Conocía hoy una encuesta que revela que al 85% de los españoles se solidariza con el campo y con sus problemas. ¿Pero sucede esto también a nivel político?

Las protestas de los agricultores han continuado durante toda la semana, he leído mucha información sobre lo que sucede en el campo, muchas declaraciones de unos y de otros que realmente no ofrecen una fotografía que permita entender muy bien a los ciudadanos cual es el fondo de la cuestión. Voy a intentar poner un poco de luz a todo lo que está sucediendo y porque el sector necesita una revisión en profundidad de las políticas que se aplican teniendo muy presente que todo lo que sucede está marcado de manera muy importante por la Política Agraria Comunitaria. Las ayudas que reciben los agricultores vienen de los presupuestos comunitarios y es ahí donde se marcan los requisitos que se deben cumplir. Adolecen de múltiples errores que se han ido arrastrando durante los últimos 30 años.

Las ayudas de la PAC

Quizás el fallo más grave que tiene es el de quien puede cobrar las ayudas, se basa en un reconocimiento que se hizo de derechos a los titulares de las explotaciones y son ellos quienes mantienen las ayudas, aunque no trabajen las fincas y en muchas ocasiones se trata de personas que viven en las ciudades y son ya muy mayores, mientras que quien las cultiva solo percibe el rendimiento de su producción.

Hay regiones de España en las que personas cuya actividad no es la agraria y se dedican a otras profesiones reciben las ayudas. Ni siquiera tienen que estar afiliados a la Seguridad Social. ¿Conocen alguna actividad profesional en la que puedas ejercer sin afiliación a la Seguridad Social? Pues en el sector agrario cabe y encima cobras una subvención. Esta situación provoca una desprofesionalización del campo y abona la falta de jóvenes.

El sector está tremendamente envejecido, la inmensa mayoría de los activos del campo supera de media los 50 años.

Rentabilidad en el campo

Otro de los graves problemas que tiene el sector es que la PAC no deja al agricultor decidir los cultivos más rentables de tal forma que cada uno arriesgue con sus decisiones para obtener la máxima rentabilidad. Muchas opciones están vetadas por los criterios de la PAC. Me comentaba un amigo agricultor de León que ahora no pueden cultivar maíz de forma consecutiva en el mismo terreno, que están obligados a dejar que descanse durante tres años. Esta imposición limita gravemente un cultivo que además es estrella en León y que genera una buena rentabilidad.

Limitaciones a las producciones, dificultades para cobrar las ayudas, encarecimiento del coste de la energía, necesaria para que funcione el regadío, más precio para los productos necesarios para abonar y tratar las producciones…. Y después llega la venta de las materias primas producidas en el campo. No siempre es fácil conseguir el precio que cubra todos los costes de producción y obtener una rentabilidad, como en cualquier otro negocio. Las industrias transformadoras no siempre cumplen la Ley de la cadena alimentaria. No se paga lo que cuestan los productos, ni tampoco se cumplen los plazos.

Nuestros vecinos franceses han sido mucho más exigentes velando por el respeto a que se pague a los agricultores y ganaderos precios justos por sus producciones. Disponen de organizaciones interprofesionales en las que se sientan todos los que componen la cadena de producción y toman decisiones que benefician y mejoran cada sector. Crearon un Defensor de la Cadena Alimentaria que denuncia las situaciones injustas que cometen la industria y la distribución.

Podíamos copiar este modelo, la Ley Agraria de Castilla y León lo contempla, podría darse fuerza y hacerlo viable.

Burocracia

Aunque Bruselas marca profundamente las políticas agrarias hay margen para hacer cosas. Otra de las quejas permanentes es la excesiva burocracia y tramites administrativos. Podrían establecerse formulas de apoyo a los agricultores y ganaderos desde la propia Administración. Este sector tiene una ventaja con respecto a otros, tiene las estructuras administrativas más antiguas porque fue de los primeros departamentos de la Administración junto con Obras Públicas. La digitalización debería extenderse en el campo con el apoyo de tantos funcionarios como tenemos en este país con una buena revisión de sus funciones y asignación de tareas, adscribiendo personalmente a funcionarios a explotaciones para realizar su trabajo.

Pero aquí hay una cuestión de fondo que es la que subyace en un tema que tiene problemas históricos y estructurales, en el sector agrario hay un millón de personas empleadas en todo el territorio español y están dispersas fundamentalmente por la España despoblada, mientras que tenemos 9 millones de jubilados en nuestro país y 20 millones de trabajadores que viven en las regiones más pobladas, como Madrid, Andalucía o Cataluña. Los votos no están en la España vacía, están en las grandes ciudades y lamentablemente esto es lo que importa cuando desde la política se aborda un problema.

Y lo que no ayuda en nada es intentar politizar las protestas y las soluciones que hay que adoptar y comenzar un pulso a ver que partido tiene más soluciones en el bolsillo. Los problemas son de sobra conocidos y lo que hace falta es unidad de acción dándole prioridad absoluta al sector agrario en nuestro país porque la tiene, se extiende a lo largo y ancho de nuestro territorio, en el que predomina el medio rural.

Un ejemplo que me viene como anillo al dedo en este momento es que la prioridad también debe venir acompañada de los recursos económicos necesarios. No parece muy lógico que una gala de premios de cine, “Los Goya” que dura un día cueste 8 millones de euros que aporta el Ayuntamiento de Valladolid mayoritariamente con una pequeña aportación de la Junta de Castilla y León y luego no tengamos recursos para un sector tan importante como el agrario.