De la Riva alude al paso del tiempo para no entrar en detalle sobre el PGOU

El exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva (PP) ha subrayado este martes, en su declaración como testigo en el juicio sobre el 'caso PGOU', que "nunca" dudó de la honestidad del encausado y exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, al igual que de ninguno de los otros cuatro ediles de este área que tuvo en sus 20 años de mandato.

León de la Riva ha sido uno de los testigos que han comparecido en la cuarta jornada del juicio por el denominado 'caso PGOU', en el que el exconcejal José Antonio García de Coca y otros tres integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento, el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, comparten banquillo por supuesta alteración fraudulenta del Plan General de Ordenación Urbana con el fin de favorecer a un grupo de promotores urbanísticos.

León de la Riva ha aludido al paso del tiempo --16 años-- desde la tramitación del Plan en el Ayuntamiento, por lo que ante muchas de las preguntas de la fiscal y del abogado de la acusación popular ha respondido que no lo recordaba y se ha ratificado en su declaración, en aquel momento como investigado, en la fase de instrucción en el año 2012, cuando tenía "más fresco" el asunto.

El regidor ha subrayado que, a lo largo de 20 años de mandato, presidió unas mil juntas de gobierno y más de 200 plenos ordinarios, en lo que también se ha escudado para no entrar en detalle sobre la tramitación del PGOU y las subsanaciones de errores que se llevaron a cabo en el verano de 2003 a petición de la Junta de Castilla y León, si bien ha recalcado que no intervino en ese proceso de tramitación, sino que confiaba en el trabajo del concejal del área y los técnicos y se limitaba a votar los acuerdos en los plenos.

Así, también ha recordado que en los cinco mandatos tuvo cinco concejales de Urbanismo "distintos" --Alberto Gutiérrez, Federico Sumillera, García de Coca, Manuel Sánchez y Cristina Vidal-- y ha aseverado que no duda de la honestidad de todos ellos. De García de Coca en concreto ha añadido que confiaba en su trabajo y que no dudó de lo que hizo en la Concejalía.

De la Riva ha recordado que el texto único con las subsanaciones de errores que se presentó a la Junta a finales de 2003 fue llevado a Comisión y a Pleno por García de Coca y que el exregidor no cotejó "las 300 ó 400 páginas" del informe.

El abogado de la acusación ha incidido en preguntar sobre el Pleno de diciembre de ese año en el que se acordó que la Corporación quedaba "enterada" del traslado del informe a la Junta, un planteamiento que se tomó en esa sesión porque, como ha recordado el exalcalde, hubo una "discusión" entre el edil de Urbanismo y el entonces portavoz socialista, Ángel Velasco, y León de la Riva prefirió consultar con el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino.

"Siempre ha seguido las recomendaciones del secretario, que hoy es una de las autoridades más reputadas en derecho administrativo local", ha apuntado el testigo.

El propio Merino, que también ha testificado en la sesión de este martes, ha confirmado que el alcalde le consultó este acuerdo y que se optó por plantear que los ediles quedaban "enterados". También el alto funcionario ha explicado que estimó no aceptar el recurso de reposición presentado por el Grupo Socialista contra ese acuerdo, ya que simplemente se trataba de dar traslado de algo que ya había sido aprobado por la Junta de Castilla y León.

Corrección de "errores materiales" en 2008

Igualmente, se ha interesado el abogado de la acusación por el trámite de corrección de "errores materiales" que se llevó a cabo en el año 2008, en el que el alcalde ha apuntado que intervino solamente en una reunión con el secretario general en la que, al tener conocimiento de las "discrepancias" en el texto y los planos del PGOU, le planteó que encargara una "investigación independiente" por parte de letrados del Ayuntamiento.

León de la Riva ha puntualizado que se rechazó la propuesta del PSOE de crear una Comisión de investigación "política", sino un proceso "independiente" por parte de letrados del Ayuntamiento "ajenos al área de Urbanismo". En este proceso, el abogado de la acusación ha recalcado que no se encontró quiénes eran los responsables.

En la jornada de este martes ha destacado la mención recurrente a varios asuntos, como el papel del encausado Modesto Mezquita en el Club Baloncesto Valladolid, del que fue miembro del Consejo de Administración, o la relación del Grupo Capitol, patrocinador del conjunto y cuyos responsables fueron investigados en esta causa, con este técnico de Urbanismo y con el Ayuntamiento.

También ha incidido, en este caso el abogado de García de Coca, en preguntar a los testigos por la funcionaria responsable de Control de la Legalidad, que estuvo de baja en torno a los años 2002 y 2003 y que, como hoy ha confirmado León de la Riva, falleció finalmente como consecuencia de un cáncer.

Por su parte, a preguntas de la defensa de Modesto Mezquita, el secretario general del Ayuntamiento ha reconocido que el Área de Urbanismo tenía "problemas de falta de personal", "necesidades organizativas" y "falta de entendimiento entre técnicos" en la época en la que se tramitó el PGOU.

De hecho, aunque en varios momentos de su declaración ha apuntado que no recordaba detalles de los trámites que se llevaron a cabo, sí que ha confirmado que le consultaron por el "perfil" de Mezquita para el puesto de coordinador técnico del Área de Urbanismo, ya que se buscaba a "un gestor con experiencia en el manejo de las relaciones personales" y no tanto a un "urbanista".

Además de León de la Riva y Merino, han testificado este martes los exconcejales 'populares' María Luis Ramírez, José Carlos Muñoz y Manuel Sánchez, quien era responsable de Planeamiento cuando se tramitó la corrección de errores y ha explicado que el asunto lo estudió la Asesoría Jurídica y que él no se consideraba la "persona adecuada" para investigarlo.

En el juicio, la Fiscalía solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso para 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que a Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación Vecinal 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena para José Luis Cerezo Bada.