PSCyL y UGT reclaman un suelo social de 7.000 millones

La consignación de un 'suelo social' para 2018 por importe global de 7.000 millones de euros que "blinde" en el Estatuto de Autonomía el gasto social y los servicios públicos esenciales constituye una de las principales reivindicaciones del documento suscrito entre el PSCyL y UGT, en el marco de la denominada "senda de diálogo y trabajo conjunto" consensuada entre el partido que lidera Luis Tudanca y la organización presidida por Faustino Temprano.

El citado documento ha sido rubricado en el transcurso de la primera reunión de la Ejecutiva del PSCyL resultante del último congreso autonómico socialista celebrado el pasado mes de julio y que, como precisa Tudanca, no es casualidad que haya tenido a UGT como interlocutora, en alusión a que las dos partes comparten una misma "sintonía y objetivos", entre los que han insistido en la consecución de un suelo social, equivalente al 12 por ciento del PIB regional, que han cifrado en unos 7.000 millones y que deberían aparecer recogidas en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades.

La 'hoja de ruta' diseñada por ambas organizaciones centrará el trabajo del PSCyL y UGT ante las distintas instituciones y se articula en los ámbitos económico y social y en materia de despoblación y ordenación territorial para conseguir, en palabras de Tudanca, "que la recuperación económica llegue a verdaderamente a todos los ciudadanos de Castilla y León, reducir los desequilibrios y mejorar los servicios públicos esenciales, todo ello en una situación de igualdad".

Ambas organizaciones demandan igualmente un Plan de Rescate y Emancipación Juvenil o un fortalecimiento y revalorización de las pensiones, además de un Plan de Reindustrialización de la Comunidad, destinar el 3% del PIB a I+D+i o incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (IMI) a 1.000 euros.

Y, en tercer lugar, buscan garantizar unos servicios públicos esenciales en el medio rural, una financiación suficiente y adecuada a las entidades locales o destinar el Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo complementario a financiar inversiones en las zonas de prioridad demográfica.

En el transcurso del encuentro, el líder sindical, Faustino Temprano, también hizo referencia a los Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2018, que deben ser "suficientes" para revertir los recortes en servicios públicos. También reclamó la necesidad de un plan industrial único en Castilla y León y no uno por cada provincia ya que "es cada vez más evidente una Comunidad que va a dos velocidades".

Comunidad exportadora de universitarios

Asimismo, la educación ocupó buena parte de la reunión. En esta materia, Tudanca criticó que el Gobierno de Castilla y León sólo haya concedido nuevas titulaciones a universidades privadas, mientras que Temprano reclama medidas "porque es una barbaridad, no es de recibo que los estudiantes de la Comunidad ocupen una buena posición en el Informe PISA y luego tengan que irse a estudiar fuera por las notas de corte".

En este sentido, ambos líderes reclaman una misma prueba de acceso a la universidad en todas las comunidades autónomas. "Nuestros alumnos no sólo se van por la nota de corte sino también porque en las universidades de otros territorios las tasas son mucho más baratas, cuestan la mitad que aquí", critica Tudanca, quien lamenta que ahora Castilla y León exporte estudiantes y critica que la bajada del 5 por ciento en las tasas universitarias para el próximo curso, pactada entre PP y Ciudadanos, "pone a la Comunidad aún muy lejos del resto".