El escrito de acusación presentado por Izquierda Unida (IU) en el caso de la hipoteca del Torreón de Lozoya incluye una petición que suma 96 años de cárcel entre los doce exconsejeros de Caja Segovia que adoptaron el acuerdo.

La coalición de izquierdas, que está personada como acusación popular en la causa, solicita ocho años de prisión para cada uno de los encausados. Una postura que el letrado Alberto López Villa ha justificado en la "línea" marcada por el último auto de la Audiencia Provincial.

Según el abogado, ese documento establece una responsabilidad "objetiva y sin engaño ni mediación" por los presuntos responsables de administración desleal. López Villa ha recalcado cómo la Audiencia observa un "especial reproche" para una decisión que causó "grave perjuicio" a la entidad.

Además de las penas de prisión, IU solicita multas de 24 meses a una razón diaria de 50 euros, como también ha explicado el letrado.

Por su parte, el coordinador provincial de la formación, José Ángel Frías, ha hecho hincapié en que entre los doce encausados se encuentran tres diputados provinciales. Dos del Partido Popular (PP), que son el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, y el del área de Administración y Personal, José Luis Sanz Merino; y otro del PSOE, el exportavoz del grupo provincial, Jesús Yubero.

Así, Frías ha trasladado la responsabilidad, por haberlos "elegido", a los líderes provinciales de ambas formaciones, Juan Luis Gordo y Francisco Vázquez.