Un 0,8 por ciento de los mayores sufre algún tipo de maltrato en Castilla y León, un porcentaje que se eleva en torno al 1,5 en el caso de los que tienen algún tipo de dependencia.

Así lo ha asegurado el director general de Familia y Políticas Sociales, Pablo Rodríguez, en la inauguración del curso 'Maltrato a personas mayores', organizado por la Junta de Castilla y León y la Fiscalía General del Estado, en el que ha participado también el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Ignacio Sáez, quien destacado que se trata de un tema de mucha actualidad y preocupa a todos los colectivos sociales.

Rodríguez ha apuntado que el tipo de maltrato que sufren los mayores es igual que el que se registran en otros colectivos, es decir, tanto físico como psicológico y económico, aunque éste último tiene "un poquito" más de relevancia.

Este maltrato, que se incrementa a medida que los mayores son más dependientes, es una "realidad encubierta", ha señalado el director general, pero en la misma medida que la violencia en general, que es un problema social, aunque como se produce en el ámbito familiar o privado su detección es "más complicada".

Sin embargo, considera que cada vez hay más sensibilidad y por ello una mayor detección, algo que se ha notado en todos los ámbitos, también en la violencia de género, por ejemplo.

Violencia intrafamiliar

Ante estas situaciones, Pablo Rodríguez ha recordado que la Junta impulsa la elaboración de un plan de prevención violencia intrafamiliar, de manera que Castilla y León es la primera comunidad que aborda "de manera global" este tipo de violencia, sin especificar quién la ejerce, ya que suele ser "bidireccional" y se produce tanto sobre menores como a progenitores o discapacitados.

Este plan, ha señalado, cuenta con cuatro grandes líneas que se centran en la sensibilización sobre qué es este tipo de violencia para mejorar su detección; la formación y capacitación de profesionales, familias y voluntarios; cómo actuar y evaluar un caso cuando se detecta, lo que incluye capacitación y dotación de herramientas a profesionales; y la atención a las víctimas, habilidades y orientaciones a familiares.

Por su parte, Ignacio Sáez ha destacado la sensibilidad "especial" de todos los profesionales que se dedican a estos temas y ha destacado que precisamente uno de los objetivos de la jornada, en la que participan unas 25 personas, es poner en común experiencias y el trabajo diario de los diferentes sectores porque eso beneficia mucho tanto la sensibilización como la mejora de la atención.

Además, ha incidido en que el hecho de que se sienten en la misma mesa jueces, fiscales y administraciones permite también conocer el trabajo de cada uno de ellos, los medios y recursos disponibles, que permite mejorar el servicio que se da a estas personas.