La operación policial contra la explotación sexual desarrollada días atrás entre Salamanca y Zamora ha puesto de manifiesto la proliferación de la prostitución en pisos de alquiler. Un mercado en auge porque es más difícil de controlar por las autoridades y al mismo tiempo supone una mayor intimidad para los clientes sexuales.

Salamanca es una ciudad universitaria donde el mercado del alquiler registra un enorme movimiento durante todo el año. Las mafias lo saben y camuflan su negocio sexual a modo de vivienda compartida entre varias personas que buscan ganarse la vida honradamente, cuando la realidad es bien distinta.

Una realidad que comienza con la petición de asilo internacional para estas mujeres explotadas. Mientras dura el proceso administrativo, en torno a año y medio, permanecen en España como refugiadas en situación regular. Al concluir el periodo legal, todavía tienen otro año y medio para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo social, una vez que se han cumplido tres años de estancia.

Se trata, por tanto, de mujeres que pueden ser explotadas en viviendas, pues el alquiler figura a su nombre al estar muchas de ellas inicialmente de forma legal en nuestro país, de manera que la Policía tiene serias dificultades para detectar estos espacios delictivos a priori invisible y, una vez descubiertos, poder seguir la pista de las mafias. Organizaciones criminales que logran captar mujeres en los países de origen prometiéndoles un mujer porvenir y sufragando sus gastos, cuando realmente están contrayendo una deuda con los proxenetas que nunca desciende y les hipoteca de por vida en la prostitución.