CSIF León se enfrenta a varias elecciones sindicales para “conseguir la mayoría”

Nos encontramos en una época muy decisiva en nuestro país entre jornadas  y campañas electorales. Los empleados públicos son uno de los colectivos que más han sufrido los recortes durante la crisis económica y algunos sectores no han remontado. Además del panorama político nacional, regional y municipal, durante los meses de mayo y junio se celebrarán varias elecciones sindicales en León.

NoticiasCyL se ha trasladado hasta la sede de CSIF en la capital leonesa para charlar con su presidente provincial, Hipólito Riesco, y  conocer todos los detalles antes de las elecciones que tendrán lugar en la Agencia Tributaria, Universidad, Administración de Justicia y Administración General del Estado. Riesco nos adelanta las reivindicaciones en cada uno de estos sectores públicos y valora la situación de los empleados públicos en Castilla y León. Teniendo en cuenta que los servicios públicos son “fundamentales” para el ciudadano, y han de ser de calidad, despolitizados y desempeñados por empleados públicos para que haya independencia con el poder político y objetividad en los cambios.

Pregunta: ¿Qué caracteriza a CSIF y qué lugar ocupa en León?

Respuesta: El sindicato CSIF nació en 1977 como resultado de la confluencia de 160 organizaciones de empleados públicos. En CSIF León contamos con 5.000 afiliados, lo que supone un incremento neto de 1.500 afiliados  en los últimos dos años. La afiliación había sufrido una bajada debido a la crisis, pero de ella hemos salido muy reforzados. Tenemos presencia en León  y Ponferrada con sede fija en ambos lugares con asesoría jurídica y todos los servicios que ofrece nuestro sindicato. Representamos fundamentalmente  a los empleados públicos como nuestra fuerza principal, pero cada vez crecemos más en la empresa privada. Concurrimos a elecciones sindicales en las empresas por petición de los propios trabajadores que buscan en CSIF otra línea sindical diferente  a los sindicatos de clase y nos presentamos en todas aquellas administraciones donde hay representatividad -con mínimo de 6 trabajadores-.  Contamos con 200 delegados en ambos ámbitos. Actualmente, somos el primer sindicato a nivel nacional de funcionarios, somos el primer sindicato autonómico en empleados públicos y en la provincia de León somos el primer sindicato de representación de empleados públicos en la Junta de Castilla y León.

"Somos el primer sindicato en grandes empresas de España"

P: ¿Cuándo comenzaron a tener representación en la empresa privada?

R: Siempre hemos tenido representación en la empresa privada, aunque en los inicios fue en colectivos muy concretos como la banca; actualmente en León nos concentramos en los call center, residencias de la tercera edad y empresas de servicios (seguridad privada, seguros, limpieza, ayuda a domicilio…), y también tenemos representatividad en empresas como las antiguas Antibióticos o Vidriera, para entendernos. Hemos crecido bastante y ahora somos el primer sindicato en grandes empresas de España.

P: Próximamente, CSIF estará inmerso en varias elecciones sindicales y la primera de ellas se celebran en la Agencia Tributaria ¿cuál será vuestra función?

R: El próximo 9 de mayo tendrán lugar las elecciones sindicales en la Agencia Tributaria, donde se elige un delegado de personal laboral para un colectivo de 20 trabajadores y una junta personal de 9 delegados para representar a 189 funcionarios. El principal problema que afecta a la Agencia Tributaria es la falta de personal. Un ente tan importante para la prevención del fraude no es asumible que esté perdiendo empleados públicos desde que empezó la crisis y que no se reponga prácticamente ninguno. Se debería potenciar más las plantillas desde el Estado para hacer posible una lucha real contra los grandes defraudadores. Respecto a las exigencias de mejora para el personal de la Agencia Tributaria, podemos destacar el restablecimiento de la carrera profesional conforme al acuerdo de 2007 y su ampliación al Personal Laboral, colectivo éste para el que debe aplicarse ya la jubilación parcial.

P: En este mes también tienen las elecciones sindicales en la Universidad…

R: Sí, concretamente el día 29 de mayo. En la Universidad tenemos tres procesos electorales abiertos como es la junta de personal para el Personal Docente e Investigador funcionario, otra para el Personal de Administración y Servicios  y un comité de empresa para el Personal Docente e Investigador contratado. El mayor problema de la Universidad es la considerable pérdida de empleo y una precariedad laboral que va en aumento y perjudica considerablemente la labor de sus Profesores e Investigadores. Para el personal de administración y servicios lo que se pide es estabilizar un plan plurianual y estable de promoción interna, reducción de jornada para mayores de 60 años, implantación de la jubilación anticipada y el reconocimiento del importe de los trienios igual para todos los empleados. Las tres demandas fundamentales que plantea CSIF para el personal docente funcionario son la equiparación salarial con el profesorado del mismo nivel de otras universidades, la presencia y defensa sindical en las comisiones de las agencias de evaluación y acreditación, tanto estatal como autonómica, y la negociación de un plan integral de formación para todo el profesorado con competencias vinculadas a la metodología docente. Finalmente, para el personal contratado exigimos, además, un diseño de una carrera profesional que permita su promoción y funcionalización.

