A juicio un perito por informe falso sobre un 'narco'

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de un año y medio de prisión para un perito por un delito de falsa pericia efectuado en junio de 2016 sobre uno de los treinta y dos 'narcos' que fueron juzgados por la denominada 'Operación Yogur' con el fin, según la acusación pública, de inducir a error al tribunal y conseguir así una sustancial rebaja de la condena finalmente impuesta al procesado.

En su escrito de calificación provisional respecto del acusado, Julio A.H, que ocupará el banquillo de la Audiencia de Valladolid este miércoles, el fiscal del caso solicita, amén de la citada pena privativa de libertad, su inhabilitación por espacio de diez años para el ejercicio de la profesión de médico forense y perito y el pago de una multa de 4.500 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio se analizará la pericia que el acusado realizó el día 8 de junio de 2016 en el marco del 'macrojuicio' celebrado contra un total de treinta y dos personadas detenidas en la 'Operación Yogur' contra el tráfico de drogas, veintiocho de los cuales llegaron a un acuerdo--pactaron penas que suman 87 años--y otros cuatro, entre ellos Rubén S.Ch, defendieron su inocencia pero fueron finalmente condenados a un total de 35.

Precisamente, el informe del perito versó sobre el estado mental y adicción a sustancias de Rubén S.CH (alias 'Java') a fin de reducir su responsabilidad penal, si bien el acusado fue finalmente condenado a once años de cárcel, frente a los doce pedidos por el fiscal, por delito contra la salud pública, con las agravantes de notoria importancia y de reincidencia, y otro de tenencia ilícita de armas, así como el pago de 400.000 euros de multa.

En su pericial, Julio A.H, que declaró a propuesta del defensor de Rubén, concluyó que "el consumo excesivo y continuado de bebidas alcohólicas y de todo tipo de drogas ha causado al procesado un deterioro de funciones cerebrales, especialmente las ejecutivas, con una disminución severa sobre su capacidad cognitiva y volitiva", junto a otras consideración que, como así advierte la acusación pública, "no podían ser alcanzadas sin la realización de pruebas neurológicas y un seguimiento del paciente, pruebas que no realizó".