El domingo pasado escribía sobre la tragedia de Valencia y manifestaba mi asombro por la paralización del Gobierno de España y la falta de activación de todas las herramientas de las que dispone nuestro país para dar una eficaz respuesta a lo que ha sucedido, y conseguir al menos el máximo alivio a todos los damnificados por este golpe brutal que la naturaleza ha asestado a un gran numero de pueblos de Valencia, ya que los muertos no se pueden revivir peo si se puede honrar su memoria ayudando a sus familiares.

Enorme tristeza 

Les voy a confesar que he tenido que dejar de ver las noticias algunos días porque el dolor era insoportable, y les aseguro que por deformación profesional siempre sigo toda la actualidad de forma continuada, pero esto es demasiado, tantas familias destrozadas porque ha fallecido alguno o varios de sus miembros. No se puede aguantar el dolor, incluso algún día no he podido conciliar el sueño, me consta que a muchos españoles les ha pasado lo mismo.

Y es francamente insoportable conocer todos los mecanismos de los que dispone el Estado de Derecho español para dar la repuesta adecuada a esta situación y ver que no se utilizan. Es increíble que diez días después de que la riada aconteciera en Valencia sigamos viendo coches tirados por todos los lados, barro y lodo amontonado por todas partes, personas que no tienen una vivienda, negocios cerrados y montones de personas que además de tener que sufrir esta desgracia, no encuentran el mínimo alivio en una respuesta de país, de Estado español, que es lo que teníamos que estar dando.

Declaración del Estado de Alarma 

España desde 1978 con la Constitución Española se convirtió en un Estado social, Democrático y de Derecho, esto quiere decir que nos hemos dotado de un ordenamiento jurídico que permite dar respuesta a todas las necesidades que pueden sobrevenir con herramientas solidas para abordar situaciones graves.

Lo que ha sucedido en Valencia es extremadamente grave, es una situación desatada por una catástrofe natural que ha generado ya más de 223 muertos y más de 78 desaparecidos hasta el momento. Hemos tenido pocos acontecimientos tan graves como este, solo superado por la pandemia del Covid y que fue de carácter mundial.

Ante esta situación nuestra Constitución prevé la declaración del estado de alarma, que permite tal y como señala la Ley que lo regula dar todas las ordenes que sean necesarias para restablecer la normalidad. Además, la Ley que regula esta situación solo le permite al Gobierno de la nación adoptarla, quiere esto decir que una comunidad autónoma no puede tomarla, es más lo que si dice la Ley es que el presidente de la Comunidad puede pedirla, pero no es necesaria su petición para que el Gobierno la adopte. No es suficiente declarar la situación como grave o como zona catastrófica como ha hecho el Gobierno en estos últimos días, porque esto para que se hagan una idea, es lo que se hace cuando se trata de la afección a un terreno cultivado por un pedrisco o cualquier otra inclemencia meteorológica. No es esto lo que ha pasado en Valencia, obviamente, en Valencia hay 300 muertos.

La declaración del Estado de Alarma en Valencia era necesaria, imprescindible e inexcusable y la competencia y responsabilidad para hacerlo la tiene solo y exclusivamente el presidente del Gobierno. Dejen ya de marear la perdiz con el tema de quien es competente, la Ley lo deja muy claro. Esta decisión hubiera permitido elaborar un mapeo del desastre en Valencia y decidir la contratación por el procedimiento de emergencia, que permite contratar directamente a las empresas para realizar los trabajos de limpieza que necesita Valencia, tenemos 35.000 empresas de limpieza en España, con suficientes trabajadores para limpiar todo en días, 3000 empresas de grúas para retirar los coches destrozados y desguaces para almacenarlos, que se cuentan también por cientos en nuestro país.

El apoyo de los trabajadores públicos

España tiene tres millones de funcionarios que con la declaración del estado de alarma pueden ser movilizados a Valencia para atender a todos los ciudadanos que en este momento necesitan todo tipo de asistencia y que no pueden realizar las solicitudes de ayuda porque ni siquiera tienen el ordenador para hacerlo.

Para contratar todos estos servicios el Estado dispone de presupuesto suficiente que ni siquiera tiene que estar recogido las partidas presupuestarias establecidas, porque los contratos por emergencia y la tan señalada declaración del estado de alarma habilitan para que se dispongan después del encargo de los trabajos a las empresas que los tienen que realizar.

Estamos en un Estado Autonómico e insisto en que también hubiera cabido la utilización de la capacidad de contratación de las Comunidades Autónomas, repartiendo el trabajo, organizándolo y coordinándolo desde un mando único que debería de haber estado en manos de un alto funcionario con capacidad y conocimiento en situaciones de crisis, acompañado de una Comisión Delegada del Gobierno integrada por todos los que representan a este Estado diverso que tiene nuestro país.

Recursos presupuestarios  

El Estado español en su conjunto supone de dotación financiera suficiente para sufragar lo sucedido en Valencia y si se hubiera aprovechado nuestra organización territorial se hubiera podido dar una mejor respuesta. Se ha utilizado para todo lo contrario: para ponerlo como excusa para no actuar desde el Gobierno de la Nación.

Sinceramente, los españoles NO NOS MERECEMOS estar pasando este dolor y esta enorme tristeza por la falta de acción del Gobierno de nuestro país.

Mientras todos los ciudadanos españoles, desde todos los rincones del país yendo a Valencia a arrimar el hombro, a ayudar a nuestros hermanos valencianos que estamos viendo cómo sufren y no podemos quedarnos inmóviles ante tanto desprecio y desidia del Gobierno de nuestro país, y de un Gobierno autonómico que no tiene ni las herramientas ni las tablas necesarias para una situación de extrema gravedad como la que vive Valencia.