P: Otro de los sectores en los que se presenta CSIF son Administración de Justicia y Administración General del Estado…

R: El 19 de junio se celebran ambas elecciones. En la Administración de Justicia se elige una junta de personal que representara a 600 trabajadores. CSIF es el sindicato mayoritario en esta junta de personal desde hace años.

"Equiparación salarial con los empleados de Justicia transferidos"

Confiamos en revalidar nuestra mayoría en este colectivo;  seguiremos defendiendo el mantenimiento del Registro civil como servicio público, gratuito y desempeñado por funcionarios y confiamos en conseguir la equiparación salarial de este colectivo con los empleados de Justicia transferidos.

Por otro lado, en la Administración General del Estado se elige comité de empresa y junta de personal. La Administración General del Estado es el único colectivo que lleva perdiendo empleados públicos desde el comienzo de la crisis sin parar, se sigue perdiendo día tras día y año tras año, y no se repone ni una sola jubilación. La Administración sigue activa en nuestra provincia, igual que en nuestra comunidad y a nivel estatal, a pesar de los recortes sólo gracias a los funcionarios, que se ven privados hasta de su derecho a la movilidad Pero o se pone solución desde la Administración central o se llegará a un colapso como ha ocurrido ya con los examinadores de tráfico. Nuestra reivindicación fundamental en la Administración General del Estado, aparte de mejorar las plantillas, pasa por la equiparación salarial de estos trabajadores con los empleados que cumplen funciones similares en las Comunidades Autonómica como País Vasco o Cataluña, el establecimiento de la carrera profesional y la eliminación de la externalización de servicios.

P: ¿Cómo valora la situación de los empleados públicos en Castilla y León?

En Castilla y León hemos tenido una última legislatura política anómala. Se comenzó en 2015, en plenos recortes por parte del Gobierno central, y en aquel momento desde la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León y los tres sindicatos mayoritarios, CSIF, CCOO y UGT, se procedió en más de una ocasión a instar al Gobierno a abrir la puerta para que las Comunidades Autónomas pudieran eliminar los recortes que se habían impuesto en 2012. Hablamos de devolución de la paga extra de diciembre 2012, moscosos, días de vacaciones y de las 35 horas semanales. En un principio, el Consejero de Presidencia estaba al lado de los tres sindicatos, pero  a medida que el Gobierno fue eliminando los recortes, la administración autonómica se fue apartando de la línea que habíamos iniciado en 2015. El 9 de marzo de 2018 el Gobierno firma con CSIF y otros sindicatos un acuerdo que permite a las Comunidades Autónomas establecer la jornada de 35 horas para los empleados públicos, así como reducir las horas lectivas impartidas por los profesores. Poco después, el 27 de marzo, la Junta de Castilla y León hace público el incumplimiento de los objetivos de déficit del año 2017, supuestamente porque han trasladado 550 millones de euros para pago de deudas del sector sanitario; por ello, le resulta imposible aplicar la jornada de 35 horas. Aun así firman con CCOO y UGT un acuerdo en el que la jornada de 35 horas se reduce exclusivamente a las jornadas de verano y se aplica con carácter desigualdad en los distintos colectivos, quedando totalmente excluido el sector docente. CSIF no firmó ese acuerdo y se manifestó  en tres ocasiones en solitario, y otra con el resto de sindicatos en el sector docente. Otras comunidades como Extremadura, Andalucía o Canarias han sido capaces de aplicar la reducción de jornada, pero la Junta de Castilla y León no ha estado ni mucho menos a la altura.

"Esperamos que se pueda aplicar en breve la jornada 35 horas con carácter general a los empleados públicos"

Actualmente, la Junta nos ha avanzado que este año sí ha cumplido el déficit, pero está a la espera de que el Gobierno le conteste al cumplimiento de la regla de gasto. Esperamos que se pueda aplicar en breve la jornada 35 horas con carácter general a los empleados públicos, pero es especialmente urgente que sea negociado antes del 1 de septiembre porque si no será imposible aplicarlo durante todo el curso en el sector docente.

P: ¿Qué reivindicaciones de CSIF se centran en Castilla y León?

R: La carrera profesional era un derecho de los empleados públicos desde que se publicó el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, tanto horizontal como vertical. En Castilla y León se puso en parte en marcha en el sector sanitario y el resto quedamos marginados de la carrera profesional. Se debe retomar la carrera profesional en el sector sanitario y nos parece inadmisible cómo se ha propuesto en el resto de empleados públicos a través de una propuesta legislativa del PP en las Cortes, que no se ha negociado con los representantes de los trabajadores. Los docentes que quieran la opción de la carrera profesional, según este texto, deben renunciar a un derecho ya adquirido en 1990, como son los sexenios. Se encuentra también pendiente la negociación del reparto de 0,20% de masa salarial del 2018 y del 0,25% del 2019.

La Junta de Castilla y León se ha negado a negociar algunos aspectos con la excusa de la finalización de la legislatura, pero la cuestión es que en otros ámbitos no ha tenido ningún problema en legislar de forma apresurada antes del 26 de mayo, como las normas de bilingüismo o la creación de los centros integrados.