En estos días, revivimos el truculento episodio de “la manada” en el que hubieron sexo cinco chicos con una mujer en un portal, fueron acusados por esta, juzgados y condenados a 9 años de prisión, en una Sentencia polémica en la que dos magistrados condenaron por abusos sexuales pese a que de la redacción de la resolución se reconoce violencia, al menos, psíquica, y otro Juez consideró que de la prueba practicada no se podía deducir más que una situación de sexo consentido no punible, por más que con una redacción mejorable.

              Antes, incluso de haber podido leer la resolución de quienes han tenido acceso a todas las pruebas, han podido valorarla y, en su leal saber y entender técnico, la redactan, ya clamaba la turba pidiendo que fuese considerada violación sin saber si así habría más pena o no.

               Sorprende que se imponga la pena más grave del delito más leve en lugar de la pena más leve por el delito más grave, y que nadie indique que el resultado final sería muy similar.

              Indigna que, en un sistema democrático y de Derecho, se ataque al Juez que, aplicando su criterio legal, obtiene la convicción contraria a la deseada por el sólo hecho de no ser la deseada, olvidando que existe un posible recurso y que, en nuestro Derecho, rige la garantía de la presunción de inocencia. Comprendo que produzcan arcadas que un violador pueda quedar en libertad y, como padre de unas niñas, me genera una angustia especial esa posible situación; pero, si hemos optado por un sistema de garantías y de libertades en el que es más importante que un inocente no ingrese en prisión que el que un culpable quede libre, debemos de asumir dichas situaciones y considerar que vivimos en un Estado de Derecho y no en un Estado de Venganzas, por más que nos lleve el cuerpo a ello.

Tras leer la Sentencia, sólo puedo indicar que me parece una mala resolución con defectos técnicos fruto de un intento de nadar en todas las aguas, pretendiendo no mojarse y dejando claramente al Tribunal superior perlas para todos los cauces, con un voto particular muy sólido con defectos de redacción, más de sensibilidad que de puridad jurídica.               Pero, también, he de manifestar que, sin haber accedido al sumario y a las sesiones del juicio, la valoración no puede ser más que parcial y circunscrita a la redacción de la resolución, pudiendo sólo valorar el sentido de la misma en función de dicha composición, sin criterio probatorio ni en un sentido ni en otro.

Ahora, la “jauría” clama por la aplicación de la libertad provisional, pero pocos explican que la norma establece que se procederá a la excarcelación cuando cumplan dos años de su ingreso siempre que la pena sea superior a los 3 años, criterio que se cumple, pero tampoco se indica que al momento de cumplirse el 50% de la pena se tiene acceso al tercer grado, gozando de un cumplimiento de práctica libertad.

Esto supone que, si no se hubiere accedido a la libertad, se podría estar manteniendo en prisión a un inocente, pues imaginemos que el recurso determinase tal circunstancia y hubiera estado en prisión hasta los 4 años y medio, e imaginemos que la Sentencia les condena dentro de ese tiempo y cuando sea firme cumplen esa mitad de la pena, quedando en tercer grado en semi-libertad.

Hemos tenido al Sr. Urdangarín sin pisar un penal hasta que no ha quedado plenamente confirmada su Sentencia condenatoria, se ha clamado por la libertad de otros políticos por encontrarse en prisión preventiva el tiempo de 2 años y ningún ministro de Justicia ha dicho, ni debe de decir nada.

Me dan arcadas los hechos, pero seamos coherentes, dejemos trabajar a la Justicia, critiquemos sus decisiones con fundamento y utilicemos los cauces legales hasta el final, no nos precipitemos, no pretendamos influir en el ánimo de los Jueces o en su resolución y recordemos que hacer Justicia no es hacer venganza y que el deber de restablecer a la víctima debe de ser del Estado, que no cubrió sus expectativas de seguridad y del causante del daño, no de un inocente.

Mi más sincero, cordial, cariñoso, afectuoso y sentido apoyo a la víctima y mi mayor repulsa al acto deleznable del delito, pero respetando las decisiones judiciales y no usándolas de forma espuria para atacar a la Justicia, al adversario o sacar rédito político.