, bajo el argumento de que no pasaban el período de prueba", explica. 

El Decreto de Ahorro Energético se quedó "en nada"

Algo parecido ha ocurrido con el que se conoce como el Decreto de Ahorro Energético aprobado por el Gobierno central el pasado mes de agosto y que obligaba a los establecimientos a acometer las reformas que fueran necesarias para instalar antes del pasado 30 de septiembre puertas automáticas que impidieran que se derrochara energía.

"Esa medida al final se quedó en mucho ruido y pocas nueces", comenta el presidente de los hosteleros de Castilla y León. Una norma que no definía bien qué autoridad era la responsable de multar ante el incumplimiento de la ley "por lo que ha quedado un poco todo en el limbo", añade.

En este sentido, de la Varga explica que "los primeros que queremos ahorrar energía, que son costes para el empresario, somos nosotros, dado que nuestros negocios son grandes consumidores de energía por las cámaras frigoríficas y demás electrodomésticos que usamos a diario constantemente, por lo que lo que se ha hecho ha sido más ahorrar en esos costes que invertir en esas actuaciones".

Ese 'decretazo' "nos lo impusimos a nosotros mismos ya antes de que lo aprobara el Gobierno porque los empresarios ya llevamos de serie intentar minimizar costes, por lo que era una medida ilógica. Además, había establecimientos que por sus propias condiciones ni siquiera podían instalar esas puertas automáticas", concluye.