Aunque parezca increíble, los españoles se han convertido en los mayores pagadores de impuestos de la Unión Europea, sin apenas darse cuenta, porque a menudo las instituciones públicas han ido subiendo las tasas impositivas sin consultarles y de manera dispar en las diferentes regiones del país, mientras el sueldo medio de los trabajadores decrecía y la calidad de vida empeoraba claramente en toda la nación.

En la actualidad, el Estado se que queda en impuestos y cotizaciones sociales el suculento casi 40% de la retribución de cada trabajador español, algo que nos puede bárbaro, porque no es para menos, y encima con una inflación de las más altas de Europa. Incluso la OCDE ha advertido que España es uno de los escasos países avanzados que no aliviaron las cargas fiscales sobre el trabajo durante la pandemia. Y Bruselas es muy consciente de está realidad muy preocupante.

Además, debemos recordar que el paso de la pandemia ha destruido miles de puestos de trabajo y dejado en la ruina a centenares de empresas, y como si fuera poco, el plan del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez es seguir subiendo los impuestos, para ahogar fiscalmente más aún a los españoles, en lugar de reducir el enorme gasto político que se ha visto aumentado en los últimos años de manera significativa y al más puro estilo de la Venezuela de Maduro, contradiciendo las políticas que han adoptado otros países de la eurozona como Italia, Portugal o Austria. Spain is different.

Pero el futuro no pinta mejor para el bolsillo de los españoles, porque el ejecutivo central va a imponer peajes en todas las autovías del Estado de cara al año 2024, pese a que están de sobradamente pagadas. Y así el Gobierno se lo ha trasladado a la Unión Europea para recibir los fondos europeos de la recuperación por la pandemia, que sin la menor duda son un nuevo rescate que nos evita por el momento que España se convierta en un total Estado fallido. Esta medida fiscal irá también acompañada de otras muchas, como el aumento del impuesto a los plásticos y residuos, la subida del impuesto al diésel, la imposición sobre la riqueza o incluso la creación de un impuesto a los billetes de avión, que se interrumpió a raíz de la situación epidemiológica.

Una situación impositiva ciertamente escandalosa que puede incrementar todavía más la tensión social en España y puede provocar un gran estallido en las calles, ya que las colas del hambre no dejan de incrementarse y hay alrededor de 1,1 millones de familias españolas que se encuentran todas en paro. Una situación muy lamentable, que necesita de soluciones urgentes y de una clase política valiente y con altura de miras, las cuales no aprieten más a las clases medias y bajas de la nación, de otros modo las consecuencias van a ser aterradoras, y recuerden, quién avisa, no es traidor. De hecho, desde mi punto de vista, los destacados conflictos territoriales incluso ya están pasando a una dimensión inferior, dado el grave contexto político, sanitario, social y económico del país.

También, cabe destacar que todas las subidas impositivas van a alejar encima la inversión de actores extranjeros y eso es también ciertamente preocupante, ya que en estos momentos a España se le están yendo muchas empresas fuera de sus fronteras, sin hablar de la normalización de la inestabilidad política. Los ciudadanos se están hartando y las reacciones no se harán esperar, y en parte ya las estamos observando como no podía ser de otra forma, porque los españoles no quieren una España en la eurozona que pague un nivel de impuestos similar al de Suecia con los salarios del Congo.