Agualid ve una “flagrante ilegalidad” en la subrogación de trabajadores

Jesús Sánchez Lambás, abogado del grupo Aguas de Barcelona, ha asegurado la subrogación que el Ayuntamiento de Valladolid va a hacer con los trabajadores de Aguas de Valladolid es una “flagrante ilegalidad” por ir contra la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, los cuales impiden que trabajadores de una concesionaria de un servicio municipal puedan incorporarse como trabajadores públicos una vez se extinga el contrato de la primera.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez Lambás ha interpretado que el próximo 1 de julio "no se va a poder asumir la plantilla por parte del Ayuntamiento" debido a que una disposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado "impide" la subrogación por parte de Administraciones de trabajadores de empresas cuyos contratos se extingan, por lo que entienden que dificulta las remunicipalizaciones.

El letrado, que ha aseverado que ve "muy complicado" que el próximo 1 de julio se pueda hacer efectivo el cambio de gestión previsto por el Consistorio, ha advertido de que si se lleva a cabo la subrogación tal y como prevé en el documento presentado al Comité de Empresa la pasada semana, podría "asumir las consecuencias" de lo que considera "una flagrante ilegalidad".

Sánchez Lambás ha dado por hecho que los presupuestos se aprobarán y se publicarán en el BOE antes del 30 de junio -la previsión es que se aprueben definitivamente en el Congreso en torno al día 22- por lo que la subrogación, que se produciría "en la noche del 30 al 1 de julio" se produciría ya en situación de ilegalidad.

Así, el abogado opta por esta interpretación en lugar de la del equipo de Gobierno, que defiende que los trámites para la remunicipalización y la subrogación de los empleados se iniciaron con la aprobación en Pleno el pasado 30 de diciembre.

Otro recurso más

El representante legal de Aguas de Valladolid ha recordado que siguen pendientes de resolución los recursos del Ministerio de Hacienda, de una asociación empresarial del sector de la gestión de servicios públicos, y de la propia empresa Aguas de Valladolid. Además, ha apuntado que "posiblemente" habrá recurso contra el documento de subrogación por parte de determinados trabajadores de la empresa.

Por ello, se ha preguntado "qué pasaría si un día se anula el acuerdo de subrogación", lo que en su opinión supondría "un lío", pues Aguas de Valladolid reclamaría una indemnización "muy importante" por daños y perjuicios.

Sánchez Lambás ha recordado que por el momento, los juzgados se han pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas por el recurso de Aguas de Valladolid y del Ministerio, "no sobre el fondo" de la cuestión, una decisión que en su opinión no estará condicionada por la negativa a la suspensión cautelar de la remunicipalización

No obstante, no ha apuntado que la empresa vaya a presentar un nuevo recurso contra la subrogación, pues entiende que este asunto se plantea ya en las acciones judiciales planteadas por Aguas de Valladolid o por el Ministerio de Hacienda, las cuales están "sólidamente construidas". De hecho, ha advertido de que "pocas veces" ha visto al Estado presentar recursos, pues es algo "inusual".

Por todo ello, ha considerado que se debería evitar la situación "innecesaria" de que se anule el proceso después de que lo haya llevado a efecto el Consistorio el próximo 1 de julio. Para ello, ha recordado, la "Ley de Contratos Públicos" permite la prórroga de los servicios durante un tiempo, que podría ser seis meses, a la espera de que pronuncien los tribunales sobre la legalidad de la reversión.

"Si los tribunales lo avalan, pues adelante, se puede seguir pensando que es una mala decisión, pero estará respaldado por la Ley", ha reflexionado el letrado.

Tras defender que "ni la empresa se va a hacer rica" por seis meses más de concesión, ni el Ayuntamiento "se va a arruinar" por pagar durante ese período, ha advertido de que seguir adelante con los trámites puede "crear situaciones terribles".

El abogado de la compañía ha advertido de que asumir un servicio como el agua es "complicado" de por sí, pero en este caso se suman "incertidumbres" como la norma de rango legal que prohíbe la subrogación.

Además, ha asegurado que desconoce si el Ayuntamiento ha contratado ya los servicios de energía eléctrica, al tiempo que ha reiterado que de forma efectiva la gestión no será pública, pues entiende que aunque el equipo de Gobierno lo defiende así "es una mentira". Según Sánchez Lambás, se va a quitar una concesión a una empresa privada para que la entidad pública empresarial local subcontrate los servicios en partes más pequeñas "a una veintena de empresas".