En el mes de febrero del año 2016, componentes del SEPORNA de la Guardia Civil de Zamora en colaboración con el Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con sede en el Pardo (Madrid), localizan en la comarca de Sayago, un zorro (vulpes vulpes) con evidentes síntomas de haber sido envenenado. Para este caso se desplazaron hasta esta provincia con perros especialistas en la detección de cebos envenenados. Recogida de la muestra (según el protocolo establecido) fue enviada a uno de los Laboratorios de referencia para su posterior necropsia y análisis, concretamente al Laboratorio Agrario Regional dependiente de la Conserjería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (con sede en Burgos) para determinar el tipo de sustancia que ha producido el envenenamiento.

A raíz de ello se rastrea la zona con la finalidad de comprobar si existía algún otro cadáver de animal, lo que podría sugerir que pudiera haber sucedido un proceso de envenenamiento en la misma zona. Fruto de esta inspección (realizada por guardias civiles de SEPRONA de la Comandancia de Zamora) y próximo al lugar del hallazgo del zorro, se localizaron, en el interior de una parcela de monte (utilizada para albergar una cabaña ganadera ovina) bolsas de un kilogramo de peso de producto biocida con sustancia activa “Bromadiolona” (raticidas). En el mes de marzo del 2017, se conocen los resultados de los análisis realizados a las muestras tomadas en su día, dando como resultado que la muerte del zorro había sido causada por la ingesta de la sustancia anteriormente referida ( Bromadiolona). (Bromadiolona: sustancia cuyo funcionamiento se basa en la inhibición de la síntesis de fabricación de la Vitamina K, fundamental para la creación de factores de coagulación de la sangre. Los animales que consumen estos compuestos mueren por graves hemorragias internas, convirtiéndose el compuesto en altamente contaminante dada su capacidad de acumularse en los tejidos.) (Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la BROMADIOLONA es un anticoagulante de segunda generación, extremadamente tóxico para los mamíferos, lo que supone un elevado riesgo de envenenamiento e intoxicación hacia especies no diana.)

Como resultado de las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de este hecho delictivo, se procedió a Investigación a un vecino de una localidad de la comarca de Sayago como supuesto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos,

Las practicas como el envenenamiento, constituye un peligro grave y concreto para nuestra fauna, especialmente para las especies más amenazadas. En determinados casos puede afectar a la salud pública, (función del lugar y del tipo de cebo utilizado) dada su repercusión en la cadena trófica, al pasar el veneno de unos animales a otros. Por tal motivo se crea el Protocolo de Actuación en Materia de Cebos envenenados, teniendo como marco de actuación el “Programa Antídoto”.

Según Acuerdo 194/2011, de 28 de Julio, la Junta de Castilla y León, aprueba la estrategia Regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. Uno de los escenarios en el que el uso ilegal de veneno cobra mayor relevancia es en el ámbito ganadero, cuya causa del uso ilegal del veneno es la protección del ganado empleándose principalmente para especies predadoras como el lobo y el zorro.

La utilización de cebos envenenados para el control ilegal de especies está recogida como “delito” en nuestro Código Penal (Delito Contra la Flora y la Fauna); estableciéndose penas que pueden llegar a dos años de prisión e inhabilitación especial para cazar, hasta tres años.

También esta tipificado como infracción muy grave de la Ley de Caza de Castilla y León que establece sanciones económicas que pueden llegar hasta los 6000 euros e inhabilitación para el desarrollo de actividades cinegéticas hasta 5 años.

Las actuaciones de la Guardia Civil son remitidas al Juzgado de Instrucción competente por demarcación territorial, caso de delito (como en el caso que nos ocupa); y a la Junta de Castilla y León que es la Administración Pública competente de gestión en materia ambiental, caso de infracción administrativa.