Agentes de la Guardia Civil investigan a seis agricultores de la comarca burgalesa de La Bureba, y con edades comprendidas entre los 39 y 76 años, por un presunto delito de fraude de cereal protegido.

La investigación tuvo su origen en el año 2015 cuando se llevó a cabo una campaña para prevenir el fraude en el uso de semillas certificadas y se llevaron a cabo varias inspecciones en la comarca de La Bureba, tanto en empresas del sector como entre los propios agricultores.

En una de estas inspecciones se verificó la entrada de una partida de cereal en una determinada empresa acondicionadora de grano que se registró como trigo variedad mezcla.

Bajo sospecha de que pudiera tratarse de una estrategia para eludir el pago de derecho de obtenter de una variedad protegida y por tanto sometida a propiedad industrial, se tomaron muestras del remolque que fueron remitidas al laboratorio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación (INIA), al objeto de determinar la especie y variedad vegetal así como su pureza.

Los resultados mostraron que se trataba de una variedad protegida y por tanto sujeta a  derechos de obtentor.

La Guardia Civil comprobó los asientos registrados en el libro de entradas y salidas del almacén, con un total de 65 movimientos de grano declarados como "mezcla", y se identificó a todos los agricultores que declararon acondicionar este tipo de grano, para más  tarde cotejar la simiente declarada con la sembrada en las parcelas de su titularidad.

El resultado de germinación y pureza en todos los casos confrontados fue que el tipo de grano declarado como mezcla de variedades por los agricultores, se trataba realmente de variedades únicas como 'Cezanne', 'Alhmabra', 'Águila' y 'Paledor'.

En dependencias oficiales han sido investigados 6 agricultores de la comarca, y se instruyén diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.

El fraude se concreta al declarar una variedad distinta a la verdadera, cuando realmente se  trata de una simiente registrada y protegida y por tanto con derechos de propiedad  industrial (derecho de obtentor).

En la actualidad la explotación no autorizada de variedades vegetales protegidas constituye un delito con penas de hasta tres años de prisión.