Seis meses para el marroquí implicado en las 'multiestafas'

La Audiencia de Valladolid la condenado a seis meses y un día de prisión al ciudadano de origen marroquí H.Ch, implicado en el denominado 'caso de las multiestafas' y que la pasada semana fue detenido en Valladolid tras permanecer en busca y captura.

Durante una breve vista celebrada este viernes en la Audiencia de Valladolid, el encausado se ha conformado con una condena de seis meses y un día de prisión, en lugar del año y nueve meses que inicialmente solicitaba para él la acusación pública, por delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de defraudación de prestaciones a la Seguridad Social, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además de la pena de prisión, el acusado, cuya condena es ya firme, ha aceptado una multa de seis meses y un día, con una cuota diaria de 3 euros, y el pago de 1.520 euros al Servicio Público de Empleo (SEPE), junto con el abono de las costas procesales y la imposibilidad de disfrutar de subvenciones e incentivos fiscales por un periodo de tres años.

El marroquí, uno de los más bajos en el escalafón de las 'multiestafas', fue detenido la semana pasada por la Policía Nacional
cuando se personó en la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona para renovar su Número de Identificación de Extranjero (NIE), donde los agentes se percataron entonces de que sobre él pesaba una orden de busca y captura por incomparecencia en el referido juicio celebrado en octubre, en el que otras 58 personas pactaron igualmente sus condenas.

Sin embargo, tanto H.Ch. como otros tres, entre ellos el supuesto cabecilla de toda la trama, Julio J.J, permanecían en situación de busca y captura, con la particularidad de que el primero no se había fugado sino que, propietario de dos panaderías en Valladolid, donde reside desde hace 18 años, desconocía que tenía que comparecer porque la citación no le había llegado a su actual domicilio.

El resto de los implicados se conformó el pasado mes de octubre con un conjunto de penas que suman 70 años, frente a los 150 que inicialmente solicitaba para ellos el Ministerio Fiscal por delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos continuados de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con delitos continuados de estafa y fraude de prestaciones a la Seguridad Social, extorsión y receptación.

La Policía Nacional de Valladolid culminó en octubre de 2013 la 'Operación Árbol' iniciada en abril que desembocaría con la detención de todos los procesados en lo que se entendió ya entonces como una organización dedicada a la comisión de fraudes a la Seguridad Social y otros delitos como estafa y blanqueo de capitales que se desarrollaban en Valladolid.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

A partir de una gestoría 

Prosiguiendo la investigación, el Grupo de Delincuencia Tecnológica, de la Comisaría Provincial de Valladolid, pudo determinar que existía un grupo organizado y que figuraban en lo alto del escalafón Julio J.J--fugado actualmente y con una condena de tres años pendiente por hechos similares--y M.A.M.D, propietario de una céntrica gestoría de la capital vallisoletana, quien contaba con una 'Autorización RED' para efectuar altas en el sistema de la Seguridad Social.

Éste último, prevaliéndose de ello, materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo organizado, que colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales o de escasa formación y con necesidades económicas) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas.

Los falsos trabajadores eran facilitados por una serie de colaboradores que actuaban de forma coordinada con este gestor, quienes se llevaban también un porcentaje como comisión por sus servicios.

La creación de las empresas ficticias estaba orientada al fraude en su sentido más amplio: los "trabajadores" eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo.

La investigación policial descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación por establecimientos comerciales de toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

Así, la organización adquirió diversos vehículos de alta gama (que eran revendidos en el extranjero), equipos informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía de última generación entre otros efectos, presentando las nóminas confeccionadas, no pudiendo detectarse por parte de las entidades financieras el fraude hasta que los "compradores" no realizaban el pago de una sola de las cuotas.

La red crecía con el tiempo, a la vez que la organización cambiaba la administración de las mismas para evitar ser detectados. Se investigó más de una veintena sociedades, contabilizándose más de 170 "falsos trabajadores" implicados.

La deuda acumulada con la Seguridad Social de las sociedades se dijo entonces que superaba los 200.000 euros, a lo que se sumaban las cantidades correspondientes a las prestaciones por desempleo indebidamente cobradas por los trabajadores.