Acuerdo para facilitar el acceso temporal a viviendas de alquiler social

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Alicia García, han firmado con el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, un convenio de colaboración para intensificar la colaboración para facilitar el acceso temporal a una vivienda a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

El parque público de viviendas en alquiler en Castilla y león es de 1.765 viviendas, de las que 192 se encuentran en la provincia de Ávila, distribuidas en 24 municipios, de las que 53 se encuentran en la capital abulense, ha explicado el consejero de Fomento.

Desde los Centros de Atención Social (CEAS) del Ayuntamiento de Ávila se atenderá las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas o familias, y acreditarán la necesidad de acceso a una vivienda en régimen de alquiler social dando directamente traslado de la petición a la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Fomento para dar lugar a la actuación singular solicitada, ha indicado la consejera de Familia.

La Consejería de Fomento mantiene informados, de forma actualizada, a los servicios sociales sobre el número de viviendas disponibles en la provincia, de cara a asesorar y orientar sobre la solicitud a través de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis.

Se trata de "un sistema de intercambio de información y de gestión conjunta entre la Junta y el Ayuntamiento en favor de una gestión del servicio público más rápida y eficaz, sin que el ciudadano que se encuentra ante una situación de necesidad tenga que acudir a otra instancia u oficina que no sea el CEAS correspondiente", han expresado en la firma del acuerdo.

La Consejería de Familia facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público de viviendas a las personas vulnerables en varias situaciones, como cuando la interlocución que lleva a cabo el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual, o en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos, con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler.

Además, como responsable de la Red de Protección a las familias, la Consejería de Familia va a coordinar a nivel autonómico, la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como puede ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise, por sus circunstancias, de una vivienda en otra provincia.

García ha señalado que con este acuerdo "se refuerza y amplía un importante conjunto de medidas integradas" en la Red de Protección a las familias, que tienen como fin "asegurar la cobertura de una necesidad tan básica para las familias en situación de vulnerabilidad como es la vivienda", ofreciendo un conjunto de servicios y ayudas de carácter integral y haciendo efectivo "el compromiso del Gobierno de Castilla y León con las personas más vulnerables".